Profesionales Seguridad Privada.

(P.S.P)

DENUNCIAR EL INTRUSISMO

  • (Aquí puedes ver algunos ejemplos de presunto Intrusismo en Seguridad Privada)

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

 
     


Ante el crecimiento alarmante que se viene produciendo en los últimos meses de los denominados "auxiliares de servicios", los cuales vienen realizando funciones de Seguridad Privada, cosa que por Ley solo podemos hacer los Vigilantes de Seguridad LEGALMENTE Habilitados por el Ministerio del Interior y por lo tanto este tipo de personal no son más que intrusos en esta profesión.

Ponemos esta Página Web a disposición de todos los Vigilantes de Seguridad, así como de cualquier persona que quiera denunciar estas prácticas de intrusismo que realizan tanto este personal denominados "auxiliares" como sus empresas de servicios, para que tal y como establece nuestra Legislación Vigente en Materia de Seguridad Privada, procedamos a DENUNCIAR estas prácticas ilegales en Seguridad Privada y sean sancionadas tanto estas empresas como su personal.
Por lo que puedes enviar (de manera anónima si quieres), los datos que conozcas de empresas de servicios o personal de servicios "auxiliares" que realicen funciones de Seguridad Privada.
 

Intrusismo: Es el ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas legalmente para ello.

Es por esto que no podemos tolerar que seamos los trabajadores de este sector de seguridad privada, los que suframos el incumplimiento sistemático de las leyes que nos regulan. No podemos permanecer impasibles ante este mal que nos está haciendo tanto daño.                                                       Estamos en un momento en el que por desgracia, ya hay compañeros que lo están sufriendo, siendo sustituidos en sus servicios por personal no habilitado, y ejerciendo funciones de seguridad.

Así la Ley de Seguridad Privada 23/1992 de 30 de Julio en su Articulo 10 , así como la Resolución de 19 de Enero de 1996 , por la que se determinan aspectos relacionados con el personal de Seguridad Privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995 donde especifica en su Disposición Transitoria que “a partir de le fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, las empresas de seguridad no podrán contratar para la prestación de servicios de vigilancia y protección personal que no esté habilitado por el Ministerio de Justicia e Interior” .

No es menos cierto, que aunque las leyes especifican la ilegalidad de esta práctica, se sigue realizando por personas que no están en posesión de la preceptiva “Tarjeta de Identidad Profesional” (TIP), con el perjuicio que esto supone al colectivo, y a la normativa vigente en materia de seguridad privada.

Es por todo esto y otras cosas más, lo que nos mueve a no cejar en nuestro empeño de intentar conseguir algún día una profesión más digna, y lo digno tiene que empezar por nosotros mismos. No olvidemos, que terminar con el intrusismo, es cosa de tod@s.

Sanciones muy graves para el personal que realice "intrusismo profesional"

 
Ley de seguridad privada
CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADOR
Sección 1ª. Infracciones
Artículo 23.
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las
siguientes infracciones:


1. Infracciones muy graves:

a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no
integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.

b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de
armas fuera del servicio y sobre su utilización.

c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives
privados o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho
al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones.

d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio
de sus funciones.

e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos
delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de
las funciones inspectoras o de control que les correspondan.

f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

Sección 2ª. Sanciones
Artículo 27.
Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley
podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 23 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las
siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:


a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas.

b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.

 

 

DENUNCIAR EL INTRUSISMO ES NUESTRO DEBER Y OBLIGACIÓN.
!POR LA PROFESIONALIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR!
 

 Empresa

Servicio

Dirección

Población

  C.P:.

Provincia

   
  *La Empresa es la que figura en el emblema del uniforme, el Servicio es el centro donde realiza esas funciones, la Dirección es la del Servicio.


                                                       (Marca las casillas que sepas, cuanta más información facilites mejor)

 

Realiza Funciones de Vigilante de Seguridad
Lleva la misma Uniformidad que los VS de su empresa
Lleva Grilletes
Lleva Defensa
Realiza su trabajo en horario nocturno
Realiza su trabajo en Polígono o Descampado
Son varios en ese servicio


 

 

Comentarios y explicaciones que desees hacer:

   

ENLACES PARA COLABORAR CONTRA EL INTRUSISMO

 

Resultado de imagen de asociacion vigilantes de seguridad Logo

Denuncia Intrusismo .

P. S. P S. P. V VIGILANTES DE SEGURIDAD.COM

denuncia el intrusismo de forma anónima

Denuncia intrusismo
 

SOBRE EL ACCESO DE INMIGRANTES A NUESTRO SECTOR

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FEDROM Y APROSER

Ante los últimos acontecimientos que se vienen produciendo en contra del sector de la seguridad privada, realizamos el presente documento para exponer a la opinión pública y a los gobernantes de nuestra nación nuestra opinión y nuestro malestar. Por lo cual hago mío y me ratifico en lo que en el mismo se expone:

El reciente acuerdo firmado entre la patronal del sector de la Seguridad Privada APROSER y la Asociación de inmigrantes rumanos FEDROM (Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos) ha sido el revulsivo final de las continuas afrentas que se vienen ejerciendo contra este nuestro colectivo. Hemos de dejar bien claro que en ningún caso estamos en contra de que los inmigrantes ocupen puestos de trabajo en nuestro país, solo solicitamos que se cumpla la normativa legal con estos trabajadores, en igualdad de condiciones que con los trabajadores de nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo ha desempeñar es el de la SEGURIDAD y PROTECCIÓN de los bienes y de las personas. Y tal y como establece la Ley que rige el Colectivo de Seguridad Privada (LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA, BOE núm. 186, de 4 de agosto) :

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado.

Los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública.


Los actuales vigilantes jurados de seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada, toda vez que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad pública.

La prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

El personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.


También hemos de reseñar que en ese Convenio firmado el 29 de Mayo de 2006 entre FEDROM - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES RUMANOS y la patronal APROSER, se establece:
e) Tanto FEDROM como APROSER informarán conjuntamente sobre el contenido del presente acuerdo a las organizaciones sindicales más representativas del sector de la seguridad privada, ofreciéndoles la posibilidad de integrarse al mismo, como garantes del cumplimiento de las condiciones legales y convencionales aplicables al sector de la seguridad privada.

No habiéndose integrado en dicho acuerdo NINGUNA organización sindical del sector de Seguridad Privada.

También es de destacar que algún alto mando de la policía judicial ha expresado su opinión al respecto de la delincuencia de bandas rumanas por declaraciones que han realizado estos delincuentes como la invitación de un delincuente asentado en España a un miembro de su banda todavía en Rumanía:
"Hombre, vente para España, que esto es el paraíso... Que sí, que aquí la policía ni te toca".
O como la confesión que un delincuente albano-kosovar, detenido en Madrid tras una cadena de golpes empresas de varios polígonos industriales, le hizo a un veterano policía cuando le preguntó por qué tenían tanto desprecio por la vida de sus víctimas, a las que habían golpeado con dureza:
"Sabe", le dijo con una medio sonrisa y mirándole con fijeza a la cara, "yo era policía en Kosovo y viví la limpieza étnica".
Los funcionarios relatan estas experiencias para explicar por qué España ejerce un singular atractivo para las mafias del Este, y también de otros países, y la razón por la que actúan con una violencia desconocida hasta hace poco.
Estas bandas someten a vigilancia a los Vigilantes de Seguridad de las urbanizaciones y a las fuerzas de seguridad.
En 2002, tras la amnistía concedida por ex presidente rumano Ion Iliescu, miles de presos salieron a la calle. Sólo en la cárcel de Braila fueron liberados 2.500 -1.585 de ellos habían sido condenados a penas superiores a 15 años.
No pocos generales y coroneles rumanos, ex miembros de la Securitae -la policía política comunista- han sido implicados en la mafia internacional. Hay que señalar que el sueldo de un policía en Rumanía está entre los 150 y 250 euros mensuales. Una trabajadora de una fábrica de camisas cobra 86 euros al mes.
Nuestro Colectivo de Seguridad Privada, aunque lo parezca no es tan nuevo ya que data del año 1.849, con la creación de los Guardas Jurados. Aunque la primera reglamentación de nuestros días del Vigilante Jurado la podemos encontrar en el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 4 de Mayo de 1946 publicado en el B.O.E 130. En el año 1992 con nuestra actual LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE núm. 186, de 4 de agosto), se quiso regular totalmente este sector ya que entre otras cosas había aparecido una figura totalmente ilegal dentro de nuestro sector como era el Guarda de Seguridad. Con esa Ley se terminaba con esa figura y a los que venían ejerciendo como tales Guardas de Seguridad, se les concedía desde la promulgación de esa Ley un plazo de dos años para sacarse la Acreditación Oficial de Vigilante de Seguridad. Aunque con esa Ley perdimos los profesionales de la Seguridad Privada derechos que siempre habíamos tenido reconocidos como eran el poseer el Carácter de Agentes de la Autoridad, el que todos los servicios que prestábamos se hacían armados, etc. Esperábamos que con esa Ley se pusiera freno al intrusismo y se profesionalizara este nuestro sector.
Lamentablemente esa Ley no se viene cumpliendo y nuevamente ha vuelto a surgir la figura del “auxiliar” de seguridad, y ahora nuevamente la patronal pretende que esa figura ilegal sea contemplada en nuestra Ley, con lo que de nada serviría todo lo que se ha venido haciendo en este sector durante estos últimos 14 años.
Por todo ello consideramos que al ser la Seguridad Privada al igual que la Seguridad Pública un derecho fundamental de los ciudadanos, recogido en nuestro ordenamiento Jurídico y Constitucional y no podemos olvidar que los Vigilantes de Seguridad somos auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y por lo tanto podemos realizar detenciones y puestas a disposición ante la policía, e inclusive en determinados supuestos legalmente establecidos realizar cacheos y registros y en algunos casos el portar armas de fuego. No parece lógico que las funciones de los Vigilantes que afectan directamente a nuestros derechos más fundamentales como ciudadanos se puedan ejercer por trabajadores a los que es sumamente difícil saber con exactitud sus antecedentes penales y que desconocen tanto nuestro Ordenamiento Jurídico como Constitucional. En algunos países limpiar los antecedentes penales cuesta 300 euros. Casos como el de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, que logró sus papeles en España tras limpiar su acta de antecedentes penales en Ecuador, en la que constaba el asesinato de ocho mujeres (ya que en Ecuador limpiar el acta de antecedentes está incluso permitido por la ley) matando después en nuestro país a María Isabel Bascuñana. Casos como este hay muchos en nuestro país, Brahim Aman también consiguió el permiso de trabajo y residencia en España, a pesar de que en Argelia tenía pendientes de cumplir varias penas de prisión por sus actividades terroristas, que le valieron el apodo de corta cabezas. Algunos de los arrestados por el 11-M también estaban en situación legal en nuestro país.
La conclusión es clara: la fiabilidad de los registros de penales en algunos países es nula y cualquier delincuente puede comprar un borrado de antecedentes, según aseguraron diversas fuentes policiales. En ocasiones, el sistema es manual y cada cierto tiempo se produce el borrado de los datos. Además, en determinados países ni tan siquiera existe este certificado.

El Ministro del Interior aseguró que España exigirá a las autoridades de terceros países que tengan «más cuidado burocrático» en la expedición de «determinados certificados». La Comisaría General de Información y la de Extranjería y Documentación investigan intensamente desde hace meses la autenticidad de los antecedentes de los inmigrantes. Los sindicatos policiales, como la CEP y el SUP, también han reclamado una investigación adicional para comprobar que los extranjeros que se van a regularizar no cuentan con un pasado delictivo. En opinión del portavoz para Inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, sería necesario establecer un segundo filtro y, antes de regularizar a un extranjero, enviar un listado a la policía del país de origen para que dé el visto bueno.

Gavilán consideró inútil exigir más rigor a la Administración de los países de origen: «No se pueden reclamar más impedimentos burocráticos, puesto que en lugar de comprar un documento, comprarán 10. La corrupción de estos países va a provocar que en este proceso de regularización se nos vayan a colar cientos de extranjeros con antecedentes penales en sus lugares de origen y con causas judiciales pendientes en España», apuntó. El portavoz de la CEP también alertó de la posibilidad de que puedan obtener los papeles aquellos delincuentes extranjeros que han cumplido condena en un país europeo, ya que sólo se pide el certificado penal de su lugar de origen. En la base de datos del sistema Schengen sólo figura si el extranjero tiene una orden de expulsión o prohibición de entrada, pero no sus antecedentes.
En algunos países con dinero lo compran todo, inclusive los antecedentes penales por lo que estos documentos no tienen ninguna veracidad, inclusive agencias de abogados se dedican a blanquear los antecedentes penales de los delincuentes de manera legal. Pero también es sencillo sobornar a un funcionario: «Chantajear a la policía con dinero es fácil y te limpian el expediente. Los tramitadores están haciendo su agosto», admiten las ONG.


La pregunta que hacemos es clara:
-.¿Pondría usted su seguridad, la de su familia, la de su empresa, etc. en manos de esta gente?
 

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