VUELVA USTED MAÑANA

Cualquiera diría que ha pasado suficiente agua bajo los puentes desde que Mariano José de Larra, en enero de 1833, publicó su famoso artículo “Vuelva usted mañana” como para que las cosas hayan cambiado sustancialmente en la Administración Pública. Cierto que algunas lo han hecho; ya no hace falta recorrer en persona los despachos y covachuelas de los centros oficiales, como hacía a diario Larra acompañando al optimista monsieur Sans-délai, para interesarse por el estado de un expediente. Los avances tecnológicos han propiciado que el ciudadano pueda llamar a un teléfono de información, pueda consultar en su ordenador los datos que necesita, o, el no va más, recibir en su móvil un sms comunicando la concesión de la licencia solicitada. Por no hablar de esos casos en que la Administración en un alarde de diligencia y celeridad remite a los contribuyentes la liquidación del impuesto sobre la renta para que no tengan que molestarse lo más mínimo con enojosos trámites.

Pero..., sí, hay un pero, o muchos peros, no siempre la Administración está a la altura de los tiempos y en ocasiones no se comporta de forma muy distinta a la descrita por Larra. Sucede, sobre todo, cuando el ciudadano se atreve a desafiarla, a poner en duda su buen criterio, cuando interfiere en su normal funcionamiento, en las decisiones ya adoptadas. Sucede cuando el ciudadano se atreve a presentar un recurso para que la Administración rectifique. Tal atrevimiento no queda impune.

Me he molestado en los últimos años, aprovechando las prerrogativas que me otorga mi escaño de parlamentario foral, en pedir al Gobierno de Navarra datos sobre la tramitación de los recursos administrativo que resuelve. Los resultados no pueden ser más desoladores. El ciudadano que osa recurrir tiene que armarse de paciencia y hacerse a la idea de que los plazos establecidos en la ley obligan al particular (¡ay de aquél a quien se le pase el plazo!) pero en absoluto a la Administración. Entre los años 2000 y 2004 de entre los 14.580 acuerdos resolutorios de recursos de alzada solamente el 23,72 % se adoptaron dentro del plazo de tres meses que marca la ley. El 76,20 % restante, tres de cada cuatro, como si el plazo no existiera. Pregunté al Gobierno qué medidas iba a adoptar para mejorar esa situación de modo que se respetase el derecho legalmente reconocido de los ciudadanos a recibir una respuesta dentro de plazo. El Gobierno se limitaba a confiar en el benéfico efecto de la nueva ley foral que descentralizaba la resolución de los recursos. En 2005 volví a preguntar y las cosas iban a peor: de 4.410 recursos resueltos el 86,53 % lo habían sido fuera de plazo. Algo mejor resultó el ejercicio de 2006; de 3.390 acuerdos resolutorios “sólo” el 70,93 % ignoró el plazo.

Uno podría pensar que el Gobierno y sus distintos departamentos y organismos autónomos están muy ocupados en cuestiones más importantes para el interés público como para poder dedicar su atención a los recursos administrativos. Es posible. Pero resulta alarmante observar los datos de dos órganos especializados cuya única misión es precisamente resolver recursos. El Tribunal Económico-Administrativo Foral en el año 2004 resolvió 890 recursos económico-administrativos; de ellos el 85,17 % fuera del generoso plazo de un año que tiene para hacerlo. En 2005 mejoró un poquito, de los 860 recursos resueltos “sólo” el 78,49 % se excedió del año, y en 2006 las cosas siguieron mejorando: de sus 715 resoluciones nada más que el 72,31 % estaba fuera de plazo. Todo un ejemplo de mejora si comparamos con el Tribunal Administrativo de Navarra: en 2004 de sus 3.479 resoluciones en recursos de alzada contra decisiones de las entidades locales el 84,45 % excedieron el plazo de seis meses que le marca la ley para resolver; en 2005 dictó más resoluciones, hasta 4.566, pero el 96,87 % fuera de plazo; y en 2006 han sido 3.966 resoluciones de las cuales el 95,28 % volvían a ignorar el plazo.

No se me entienda mal. No quiero sugerir que los funcionarios no trabajen. La mayoría lo hace ejemplarmente, y son los primeros insatisfechos con las condiciones y medios materiales y organizativos con los cuales tienen que hacerlo. Ni mucho menos insinúo que los entes públicos por naturaleza sean ineficaces y estén de sobra. Cuando la Administración quiere, puede. El problema es, que en este caso, no quiere lo suficiente y no pone los medios adecuados. Normal, estas cuestiones no preocupan y estas cifras no causan ningún escándalo.

En suma; si piensa usted recurrir ante algún órgano de la Administración de la Comunidad Foral ya sabe lo que le espera. Da igual que en función del tipo de recurso la ley le diga a usted que tiene que estar resuelto en tres, seis o doce meses. Si vencido el plazo acude usted a preguntar se arriesga al consabido “vuelva usted mañana”. La informatización, las nuevas tecnologías que permiten que el Gobierno de Navarra haya prescindido de los papeles cuando se reúne y se haya lanzado de cabeza al futuro digital, todas esas medidas de modernización que nos publicitan a diario, no han logrado romper algunas de las más arraigadas prácticas administrativas. Si decide llevar la contraria a los que mandan, prepárese. No porque haya voluntad deliberada de castigarle, no; simplemente porque la Administración está organizada de tal modo que no está prevista la posibilidad de que los ciudadanos discrepen. Los recursos molestan, distraen de tareas más útiles, rebotan de mesa en mesa o esperan pacientemente su turno en un cajón. Se resuelven de mala gana; menuda papeleta si hay que llevar la contraria a lo que resolvió ya la superioridad, contrariando la rutina administrativa de que hay que sostenella a toda costa. Ni siquiera nadie ha previsto que haga falta una base de datos unificada para conocer el número de recursos que se resuelven y cuándo; si alguien como un servidor incordia y los pide recibe un montón de folios en los cuales cada departamento y organismo autónomo pone sus datos como mejor le parece. Si tiene la peregrina idea de pedir algunos otros datos sobre cosas que hace la Administración Foral (cuántos recursos de casación ha puesto, cuántos expedientes de responsabilidad patrimonial tramita, cuántos cursos de formación imparte) genera un grave problema y se arriesga a que le contesten si pretende paralizar toda la actividad de algún departamento para que los busquen. En todas esas enormes computadoras la Administración tiene hasta el último dato de los contribuyentes, pero carece de información ordenada sobre su propia actividad.

Ya sé que estamos en campaña electoral, que se juegan cosas mucho más trascendentales en Navarra, identidades, esencias, destinos históricos y así, como para prestar atención a estas minucias. Como si el Gobierno, éste y el que le suceda, tengan que bajar al detalle de cómo se trata al ciudadano de a pie cuando se acerca a la ventanilla. Basta con llenarse la boca con la modernización de la Administración, la apuesta por las nuevas tecnologías, la eficacia y la eficiencia. Al fin y al cabo, el ciudadano ya está acostumbrado a esperar y desesperar, a seguir siendo tratado como súbdito y al “vuelva usted mañana”. Aunque ahora se lo digan por teléfono o por internet, faltaría más.

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