LA UNIDAD Y LA UNIFORMIDAD DE ESPAÑA

Hace pocos años Miguel Herrero de Miñón incluía en uno de sus libros, “Derechos históricos y Constitución”, un “mapa político de España” trazado en 1852 por Francisco Torres Villegas. En ese mapa España aparece compuesta por varias partes: la “España uniforme o puramente constitucional”, que se corresponde con los reinos de la corona de Castilla y se compone de 34 provincias “iguales en todos los ramos económicos, judiciales, militares y civiles”; la “España incorporada o asimilada”, que son las provincias que formaron parte de la antigua corona de Aragón; la “España foral”, compuesta por Navarra y las Vascongadas; y finalmente, la “España colonial” formada por los restos del Imperio español en América, África y Asia.

El cartógrafo de 1852 era consciente de que unidad no era uniformidad, y que dentro de la misma organización política cabían distintos regímenes jurídicos. Hoy quizás hubiera añadido que también caben distintas culturas y sentimientos de identidad. Pero desde aquella época hasta el presente nuestra historia política ha estado presidida por la tensión entre quienes conciben a España como algo no sólo unido sino también uniforme y quienes consideran que la unidad se puede hacer desde la pluralidad (“Et pluribus unum”, es el lema de los Estados Unidos de América; “Unida en la diversidad”, es la divisa que propone para la Unión Europea su no-nata Constitución). En buena medida entre los habitantes de aquélla “España uniforme” de 1852 sigue predominando una visión uniformista, mientras que los habitantes de la periferia tienen una concepción más pluralista. El uniformismo ha tendido tradicionalmente a ser también centralista; pero persiste, incluso cuando España ha tomado el camino de la descentralización, en la idea de que la autonomía también debe ser uniforme: el “café para todos” de los pactos autonómicos o el actual proyecto de reforma del estatuto de la Comunidad Valenciana que exige que “el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las otras Comunidades Autónomas”.

Esta contraposición entre uniformismo y pluralismo se sigue manifestando en los debates sobre organización territorial del Estado. Y frecuentemente no enfrenta sólo a unos partidos políticos con otros, sino que se trata de una brecha transversal que genera también tensiones internas. Resulta claro en el PSOE; no es casual que dirigentes de Cataluña, País Vasco o Galicia mantengan un discurso y una sensibilidad distintos a la de los dirigentes socialistas de Andalucía, Extremadura o ambas Castillas (con Rodríguez Zapatero tratando de hacer no de leonés sino de árbitro). Algo muy similar sucede en IU, por más que al igual que el PSOE se trate de una fuerza federalista, con discursos distintos desde el País Vasco o desde Andalucía. Pero incluso en el PP, con mucha sordina, se aprecian los matices de Josep Piqué respecto del discurso oficial, o se insinúan ideas como la de un PP galleguista en la Galicia postfraguista.

El choque entre estas dos concepciones, y las contradicciones que produce a las fuerzas políticas, ha quedado perfectamente visualizado con el reciente manifiesto del Foro de Ermua que no sólo es “por la unidad de España” sino también “por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles”. Bajo este título se ampara un discurso manifiestamente uniformista: rechazo de los derechos históricos como opuestos “a los fundamentos democráticos de la sociedad moderna y de nuestro sistema constitucional”; apuesta por una “racional descentralización del Estado” y una reforma de los Estatutos “razonable” que debe llevar a eliminar “las asimetrías competenciales y, sobre todo, los privilegios fiscales y financieros que aún existen”.

Traer este discurso a Navarra, como ha decidido hacer el Foro de Ermua convocando una manifestación en Pamplona “por la unidad de España”, resulta especialmente embarazoso. Porque en Navarra viene gobernando un regionalismo conservador que por tradición ha sido rabiosamente españolista en el sentido de defender la unidad de España y de considerar a Navarra parte indisoluble de la nación española; pero que no ha sido uniformista, al contrario, ha hecho de la defensa de la diversidad que supone el régimen foral el otro pilar de su programa (“Navarra foral y española”, y nótese que foral va primero). Que defiende la asimetría competencial y un sistema económico y fiscal singular, y todo ello justificado en los derechos históricos reconocidos en la Constitución. Un regionalismo navarrista que defiende la Constitución española porque ésta ampara los derechos históricos, y no al contrario.

Desde el Foro de Ermua se ha dicho que no se pone en cuestión el régimen foral de Navarra, porque es ejemplo de lealtad y está reconocido en la Constitución. Como cuando lo hace Mariano Rajoy en el Congreso al referirse a los derechos históricos, en el fondo parece que no se discute tanto el qué como el quién. Ya lo hizo Franco en 1937; fuera el régimen singular para Guipúzcoa y Vizcaya como “provincias traidoras”; vale para Álava y Navarra, provincias leales. Que desde Navarra, siempre que se haga con juramento de unidad eterna y envolviéndose en la bandera española, se reclamen derechos históricos preconstitucionales, relación bilateral con el Estado, un régimen fiscal que permite bajar los impuestos bastante más que en el resto de España, agencia tributaria, prevalencia del derecho propio, o ejecutar por su cuenta obras de competencia estatal, no es problema. Que se haga lo mismo desde Cataluña o País Vasco es intolerable y anticonstitucional.

La contradicción es mayor todavía entre quienes en Navarra defienden el régimen foral pero rechazan que las demás Comunidades Autónomas puedan alcanzar un status similar. Un discurso coherente les debiera llevar a defender, o cuando menos a no atacar, las demandas de mayor autogobierno que se están planteando mediante la reforma de los estatutos de autonomía. No se entra tampoco en contradicción si se defiende el régimen foral, no desde esencias históricas sagradas e inmutables, sino simplemente como expresión histórica (y, por ello, mudable) del autogobierno y sometida en última instancia a la libre voluntad de la ciudadanía, y en ese sentido perfectamente incardinado en el sistema democrático. Ni si se apuesta por avanzar hacia el federalismo, no para disgregar ni uniformar, sino para establecer de común acuerdo lo que debe ser común y dejar a la libertad de cada uno la organización de lo que debe ser propio y diverso.

Hoy no parece quedar nadie que reclame la vuelta del antiguo centralismo, pero todavía está muy arraigado el uniformismo. Que no nos den, con apariencia de la liebre de la igualdad y la solidaridad, el gato de la uniformidad.

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