LA TRAMPA DE LA LISTA MÁS VOTADA

 

 

         Una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas argumentan algunos, de forma totalmente interesada, que lo más democrático es dejar que gobierne siempre la lista más votada en cada Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Se afirma que dejar que gobiernen otros partidos que no han ganado las elecciones, esto es, que no han sido la lista más votada, traiciona la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Se dice en ocasiones esto para apoyar un cambalache electoral: que el PSOE gobierne en Canarias, pero que el PP pueda gobernar en Cantabria, Baleares o Navarra.

 

         La trampa, el engaño a los ciudadanos y al sistema democrático, es que se dice esto después de las elecciones y no antes. Una táctica típica de los tramposos es pretender cambiar las reglas del juego después de que se han repartido las cartas. Amoldar la partida a los propios intereses inventando nuevas normas acordes a los naipes que uno tiene en la mano.

 

Las reglas del juego, en nuestro caso, están en el sistema electoral. Nuestro sistema electoral no responde al modelo mayoritario, como sucede en otros países como Francia o Reino Unido, donde el ganador, esto es, la lista más votada en cada circunscripción electoral se queda con todo. Nuestro sistema es proporcional, es decir, los cargos o escaños en juego se reparten más o menos proporcionalmente entre las diversas listas en proporción a los votos obtenidos. Y además, las reglas de formación de gobiernos autonómicos y locales responde a la lógica de un régimen parlamentario, no gobierna quien ha obtenido directamente más votos de los ciudadanos sino quien tiene más apoyo en el parlamento o en el pleno. Aunque nuestras campañas electorales cada vez más se juegan en clave presidencialista, donde en la publicidad electoral se potencia al máximo al candidato que encabeza la lista, los ciudadanos no son llamados a votar por un presidente de gobierno autonómico o por un alcalde. Los ciudadanos votan una lista completa y un programa, y delegan en sus representantes así elegidos la tarea de negociar posteriormente el ejecutivo que consiga más apoyo. Solamente si una lista obtiene la mayoría absoluta de escaños (no de electores) se puede entender que ha habido un mandato de los ciudadanos para que sea ese partido el que gobierne.

 

         Las reglas tienen que estar perfectamente establecidas antes de las elecciones para que todos los jugadores (electores, pero también candidatos y partidos) sepan cómo jugar sus cartas. Porque no es lo mismo que se convoquen unas elecciones con las normas propias del sistema mayoritario que con las del proporcional. Y no es lo mismo si la elección es a una sola vuelta (Reino Unido) o a doble vuelta (Francia). No es lo mismo si se vota en un régimen parlamentario que en uno presidencialista. El sistema electoral en todos los países determina la existencia de uno u otro sistema de partidos. Los sistemas mayoritarios imponen la existencia de menos partidos y estimulan en algunos casos el bipartidismo. Ya que lo principal para obtener representación y poder es ser la lista más votada, es imprescindible concentrar fuerzas. Incluso si existen varios partidos, éstos se ven obligados a concurrir a las elecciones unidos en pocas coaliciones capaces de sumar suficientes votos como para alzarse con el primer puesto (sin ir más lejos, esta fue la tónica habitual en España durante la II República, el sistema electoral impulsaba la creación de un bloque de derechas y otro de izquierdas). Si la elección es a dos vueltas, las alianzas se hacen entre la primera y la segunda vuelta. Si el sistema es proporcional, lo normal es que haya más pluralidad de partidos y candidaturas. Y si además la elección se hace a través de diversas circunscripciones territoriales, y no en un cómputo nacional, aumenta la posibilidad de que existan partidos cuyo ámbito sea también territorial, partidos regionalistas o nacionalistas.

 

         Por lo tanto, las reglas de juego predeterminan el número y la clase de candidaturas que se van a ofrecer a los electores. Y la decisión de los electores también está condicionada por esas reglas. El votante, sobre todo el indeciso o el que cambia de voto de un partido a otro en unas y otras elecciones, hace un cálculo sobre para qué servirá su voto, y su decisión puede ser diferente si sabe que el sufragio debe contribuir a hacer que una lista sea la más votada, a que sea elegido un determinado candidato, o a reforzar una candidatura en el reparto de escaños. Por eso es contrario al respeto que se merece la libre decisión de los electores pretender cambiar las normas una vez que ya se han celebrado las elecciones.

 

         En Navarra hemos conocido un régimen de conformación del ejecutivo que tuvo una incidencia clara y directa en el sistema de partidos. El denominado “sistema automático”, la designación como presidente del Gobierno de Navarra del candidato de la lista con más escaños si no se conformaba una mayoría parlamentaria suficiente, tuvo mucho que ver en la creación de UPN tal cual es hoy, esto es, un partido que aglutina a casi toda la derecha navarra mediante la absorción del PP. Este sistema automático desapareció con la reforma del Amejoramiento del año 2001. También ha sido el propio sistema electoral, en particular el que opera para el Congreso de los Diputados y que por el escaso número de diputados elegidos en Navarra tiene un sesgo mayoritario, uno de los factores de creación de la coalición Nafarroa Bai.

 

         En suma, tan legítimo y democrático, y tan conforme a la voluntad expresada por los ciudadanos es que gobiernen la lista o las listas menos votadas si consiguen conformar una mayoría parlamentaria suficiente (que traslada una decisión de la mayoría social) como que gobierne la lista más votada si ésta alcanza esa mayoría. Lo que no resulta legítimo ni democrático sino tramposo y manipulador es querer alterar las reglas de juego ahora que las cartas están repartidas.

 

 

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