LA
TRAMPA DE LA LISTA MÁS VOTADA
Una vez pasadas las elecciones
municipales y autonómicas argumentan algunos, de forma totalmente interesada,
que lo más democrático es dejar que gobierne siempre la lista más votada en
cada Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Se afirma que dejar que gobiernen otros
partidos que no han ganado las elecciones, esto es, que no han sido la lista
más votada, traiciona la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Se
dice en ocasiones esto para apoyar un cambalache electoral: que el PSOE
gobierne en Canarias, pero que el PP pueda gobernar en Cantabria, Baleares o
Navarra.
La trampa, el engaño a los ciudadanos y
al sistema democrático, es que se dice esto después de las elecciones y no
antes. Una táctica típica de los tramposos es pretender cambiar las reglas del
juego después de que se han repartido las cartas. Amoldar la partida a los
propios intereses inventando nuevas normas acordes a los naipes que uno tiene
en la mano.
Las reglas del juego, en
nuestro caso, están en el sistema electoral. Nuestro sistema electoral no
responde al modelo mayoritario, como sucede en otros países como Francia o
Reino Unido, donde el ganador, esto es, la lista más votada en cada
circunscripción electoral se queda con todo. Nuestro sistema es proporcional,
es decir, los cargos o escaños en juego se reparten más o menos
proporcionalmente entre las diversas listas en proporción a los votos
obtenidos. Y además, las reglas de formación de gobiernos autonómicos y locales
responde a la lógica de un régimen parlamentario, no gobierna quien ha obtenido
directamente más votos de los ciudadanos sino quien tiene más apoyo en el
parlamento o en el pleno. Aunque nuestras campañas electorales cada vez más se
juegan en clave presidencialista, donde en la publicidad electoral se potencia
al máximo al candidato que encabeza la lista, los ciudadanos no son llamados a
votar por un presidente de gobierno autonómico o por un alcalde. Los ciudadanos
votan una lista completa y un programa, y delegan en sus representantes así
elegidos la tarea de negociar posteriormente el ejecutivo que consiga más
apoyo. Solamente si una lista obtiene la mayoría absoluta de escaños (no de
electores) se puede entender que ha habido un mandato de los ciudadanos para
que sea ese partido el que gobierne.
Las
reglas tienen que estar perfectamente establecidas antes de las elecciones para
que todos los jugadores (electores, pero también candidatos y partidos) sepan
cómo jugar sus cartas. Porque no es lo mismo que se convoquen unas elecciones
con las normas propias del sistema mayoritario que con las del proporcional. Y
no es lo mismo si la elección es a una sola vuelta (Reino Unido) o a doble
vuelta (Francia). No es lo mismo si se vota en un régimen parlamentario que en
uno presidencialista. El sistema electoral en todos los países determina la
existencia de uno u otro sistema de partidos. Los sistemas mayoritarios imponen
la existencia de menos partidos y estimulan en algunos casos el bipartidismo.
Ya que lo principal para obtener representación y poder es ser la lista más
votada, es imprescindible concentrar fuerzas. Incluso si existen varios
partidos, éstos se ven obligados a concurrir a las elecciones unidos en pocas
coaliciones capaces de sumar suficientes votos como para alzarse con el primer
puesto (sin ir más lejos, esta fue la tónica habitual en España durante la II
República, el sistema electoral impulsaba la creación de un bloque de derechas
y otro de izquierdas). Si la elección es a dos vueltas, las alianzas se hacen entre
la primera y la segunda vuelta. Si el sistema es proporcional, lo normal es que
haya más pluralidad de partidos y candidaturas. Y si además la elección se hace
a través de diversas circunscripciones territoriales, y no en un cómputo
nacional, aumenta la posibilidad de que existan partidos cuyo ámbito sea
también territorial, partidos regionalistas o nacionalistas.
Por lo
tanto, las reglas de juego predeterminan el número y la clase de candidaturas
que se van a ofrecer a los electores. Y la decisión de los electores también
está condicionada por esas reglas. El votante, sobre todo el indeciso o el que
cambia de voto de un partido a otro en unas y otras elecciones, hace un cálculo
sobre para qué servirá su voto, y su decisión puede ser diferente si sabe que
el sufragio debe contribuir a hacer que una lista sea la más votada, a que sea
elegido un determinado candidato, o a reforzar una candidatura en el reparto de
escaños. Por eso es contrario al respeto que se merece la libre decisión de los
electores pretender cambiar las normas una vez que ya se han celebrado las
elecciones.
En
Navarra hemos conocido un régimen de conformación del ejecutivo que tuvo una
incidencia clara y directa en el sistema de partidos. El denominado “sistema
automático”, la designación como presidente del Gobierno de Navarra del
candidato de la lista con más escaños si no se conformaba una mayoría
parlamentaria suficiente, tuvo mucho que ver en la creación de UPN tal cual es
hoy, esto es, un partido que aglutina a casi toda la derecha navarra mediante
la absorción del PP. Este sistema automático desapareció con la reforma del
Amejoramiento del año 2001. También ha sido el propio sistema electoral, en
particular el que opera para el Congreso de los Diputados y que por el escaso
número de diputados elegidos en Navarra tiene un sesgo mayoritario, uno de los
factores de creación de la coalición Nafarroa Bai.
En suma, tan legítimo y democrático, y tan conforme a la voluntad expresada por los ciudadanos es que gobiernen la lista o las listas menos votadas si consiguen conformar una mayoría parlamentaria suficiente (que traslada una decisión de la mayoría social) como que gobierne la lista más votada si ésta alcanza esa mayoría. Lo que no resulta legítimo ni democrático sino tramposo y manipulador es querer alterar las reglas de juego ahora que las cartas están repartidas.
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