El terrorismo etarra no es un problema único. En mi opinión, cuando menos, constituye un triple problema. En primer lugar, un problema de política penal. En este sentido, dentro del Estado de Derecho, diseñado por la Constitución de 1978, su solución es clara: debe detenerse a los responsables allá donde estén (incluido Uruguay), deben ser juzgados y condenados conforme a lo que señale el Código Penal. Desde este punto de vista, el problema terrorista acabará el día que todos los etarras se hallen encarcelados y cumpliendo sus penas.

Pero la violencia en el País Vasco es también un problema político. No lo constituiría si ETA fuera un grupo marginal, aislado de la sociedad vasca. Pero una parte considerable del electorado presta su apoyo a una coalición electoral cuya política está directamente subordinada a la estrategia etarra; y también hay que contar con un conglomerado de organizaciones presentes en las más diversas facetas de la vida política, económica, sindical y social de la sociedad vasca, que prestan su apoyo a la violencia. La solución política del terrorismo pasa porque quienes apoyan la vía terrorista para defender su programa político acepten los cauces democráticos y pacíficos que proporcionó en su día la Constitución de 1978. Asimismo, que esos mismos sectores acepten el Estatuto de autonomía como un instrumento para satisfacer las aspiraciones del pueblo vasco, y si no solución definitiva, cuando menos solución transitoria, mientras por medios democráticos, en su caso, se introducen las reformas necesarias en el régimen de autogobierno del País Vasco.

Y finalmente, existe un problema que podríamos denominar social. Me refiero a las víctimas del terrorismo: viudos, huérfanos, inválidos, etcétera; policías, militares y civiles. Y aunque a alguno escandalice, hay otras víctimas. Los propios miembros de ETA, atrapados por la dinámica sin salida del terrorismo. Unos, encarcelados por el Estado y coaccionados por la organización terrorista. Otros, en libertad, y probablemente no menos coaccionados. Y, en fin, también están las familias de los miembros de ETA, que en gran parte sostienen la agitación permanente en torno a los presos y a la amnistía.

Oía hace poco por la radio el caso de la viuda de una víctima de ETA que veía todos los días al asesino de su marido, reinsertado y viviendo a escasas manzanas de su casa. El problema social consiste en cómo hacer que convivan en la misma sociedad todas estas personas, cómo cerrar tantas heridas personales, cómo lograr que tantas personas puedan perdonar, sobre todo en beneficio de sí mismas. Y, aunque no sea lo más importante, cómo las víctimas de los atentados puedan cobrar la indemnización que han fijado los tribunales y que los etarras, reinsertados o no, no pagan. En esto, la solución es clara. Si la sociedad va a perdonar a los reinsertados su responsabilidad civil, tendrá que hacerse cargo de las indemnizaciones, y el Estado tendrá que poner los medios. De lo contrario, el coste de la reinserción va a recaer, en el aspecto económico, sobre esa minoría de víctimas que no han cobrado la indemnización, lo cual es evidentemente injusto.

Si contemplamos el problema en estos tres aspectos, debemos sacar la conclusión de que la solución no llegará sin más el día que todos los etarras estén encarcelados, ni llegará antes la solución porque la duración de las penas de cárcel sea mayor. Más bien, la solución llegará el día que todos los etarras estuvieran en libertad, y esa libertad pudiera ser aceptada por toda la sociedad porque ya no pondría en peligro la convivencia pacífica y democrática. Nuestro ordenamiento penal no contempla ni la pena de muerte ni la cadena perpetua; al contrario, la Constitución establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. A diferencia del modelo perseguido en los Estados unidos por el recientemente aprobado plan Clinton (más policías, más cárceles, más penas de muerte, más cadenas perpetuas), esto implica que nuestro sistema pretende que las cárceles no estén llenas, sino lo más vacías posible. ¿Utopía? Probablemente, igual que lo son la libertad, la justicia o la igualdad que figuran como valores superiores en la Constitución. Pero sólo con utopías de este tipo se puede hacer un proyecto de futuro como el que figura en la norma fundamental.

En estos días, el debate sobre la reinserción de los etarras llena las páginas de la prensa. Por desgracia, se ha convertido en argumento para la campaña electoral permanente que vivimos. La apelación a los sentimientos de venganza, que no de justicia, que siempre anidan en cualquier sociedad, es un recurso fácil y desgraciadamente rentable, y es el que estamos oyendo a diario. He oído en la radio a una periodista preguntar cómo se siente un policía viendo a los terroristas que él ha detenido en libertad. ¿Cómo se va a sentir? ¿Y cómo se va a sentir la viuda de un militar o un policía asesinado en el mismo caso? Pero si las decisiones políticas se toman en base a preguntas como ésta, mal andamos. Hace años que las gestoras pro-ETA están utilizando el mismo lenguaje para sus fines; ¿cómo se siente la madre o la esposa de un preso de ETA? ¿Cómo se siente la familia de un etarra muerto en un enfrentamiento con la Policía? En cualquier caso, habrá que felicitar a quien decidió apelar a las vísceras pensando que las posturas autoritarias frente al problema terrorista le iban a dar votos. Probablemente se los darán. Y cuantos más atentados, cuantos más muertos, más votos. Y, seguramente, cuantos más años dure el terrorismo, más elecciones dispondrá para recoger votos.