SUELDOS Y POLÍTICOS
Desde la antigua democracia griega se
afirma que los cargos públicos deben ser retribuidos para no vedar el acceso de
quienes no tienen recursos suficientes para abandonar total o parcialmente las
ocupaciones que les proporcionan su sustento. Sólo en regímenes aristocráticos
o caciquiles todos los cargos políticos pueden ser gratuitos. La cuestión que
periódicamente vuelve al debate no es tanto sobre la existencia de
retribuciones sino sobre su cuantía y condiciones de percepción.
Los cargos políticos en España suelen estar
escasamente retribuidos, desde cierto punto de vista, o lo están en exceso si
atendemos a otra perspectiva. La primera visión es correcta si hacemos la
comparación con otros países europeos o con el sector privado. Dado el nivel de
dedicación y responsabilidad que se exige y la preparación intelectual o
técnica deseable para una actividad cada vez más compleja (ya no basta, como
antaño, un poco de sentido común), se retribuye en cuantías notoriamente inferiores
a las habituales para cargos equivalentes en el ámbito empresarial o
profesional. Ello tiene como efecto que la política a veces reclute a personas con
muy limitadas aptitudes que en otro ámbito no podrían aspirar sino a
retribuciones mucho menores y que, a menudo, en vez de
ocupar un cargo político para servir a la ciudadanía se sirven de ella para garantizarse
un sueldo poco merecido. No debe generalizarse, como tanto se hace, colocando a
todos o a la mayoría de los políticos en esta categoría; en realidad, pienso
que son una minoría, pero una amplia minoría demasiado visible ya que suele perpetuarse
en el desempeño de los cargos, pasando de unos a otros (si es necesario, como
concejal en una localidad distinta cada legislatura o como diputado en una provincia
en la que apenas ha puesto el pie) sin que se les conozca otra profesión ni
otra habilidad o mérito que su fidelidad a quien hace las listas cerradas y
bloqueadas de nuestro sistema electoral. Su permanencia y persistencia en la
política, prolongada a veces hasta su jubilación, hace que sean más conocidos y
se les identifique más como los políticos por excelencia, miembros de una casta
apegada a las poltronas y eternamente nutrida del erario. Lo cierto es que con
mucha frecuencia los cargos públicos son desempeñados por personas que tienen
otra profesión, que han acreditado su capacidad en el mundo de la empresa, de
Pero la política se retribuye en exceso,
en opinión generalizada, precisamente por esa imagen de estar copada por
personas poco brillantes, poco sacrificadas, poco preocupadas por los intereses
de la ciudadanía, aferradas a sus escaños y despachos para proteger sus
privilegios y los de los suyos. Imagen en parte falsa pero en parte verdadera,
en buena parte injusta para una buena cantidad de personas que no se la merecen
porque sí tienen una auténtica y desinteresada vocación de servicio, pero en
buena parte ajustada por desgracia a los abundantes y nefastos ejemplos de nepotismo,
corrupción y abuso que con demasiada frecuencia ocupan las portadas de la
prensa pero que no parecen inquietar demasiado a los líderes de los principales
partidos.
Y, sobre todo, la retribución de los
políticos se antoja excesiva en un país como el nuestro con un salario mínimo
por los suelos y un salario medio poco por encima de la altura del betún, con
cinco millones de parados y varios millones más de trabajadores atemorizados
por caer también en el desempleo, con una quinta parte de la población bajo el
umbral de la pobreza, en una situación de forzada austeridad que se exige
principalmente de las clases sociales más modestas y no de los que más tienen,
donde nadie se hace responsable de la crisis económica o del despilfarro de
años anteriores, donde los mismos que nos han llevado al desastre siguen tan
campantes en sus puestos predicando las mismas recetas, donde ante la falta de
perspectivas y de soluciones difícilmente nadie puede pensar que los que mandan
se estén ganando el sueldo. La ciudadanía puede tolerar las cifras astronómicas
que se pagan a futbolistas o artistas porque al menos tiene la sensación de que
hacen su trabajo, pero cualquier cantidad le parecerá excesiva para retribuir a
políticos que no están haciendo el suyo.
No obstante, pienso que el mayor
problema de las retribuciones no estriba tanto en su cuantía, que siempre será
escasa o excesiva según se mire, sino en la sospecha generalizada sobre su nula
transparencia, sobre que aparte de lo que se declara haya otras percepciones no
conocidas y otros privilegios inconfesados e inconfesables; en la sospecha de
que mientras se finge hacer una labor en beneficio de la comunidad en realidad
se está haciendo carrera en beneficio propio, en que la mayor parte de las
retribuciones son diferidas, los políticos son recolocados en otro cargo
público mejor remunerado o, peor, en otro cargo en la empresa privada en pago a
los favores recibidos; en la sospecha de que detrás de tanto autobombo y
autopromoción no hay más que humo; en la sospecha de que tras la protesta de
perder dinero en la política, o de que tras la ufana afirmación de que no se trabaja
por la pasta, no hay sino hipocresía. O, como acaba de suceder en Navarra, en
el cinismo de pretender hacer pasar como reducción lo que constituye un aumento
del sueldo a cargo de los presupuestos generales.
Ante este panorama necesitamos
regenerar profundamente la política, recuperar el prestigio de trabajar por los
intereses generales, hacer atractiva la participación y el desempeño de cargos
públicos. Hay que adoptar medidas contundentes que no hace falta inventar, que
ya existen en otros países, que ya practicaron los antiguos griegos:
incompatibilidades rigurosas, principio de un solo cargo por persona y un solo
sueldo por cargo, homologación al régimen general de seguridad social en
cuestión de pensiones y desempleo, sin privilegios, limitación de mandatos y
períodos de inelegibilidad temporal antes de poder optar a nuevos cargos,
publicidad de las declaraciones de ingresos, actividades y bienes antes y
después del desempeño de cargos públicos, transparencia absoluta de las retribuciones,
control sobre la actividad y posibilidad incluso de revocación del mandato por
los ciudadanos, candidaturas desbloqueadas, primarias abiertas para designar a
los candidatos.
Frente a todas esas medidas la exacta
cuantía de la retribución de los políticos –que nunca se fijará a gusto de
todos- es cuestión menor. Mi propuesta: sustituir el sueldo por la
indemnización, que no se pague por un trabajo que en el fondo debe hacerse por
vocación de servicio pero que se compense por la dedicación que se exija; que
se retribuya por los ingresos que se dejen de percibir al abandonar el trabajo
anterior, haciendo una media de los percibidos los años inmediatos con un
máximo y un mínimo razonables (como el salario mínimo por abajo, lo que a lo
mejor incentivaba su elevación a niveles más dignos); que se garantice que el
político ni pierde ni gana, ni se enriquece ni se empobrece con su dedicación a
lo público, y que al regresar a su profesión anterior su patrimonio no haya
notado la diferencia.