En el discurso programático que pronunció Miguel Sanz ante Parlamento de Navarra el 15 de junio de 1996, en el procedimiento para su investidura como Presidente del Gobierno de Navarra, afirmaba, según consta en el correspondiente Diario de Sesiones: "consideramos importante continuar con el esfuerzo para completar y desarrollar nuestras disposiciones legales que regulan el acceso de los navarros a las prestaciones y programas de Servicios Sociales". Al exponer su programa para ser investido por segunda vez, en el Pleno del Parlamento de Navarra celebrado el 20 de julio de 1999, avanzaba un paso más y formulaba el siguiente objetivo de su gobierno: "elaborar una nueva Ley Foral de servicios sociales que garantice el derecho a la asistencia social y a las prestaciones correspondientes a todos los ciudadanos que lo precisen".

En contra de lo anunciado, la actividad normativa de los ejecutivos presididos por Miguel Sanz en esta materia ha sido mínima. En su haber únicamente se pueden contabilizar normas reglamentarias de carácter organizativo y de procedimiento administrativo, principalmente dirigidas a repartir las subvenciones previstas en los presupuestos generales de Navarra, y que no han avanzado en el reconocimiento de derechos sociales sino que se mantienen una amplia y benéfica discrecionalidad a la hora de otorgar prestaciones. La única norma de rango legal sobre esta materia que ha aprobado el Parlamento de Navarra durante estos años ha sido la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales. Norma importante, ya que contiene el "reconocimiento efectivo del derecho ciudadano a una parte del producto social, en forma de una renta básica para quienes demandan y no encuentran empleo", pero que es resultado, no de un proyecto de ley elaborado y remitido por el Gobierno de Navarra, sino de una iniciativa legislativa popular.

Agotada ya la legislatura 1999-2003, la segunda con Miguel Sanz en la presidencia del ejecutivo foral, y con las próximas elecciones a la vista, es evidente que la anunciada nueva ley foral de servicios sociales se ha convertido en uno de los incumplimientos del Gobierno de UPN, aunque en una reciente entrevista de su presidente éste hacía repaso de actuaciones que habían quedado pendientes y no la echaba en falta (a diferencia de cosas como el Baluarte, los centros tecnológicos, la autovía Pamplona-Logroño, el Corte Inglés, la nueva estación de autobuses de Pamplona, la ciudad de la innovación o más viviendas; curiosamente, todas las nombradas por el presidente se confeccionan con cemento). Tampoco se sabe mucho, a estas alturas, del futuro de un proyecto de reordenación de los servicios sociales en el cual el Departamento de Bienestar Social dice que lleva trabajando varios años pero que no acaba de ver la luz.

Y, sin embargo, la elaboración de una nueva ley foral de servicios sociales es una necesidad cada vez más urgente. La actual ley foral, de 1983, en su día fue pionera en cuanto a establecer un sistema de servicios sociales en Navarra que llegara a todos los municipios y a todos los ciudadanos. Pero hace años que es evidente su obsolescencia. La sociedad navarra de hoy, consolidados los servicios sociales a nivel municipal y foral, así como una estructura básica de servicios y programas asistenciales, requiere nuevos pasos y sobre todo nuevos enfoques ante los cambios que se han ido produciendo en nuestro entramado social, de entre los cuales cabe destacar el envejecimiento acelerado de la población navarra, el cambio de las estructuras familiares y la llegada a nuestra tierra de un número importante de inmigrantes con todos los problemas de integración social que ello supone.

Hace tiempo que las entidades locales de Navarra, titulares de los servicios sociales de base, vienen advirtiendo sobre el gran incremento de su coste (a un ritmo muy superior al crecimiento de los presupuestos municipales o el IPC) y que el Gobierno de Navarra cada vez financia un porcentaje menor del servicio. También se quejan las entidades locales de la falta de información a comienzos de cada ejercicio, cuando aprueban su presupuesto, sobre cuánto dinero van a recibir, y de que las transferencias del Gobierno llegan tarde. Dada la tradicional penuria en que se desenvuelven las haciendas locales, ya simplemente mantener el actual nivel de servicio se plantea muy problemático, y no digamos nada de mejorar y potenciar los servicios sociales municipales.

Es imprescindible establecer un nuevo marco de corresponsabilidad entre las entidades locales y la Administración Foral, eliminando el excesivo dirigismo por parte del Gobierno de Navarra y la subordinación financiera de aquéllas. Las políticas de servicios sociales deben ser diseñadas con participación de ambas instancias, eliminando la situación actual en que los ayuntamientos y mancomunidades se limitan a poner en marcha programas sociales en la medida en que desde el Gobierno de Navarra se les incentiva con subvenciones. Las entidades locales debieran ser capaces de poder diseñar sus propias políticas de servicios sociales integradas en el conjunto de sus programas de atención a la población en materia de empleo, vivienda, juventud, mujer, etc. La atención de las necesidades sociales debe seguir haciéndose de forma descentralizada, por las entidades locales, sin perjuicio de que exista una planificación de ámbito foral. Esta corresponsabilidad pasa inevitablemente por una reforma de la financiación de los servicios sociales, sustituyendo el modelo actual basado en la subvención por parte del Gobierno por otro de atribución directa de recursos suficientes a las entidades locales desde los presupuestos generales de Navarra con convenios entre el Gobierno y las entidades locales para la financiación de los programas de gestión común.

Pero además, una nueva ley foral de servicios sociales debiera determinar una cartera de prestaciones y servicios suficientes capaz de garantizar los derechos de todos los ciudadanos desde una perspectiva universalista y un trato igualitario, y también una regulación de los derechos de los usuarios de los servicios y las condiciones de acceso a los programas y servicios de forma reglada y transparente, estableciendo la prioridad a favor de las personas con más dificultades o dependencia. La actual ley se dirige principalmente a los aspectos organizativos y competenciales; la futura ley debiera tomar como centro de atención los derechos de las personas.

La nueva normativa legal debiera subrayar la responsabilidad pública en la resolución de los problemas de atención a la población. No solamente en cuanto a establecer las normas, la planificación y una mínima estructura administrativa. Las Administraciones Públicas deben ser las responsables de la prestación de los servicios sociales a través de organismos de carácter público, única vía para garantizar efectivamente los principios de universalidad e igualdad. El sector privado puede tener una participación en el sistema; es incluso necesario fomentar el papel de las entidades no lucrativas que surgen de la iniciativa solidaria de los propios ciudadanos, especialmente los afectados por determinados problemas. Pero los servicios sociales no deben quedar al albur de las iniciativas particulares o de la capacidad de autoorganización de los damnificados por cada problema, ni mucho menos convertirse en un sector económico más, abierto a la lógica mercantil y al mito de la privatización como garantía de eficacia. Los ciudadanos no pueden convertirse en consumidores, so pena de que los derechos queden desplazados por la capacidad adquisitiva, marginando a quienes no interesan porque no generan negocio. La nueva ley debiera contener salvaguardias que eviten la peligrosa tendencia de los últimos años de camuflar bajo la pantalla del bienestar social un pujante sector empresarial parasitario de los presupuestos públicos.

También debe evitarse la conversión de los servicios sociales en un mero sistema de otorgamiento de subvenciones, de modo que los agraciados luego busquen y paguen en el mercado a quienes les puedan prestar los servicios que requieran. Un mecanismo aparentemente sencillo pero peligroso y que no garantiza la efectiva satisfacción de las necesidades de las personas. El objeto del sistema se desplaza de la persona a la subvención; tanto para las familias como para las empresas aparece un interés económico que puede anular a la persona necesitada.

En fin, una nueva ley debiera dirigirse a establecer un sistema de servicios sociales participativo en el sentido de dar voz y voto no solamente a las Administraciones Públicas implicadas, sino también a los profesionales y a los usuarios a través de sus asociaciones. No basta con la constitución de burocráticos órganos consultivos a los que escuchar y no atender. Debieran crearse foros de encuentro y participación a nivel foral y local, con capacidad no solamente informativa y deliberante, sino que tomaran parte en los procesos de planificación y decisión, y particularmente en los de elaboración de presupuestos. Ni los presupuestos de Navarra ni los de ayuntamientos y mancomunidades debieran tramitarse sin que previamente hubiesen sido objeto de discusión previa en esos foros. La participación es especialmente importante para darle al sistema de servicios sociales una vocación hacia las medidas preventivas antes que a las puramente asistenciales.

La próxima legislatura, que se inicia dentro de un par de meses, debiera alumbrar un Gobierno y un Parlamento que den respuesta a la necesidad urgente de una nueva legislación de servicios sociales para Navarra.