"Frente a la lengua, la raza, la religión, la cultura, la historia, el aglutinante de una nación debiera ser principalmente el «patriotismo constitucional», según la expresión popularizada por Habermas; los miembros de la nación se identifican con la Constitución y con las instituciones que les permiten ejercer como ciudadanos y disfrutar de sus derechos fundamentales, y no tanto con una idea esencialista o étnica de la comunidad".

He añadido que el Estado debiera ser aconfesional no sólo en cuanto a la religión sino también en lo nacional, respetar el pluralismo y no propugnar ninguna idea trascendente en torno a la nación, no oficializar otra idea de nación que la puramente política, como conjunto de ciudadanos unidos por un gobierno o una constitución común por propia voluntad, frente a la idea de nación cultural basada en hechos prepolíticos anteriores a esa voluntad y que imponen una unidad de destino.

Creo que estamos una vez más ante la vieja maña de apoderarse de palabras biensonantes o que designan realidades que han ganado prestigio para envolver y colocar con ellas una mercancía distinta. No hay más que ver cuántas corrientes ideológicas que en el pasado rechazaron las ideas de derechos humanos y democracia hoy pretenden pasar por sus abanderados; cómo Hitler tomó para su partido el calificativo de "socialista" añadido al de nacional; cómo Franco quiso hacer pasar su dictadura por una "democracia orgánica"; cómo la derecha neonazi alemana se llama "republicana" y la austríaca "liberal"; cómo grandes multinacionales que esquilman los recursos naturales del tercer mundo se empeñan en campañas publicitarias basadas en el culto al medio ambiente y a la cooperación al desarrollo; cómo tanto producto de laboratorio se vende con la etiqueta de "natural".

Recordando a Fernando VII y su declaración de ser el primero en marchar por la senda constitucional, las convicciones constitucionalistas del PP han de ser contempladas con cautela. No sólo por saber que sus fundadores fueron ministros de Franco que no han tenido muchos escrúpulos en pasar de jurar los "permanentes e inalterables" Principios del Movimiento Nacional a jurar la Constitución; o por leer las opiniones de José Mª Aznar en 1979, cuando sólo era secretario de AP en La Rioja y se lamentaba de los "vientos de revancha" que hacían que el Ayuntamiento de Guernica hubiese retirado los honores concedidos a Franco y que en Coslada las calles anteriormente dedicadas a Franco y José Antonio se hubiesen dedicado a la Constitución; o cuando afirmaba que la Constitución era "demasiado ambigua" y se había consensuado entre dos partidos mayoritarios a espaldas del Parlamento sin el menor debate. Veinte años más tarde vemos el escaso respeto que tiene el gobierno de Aznar por el contenido de la Constitución, por mucho que la evoque de continuo como libro sagrado y fundamento de nuestro sistema político. Los ejemplos sobran. El abuso de recurrir continuamente al decreto-ley, que la Constitución reserva a casos de "extraordinaria y urgente necesidad" y lo mismo se utiliza para una reforma laboral o fiscal que para adoptar medidas "urgentes" para reparar daños causados por inundaciones ocurridas seis u ocho meses antes. Las sucesivas reformas fiscales, como la más reciente que incrementa los impuestos de la gasolina o del alcohol, han conseguido en los últimos años incrementar en varios puntos la presión fiscal, como ponen de relieve los informes de la OCDE, al tiempo que se publicitan sucesivas bajadas de impuestos. Son reformas que se dirigen a rebajar la tributación de las rentas altas frente a las medias y bajas, a beneficiar a las rentas del capital frente a las de trabajo, y a hacer gravitar los ingresos públicos sobre los impuestos indirectos en detrimento de los directos. Con todo ello en vez del "sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad" que exige la Constitución vamos a un sistema fiscal crecientemente regresivo. Y qué decir del "todo vale" contra el terrorismo, cuando es obvio que la Constitución se fundamenta en el "no todo vale" propio del Estado de derecho. De esa pretensión de momento frustrada de introducir en la lista europea de grupos terroristas a un partido político legal, ignorando que según la Constitución solamente son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, que solamente pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades por resolución judicial motivada, y que están reconocidos los derechos a la presunción de inocencia y a un proceso público con todas las garantías. Pretender una especie de ilegalización gubernativa y de plano con la confección de la citada lista es un desatino constitucional que afortunadamente no ha sido secundado por la Unión Europea. Lo mismo sucede con la nueva regulación que pretende privar a Batasuna de las subvenciones electorales; una regulación dirigida a aplacar la comprensible indignación ciudadana con el destino del dinero público pero perfectamente anticonstitucional, no sólo por reformar mediante ley ordinaria algo regulado por ley orgánica, al afectar a los derechos fundamentales, sino también por introducir entre otros un requisito que afecta a la libertad ideológica (condenar el terrorismo).

Parece, pues, que a Aznar el contenido de la Constitución y su carácter de norma jurídica que vincula a los ciudadanos y a los poderes públicos le importa más bien poco. Como todo buen converso (como todos esos recientes "constitucionalistas" que le rodean y que antes con el mismo ardor guerrero fueron falangistas, etarras, maoístas o nacionalistas de diversos colores) la prefiere utilizar como instrumento de un fundamentalismo constitucional con el cual anatemizar como enemigos de la Constitución, dígase de España, a cualquiera que no comparta sus criterios. Ahora surge la tentación de hacer otro uso más rentable del vocablo constitucional y es para adornar un patriotismo que se pretende moderno, democrático y de nuevo cuño en contraste con el de los nacionalismos periféricos, pero tras el cual sigue agazapado el rancio nacionalismo español que ha caracterizado a muchos sectores del PP.

No hace falta remontarse al pasado, a los escritos de Aznar en "La Nueva Rioja" donde el sistema autonómico previsto en la Constitución le merecía el comentario de que "En lugar de concebir un plan serio y responsable de organización territorial de España, se ha montado una charlotada intolerable que ofende al buen sentido", y donde acusaba a la Carta Magna de amparar y fomentar unas nacionalidades artificiales y peligrosas para la unidad de España, una nación hecha por cinco siglos de historia. La misma concepción late en las afirmaciones que Jaime Mayor Oreja ha hecho hace poco en el Parlamento Vasco: "nuestra obligación histórica como vascos, en mi opinión, radica en la aceptación de la pertenencia a España, en la permanencia en España, no con carácter provisional o condicionada a la libre determinación los vascos". Es decir, ni la Constitución ni el Estatuto se basan en la voluntad de los ciudadanos, sino en una previa obligación impuesta por la historia. Y para más claridad, las declaraciones el pasado 18 de noviembre en El País de María San Gil, presidenta del PP en Guipúzcoa y futura coautora de la ponencia sobre patriotismo constitucional en el congreso del PP, que por toda definición lo explica "Como una forma de sentirse español estando orgulloso de serlo". El orgullo patriótico de toda la vida, sin necesidad de Constitución alguna; la satisfacción de ser hijo de una nación determinada y no de otra cualquiera, la misma convicción que tenía el soldado Nicolás Chauvin de que su país es mejor que el resto. Con los valores universales que justifican el originario patriotismo constitucional (ciudadanía, derechos, democracia) perfectamente ausentes.