En esta sociedad dominada por la imagen (si la mujer del César es honrada o no carece de importancia, lo fundamental es que se esfuerce en aparentarlo) la gestión de la cosa pública está sometida a la necesidad de mantener exteriormente trazas de corrección política; lo de menos son los resultados efectivos. Así, hoy en día lo correcto políticamente es ser demócrata, defensor de los derechos humanos, partidario de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, antirracista, pacifista, ecologista y paladín de la cooperación al desarrollo de los países pobres. Ningún partido, ningún líder político ni ninguna institución pública puede presentarse de otro modo. Otra cosa es que luego las políticas realmente aplicadas vayan en la dirección de manipular al pueblo soberano, disculpar la violación de derechos cuando se cruza la razón de Estado o la guerra contra el terrorismo, perpetuar el papel subalterno de la mujer, fomentar la desconfianza ante los inmigrantes, fabricar y vender armas de guerra, practicar un desarrollo insostenible, contaminar la atmósfera igual que antes de Kyoto o reducir progresivamente las cantidades que los países del Norte dedican a cooperación. Pero, en fin, lo importante es la imagen.

Uno de los muchos casos en que la corrección política se convierte entre nosotros en una atusada falsedad que ofrecer al consumidor (el ciudadano o votante de otros tiempos se va viendo reducido a la condición de consumidor de ilusiones) es ese "día sin coche" que se celebra desde hace unos años y en los cuales las autoridades municipales hacen profesión de fe de ecologismo. En Pamplona este año ha sido objeto de un milagro de multiplicación similar al de los panes y los peces y se ha convertido en la "semana sin coche". Al celebrarse el año pasado me expresé en estas páginas sobre cómo el "día sin coche" se convierte en unos breves e hipócritas fuegos de artificio que sólo dejan humo ya que en los restantes 364 días del año (ahora habrá que decir que las restantes 51 semanas del año) las políticas municipales son "con coche". El Ayuntamiento de Pamplona no sólo carece de cualquier estrategia dirigida a fomentar el uso de otros medios de transporte que no sean el automóvil particular, sino que su política se dirige más bien a potenciar su uso: aparcamientos en el centro, postergación del transporte público, preterición práctica de la bicicleta. Una política coherente con la que algunos ayuntamientos de la comarca y el Gobierno de Navarra patrocinan para un desarrollo urbano que se expande horizontalmente en nuevos barrios y urbanizaciones pensados para acceder en automóvil y que necesariamente se van rodeando de nuevas rondas y autovías que a poco de construirse son insuficientes y deben ampliarse.

Por no repetir lo ya dicho me quiero centrar en un aspecto puntual de esa política del Ayuntamiento de Pamplona sobre el transporte público: la estación de autobuses. El partido que gobierna el consistorio, UPN, en su programa electoral afirmaba: "Pamplona y los pamploneses no nos merecemos la actual Estación de Autobuses, puerta de entrada a nuestra ciudad". El programa apostaba también por "Promover nuevas estaciones de autobuses y ferrocarril" en las ubicaciones decididas tras un estudio del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Fomento, y añadía: "Entretanto, la actual estación de autobuses debe solucionar al menos sus importantes deficiencias en información y venta centralizada de billetes". En perfecta incoherencia con ello, a lo largo de más de tres años no sólo se han mantenido congeladas las obras de adecentamiento iniciadas en la legislatura pasada, sino que se ha permitido que avance la degradación de la estación de autobuses en perjuicio de sus usuarios. Quizás para poder utilizar ese deliberado deterioro como argumento a favor de la nueva estación de autobuses que se pretende construir bajo la explanada entre Yanguas y Miranda y la Ciudadela, ubicación decidida unilateralmente por el equipo de gobierno municipal en contra de criterios técnicos manejados por el Gobierno de Navarra que aconsejaban ubicar la nueva estación de autobuses con la de ferrocarril para configurar una estación multimodal, lo que sería compatible con mantener la actual estación de autobuses, una vez remozada, para que algunas líneas llegaran hasta el centro de la ciudad. Estación multimodal defendida, por cierto, en el programa electoral del PSN-PSOE, aunque parece que después su grupo municipal ha decidido plegarse, en este caso como en tantos otros, a los dictados de UPN.

La justificación de esa nueva estación de autobuses, como tantas otras iniciativas del equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa Barcina, se ha hecho de forma vaga y sin el menor debate público. No es sólo que no se haya debatido en público con las entidades interesadas: empresas de transportes, asociaciones de vecinos, de consumidores, grupos políticos, etc. Tampoco se ha debatido donde debiera hacerse: en el Pleno del Ayuntamiento. Por supuesto, la decisión sobre la nueva estación no responde a una estrategia global sobre tráfico y transporte o sobre infraestructuras urbanas (permanece en el misterio el resultado del estudio sobre impacto en el tráfico de la nueva estación que se dijo que se iba a hacer). Es que ni siquiera se contempla en el Plan Municipal recientemente aprobado por el Ayuntamiento. Una práctica constante de UPN: prescindir de cualquier planificación general y adoptar decisiones puntuales que se justifican, si es que se justifican, por ellas mismas, y que si hace falta se meten con calzador en la normativa urbanística; sustituir el debate por el marketing. Así se ha hecho con el aparcamiento de la Plaza del Castillo (ausente no sólo del programa electoral de UPN sino también del PEPRI del Casco Antiguo); con el futuro Corte Inglés (modificando el todavía vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1984); así parece que se quiere hacer con el futuro museo o centro temático de los sanfermines (ausente también del Plan Municipal y ayuno de cualquier debate en el Pleno municipal).

La ubicación de la nueva estación de autobuses en Yanguas y Miranda, con carácter subterráneo y acompañada de un aparcamiento público cuya gestión se ofrece para compensar a la empresa que la construya, ofrece argumentos contradictorios que, como mínimo, debieran ser objeto de público debate. Entre los argumentos en contra se debe pensar, en primer lugar, si procede ubicar la estación en una zona con un tráfico ya problemático que en el futuro lo será más, cuando entren a operar el palacio de congresos con su aparcamiento y el Corte Inglés con el suyo, por no hablar de la colaboración que prestaría al colapso circulatorio el propio aparcamiento que acompañara a la estación de autobuses. En segundo lugar, si procede un nuevo aparcamiento en ese lugar a la vista de los ya mencionados que van a entrar en funcionamiento en zonas muy próximas; si la demanda de plazas de aparcamiento en el centro lo justifica, si debe seguir incentivándose el "efecto llamada" de los aparcamientos céntricos en rotación o si hay otras zonas de la ciudad mucho más necesitadas de aparcamientos. En tercer lugar, si merece la pena sacrificar un espacio urbano, la explanada de Yanguas y Miranda, que por su ubicación céntrica y la multiplicidad de usos que ha venido recibiendo (barracas sanfermineras, ferias de todo tipo, actividades deportivas, espectáculos diversos, aparcamiento de emergencia) ya quisieran para sí muchas otras ciudades. Espacio urbano, no olvidemos, pegado a una Ciudadela declarada como bien de interés cultural y que probablemente esconde restos arquitectónicos en el subsuelo que deban protegerse con arreglo a la legislación de patrimonio histórico (esperemos que con mayor fortuna que los arrasados en la Plaza del Castillo). Y en cuarto lugar, si es preferible una estación subterránea u otra en superficie. Y aquí diré que me parece infinitamente preferible la segunda siempre que sea posible, como es el caso. Por razones de accesibilidad tanto de autobuses como de viajeros; la estación subterránea exigirá rampas de acceso con recorridos mucho más forzados para los vehículos y escaleras y ascensores que harán más incómodos los desplazamientos de los usuarios, sobre todo cuando lleven equipaje o tengan movilidad reducida. Por criterios de desarrollo sostenible; la estación subterránea, como su aparcamiento anexo, exigirá ventilación forzada, iluminación artificial, mayor consumo eléctrico en ascensores y escaleras mecánicas. Y también por razones de seguridad: un subterráneo presenta siempre mayores problemas de accesibilidad para los servicios de emergencia y de evacuación en casos de accidente, incendio, etc.

Finalmente, y ante las prácticas seguidas en el Ayuntamiento para tomar esta y otras decisiones resulta legítimo abrigar la sospecha de que tras el proyecto de nueva estación de autobuses se hallen otros intereses que no sean los estrictamente públicos relacionados con una política de transporte público. Como el interés por adjudicar a una empresa privada (quizás del mismo grupo empresarial que se lleva casi todas las adjudicaciones jugosas de esta ciudad) el buen negocio que representará la construcción y explotación de la estación de autobuses y su aparcamiento.