SALUD
MENTAL Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Por el Foro Iruña: Isabel Arboniés, Fernando Atxa, Iñaki Cabasés, Fermín Ciáurriz, Conchita Corera, Reyes Cortaire, Miguel Izu, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y Patxi Zabaleta.
La visión y el tratamiento de las enfermedades mentales han
variado a lo largo de la historia y según las civilizaciones. Así, la avanzada
medicina árabe de la que disfrutaron durante la Edad Media y su conocimiento en
el trato a los enfermos mentales
posibilitó la apertura del primer hospital psiquiátrico del mundo en
Valencia. Después de ese paréntesis el
desconocimiento científico, la ignorancia generalizada, los prejuicios
religiosos y sociales han conllevado un considerable retraso en el tratamiento
de la salud mental, provocando enorme sufrimiento en las personas que padecen
trastornos mentales y su entorno familiar. Estamos todavía en pañales si
comparamos con los avances en investigación y tratamiento de otras
enfermedades.
En Navarra la reforma psiquiátrica de 1986 fue el motor de
una mejora sustancial en la atención a las personas con enfermedades mentales
hasta entonces recluidas en el antiguo Manicomio de Pamplona para equiparar la
respuesta sanitaria y social a otras enfermedades y problemáticas. El avance más significativo de las últimas
décadas ha sido el desarrollo de fármacos con alta capacidad de contención de
los síntomas lo que ha posibilitado una mayor socialización de los afectados.
Otros avances importantes tienen que ver con el soporte externo de la red de
Salud Mental integrada en el sistema sanitario público, la incorporación de
dispositivos de atención infanto-juvenil y en los últimos años el
reconocimiento de prestaciones sociales y servicios cuya gestión es casi
íntegramente concertada.
Reconociendo dichos avances hay que denunciar por
persistentes e importantes las carencias y deficiencias que seguimos
arrastrando. La salud mental en Navarra evidencia la falta de inversión
presupuestaria en la adecuación del sistema sanitario y del sistema de
protección públicos para atender una compleja realidad que es responsabilidad
de todos. Es patente la escasez de recursos económicos, personal especializado
y saturación de los dispositivos de atención, carencias que se intentan
paliar con el recurso farmacológico.
Destaca la imparable privatización del tratamiento de la salud mental como
consecuencia de estos y de otros factores como el aumento de la población en
Navarra y nuestro modelo social de producción y consumo. La pérdida de la salud
mental es el resultado de la interacción de diversos factores internos y
externos. Entre el 25 y el 30 por ciento de la población ve su salud mental
afectada a lo largo de su existencia, especialmente y de forma grave las
personas con predisposición y vulnerabilidad.
La endémica falta de adecuación de los recursos a las
necesidades cobra relieve en situaciones como el ingreso hospitalario de
pacientes con episodios agudos, la derivación de jóvenes con trastornos
mentales graves hacia recursos de rehabilitación, ocupacionales o laborales
insuficientes e importantes para evitar el agravamiento de las enfermedades y
el temprano deterioro de los afectados. Es llamativa nuestra prolongada
insuficiencia de plazas residenciales y de hospitalización de larga estancia
que hace inviable una atención preferente y especializada a los casos más
complejos con pluripatologías, consumos o retraso mental. Es lamentable que a
los reclusos enfermos en la cárcel de Pamplona se les siga privando de atención
psiquiátrica. La prevención y detección precoz de trastornos mentales graves en
la población de riesgo brilla por su ausencia y es determinante para mejorar la
salud mental y el bienestar social, además de
ahorrar importantes recursos económicos.
Hasta hace pocos años la salud mental era una cuestión de
beneficencia. Su incorporación tardía a la organización del Estado Social ha
coincidido con el desmantelamiento del sector público y en Navarra con el
alejamiento de la convergencia social con Europa y la bajada del porcentaje del
PIB dedicado al gasto sanitario público. Hemos retrocedido y adolecemos del
conocido vicio de la mala gestión que soluciona lo más fácil y aparca lo más
difícil o complejo. Se persiste en soluciones fallidas y compartimentadas que
no dan una respuesta global a problemáticas como la salud mental que exige
procedimientos de actuación flexibles, ágiles y coordinados sobre los afectados
y su entorno. Aquí el gobierno de lo público va muy por detrás de las
necesidades ciudadanas.
En sociedades como la nuestra que se rigen por el modelo de
pacto social, la salud ha ido cobrando un peso importante entre las tareas del
Estado y en la organización de una Comunidad Foral con plenas competencias para
la planificación y desarrollo de políticas sanitarias, sociales y educativas.
Contamos con la Hacienda Foral para sostener esas políticas y con la potestad
de acordar medidas globales y efectivas para la salud mental con los sectores
profesionales y sociales, tanto en la prevención como en el tratamiento y
rehabilitación que su pérdida conlleva. Hemos sido pioneros en materia de
sanidad pública y servicios sociales y debemos recuperar posiciones perdidas
frente a otras Comunidades que han ido invirtiendo y dotándose de recursos
multiprofesionales para adecuar la
respuesta al peso que tiene la salud mental.
Tenemos capacidad para superar “lo que hay” y solucionar
con efectividad la atención a la salud mental en Navarra con aceptable calidad
de vida para las personas afectadas y su entorno. Entendemos como medidas
necesarias la puesta en marcha y permanencia de programas de prevención de
riesgos y de sensibilización, coordinación ágil en las actuaciones sanitarias,
sociales, educativas y judiciales; el enfoque psíquico en el procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia; individualización en los
tratamientos de las personas enfermas; actuaciones de soporte a su entorno más
próximo; asesoramiento y medidas de respiro para las familias. Las personas con
trastornos mentales graves deben contar con garantías ante la necesidad de
hospitalización en unidades de agudos, unidades de larga estancia, plazas en
residencia asistida; dispositivos de rehabilitación, ocupacionales, laborales y
de ocio que en estos casos son de vital importancia.
Algunas de estas medidas existen de forma insuficiente y parcial. La salud mental tiene que lograr espacio en la agenda de prioridades con carácter multidisciplinar y dinámica circular. Sería oportuno revisar decisiones y recursos asignados por la Administración Foral a su sostenimiento. Incidimos en la necesidad de mayor responsabilidad directa del sector público, impulso de la sensibilización social y cooperación de los medios de comunicación en la transmisión de esta realidad que requiere esfuerzos conjuntos para superar el reto que representa.
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