EL RETO DEMOCRÁTICO DE NAVARRA

Mikel Armendáriz, Víctor Ayerdi, Iñaki Cabasés, José Luis Campo, Ginés Cervantes, Fermín Ciáurriz, Reyes Cortaire, Jokin Elarre, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Iosu Ostériz, Ramón Peñagaricano, José Ángel Pérez-Nievas, Víctor Rodríguez, Pedro Romeo, Javier Sánchez Turrillas, Andoni Santamaría, José Luis Úriz y Patxi Zabaleta

Han transcurrido más de veinticinco años desde que se inició el tránsito de la dictadura franquista, unos pocos menos desde que se configuró un nuevo marco jurídico-político con la Constitución de 1978 y, para Navarra, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 1982, transición dirigida a abrir un nuevo camino hacia la consolidación de unas libertades y derechos individuales y colectivos que habían sido desterrados en el régimen anterior.

Pasado este tiempo puede ser momento de mirar hacia atrás para examinar si vamos o no por buena senda para la integración de todos los navarros en un marco de convivencia, plural por necesidad, respetuoso con la voluntad mayoritaria y democráticamente expresada del pueblo navarro sobre su presente y futuro al tiempo que garantizador del más exquisito respeto a las minorías de modo que se sientan suficientemente cómodas y facultadas para desarrollar, expresar y reivindicar sus sentimientos, actividades y proyectos en igualdad de condiciones.

La aprobación del Amejoramiento con la exclusión en su proceso de negociación de determinados sectores políticos que tenían representación en la Diputación y en el Parlamento Foral, entre ellos los nacionalistas vascos, y sin pasar por refrendo popular, para algunos no fue el mejor principio para asegurar la inclusión de todos los navarros en el marco común de unas instituciones aceptadas y compartidas. Pero a partir de esa realidad se debiera haber trabajado más en reforzar la legitimación del marco político potenciando la integración política, cultural, lingüística y social de los diversos sectores que forman nuestra comunidad; quienes más tenían que aportar en esa línea por detentar las mayores cuotas de responsabilidad institucional no siempre han seguido esa línea y han llevado una situación de penosa disgregación y enfrentamiento en algunos temas básicos para la convivencia que requieren una urgente e importante reconsideración y revisión de comportamientos.

Partiendo de la concepción elemental de que el juego limpio, respetuoso y trasparente de las mayorías y minorías debe ser la base sustancial del sistema democrático, debemos decir que siguen existiendo múltiples mecanismos legales y fácticos que protegen a quienes defienden con rigidez el marco político actual y se oponen a cualquier cambio, lo cual no sería objetable si no fuera porque se hace en perjuicio de otros que perciben que han de afrontar y superar gravísimos obstáculos para simplemente defender sus no menos legítimos proyectos de interpretación, reforma o sustitución de ese marco político.

Para mejorar sustancialmente la igualdad de oportunidades y potenciar el pluralismo político y la participación, que son elementos esenciales del sistema democrático, debiera admitirse por todos la misma legitimidad de las posiciones que se oponen a cualquier modificación del marco político como de las que defienden interpretaciones más flexibles de la Constitución y del Amejoramiento y de las que defienden incluso reformas de estas normas por métodos democráticos.

El debate sobre medidas como la posibilidad de convocar referéndum o consultas populares en Navarra; la posibilidad de la iniciativa parlamentaria, y no sólo gubernamental, en la propia reforma del Amejoramiento; la mayor flexibilidad en las relaciones y en la celebración de acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas, incluso cuestionando la prohibición de federación entre ellas; una equiparación de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos navarros, al margen de la zona en la que habiten; el reconocimiento a Navarra de la facultad a decidir en exclusiva la forma de elección del Presidente del Gobierno y de convocatoria de elecciones; la defensa de los propios intereses y competencias en el seno de las instituciones europeas, potenciando la participación de las Comunidades Autónomas en ellas, así como el incremento de la representación autonómica en los comités y grupos de trabajo de la Comisión Europea; el desarrollo del Estado autonómico con perspectiva federalizante; etc., debiera admitirse con normalidad como oportunidad de profundizar en nuestro sistema de autogobierno.

Por desgracia, más de una vez la simple formulación de éstas y otras propuestas que se hallan en la agenda de diversas fuerzas políticas es contestada desde el Gobierno de Navarra y otras instancias como un ataque antidemocrático contra un marco político que se predica permanente e inalterable, cuando no contra la propia identidad de Navarra, que se atribuye a enemigos exteriores o interiores de los intereses de los navarros y navarras.

La defensa de las distintas concepciones de los navarros para el presente y el futuro de nuestra comunidad se ve coartada cotidianamente por una política desde instancias oficiales que ha ido evolucionando, salvo algunas excepciones, hacia la imposición de una concepción exclusivista de la identidad de Navarra, que rechaza y demoniza otras opciones como "antinavarras", y en particular atacando descaradamente uno de los pilares del sentimiento de identidad de muchos navarros, la lengua vasca. Especialmente grave para conseguir la mínima integración política y social en este último tema han sido las reiteradas actuaciones del Gobierno de Navarra que, yendo más allá de la falta de sensibilidad que ha demostrado la mayoría de miembros del partido que lo sustenta, inciden en la provocación y el desprecio hacia lo que piensan, desean y defienden legítimamente miles de navarros. No puede darse otra calificación a la eliminación de rótulos, carteles o membretes bilingües de las dependencias del Gobierno y sus organismos, y a tratar de imponer esos criterios a todas las entidades en las que se puede influir, como la Administración de Justicia; o la increíble desaparición del euskera de las máquinas automáticas de cobro en la zona azul de Pamplona, mientras se mantiene el inglés y el francés. ¿Qué sentido tiene el desalojo policial y la detención de unos estudiantes, trabajadores y profesores de la UPNA que protestaban pacíficamente contra la discriminación en las enseñanzas en euskera?

Que la política del ejecutivo foral no se limita a proteger de una supuesta discriminación a quienes no hablan euskera sino que se dirige a dificultar el uso y la extensión de esta lengua queda de manifiesto en la dimisión de los responsables de la Dirección General de Política Lingüística y de los miembros del Consejo del Euskera, nombrados por el propio Gobierno de Navarra, que se unieron a la permanente contestación en los sectores sociales más sensibilizados con la normalización y el reconocimiento de los derechos de quienes quieren comunicarse en euskera o simplemente defenderlo de su recesión.

La disponibilidad de mayorías absolutas parlamentarias, en unos casos, o de mayoría simple sin amenaza de pérdida del gobierno en otros, genera la tentación permanente de imponer políticas basadas en el interés partidario y no en la búsqueda de consenso político y social. Los intentos de mayor participación ciudadana en las decisiones políticas se cortan de raíz y se descalifican con argumentos poco sostenibles. Los ciudadanos perciben que por parte de quienes dirigen la Administración foral se ayuda al amigo, se potencia al correligionario, se castiga al discrepante, se abusa de las influencias y se potencian núcleos de poder partidistas y sectarios

Navarra, después de un cuarto de siglo desde la muerte de Franco, pasa por uno de los peores periodos en lo que se refiere a su integración política y lo que es más grave, se siguen poniendo las bases para que cada vez sea más difícil el entendimiento en temas que debieran ser resueltos con la simple aplicación de los principios elementales de la democracia. Esto es, no con la imposición de las mayorías sobre minorías que ven cerradas todas las puertas para hacer posibles sus proyectos políticos o el desarrollo de su propia identidad, sino estableciendo cauces de diálogo y consenso, no sólo político sino también y principalmente social. El reto democrático para Navarra está en avanzar en un marco jurídico y político que sea capaz de integrar a todos los navarros desde el respeto de todas las ideologías, proyectos políticos y sentimientos de identidad en pie de igualdad, en el reconocimiento real de los derechos y aspiraciones de las minorías y en una cultura de tolerancia y comprensión de las diferencias, siempre con respeto a las normas democráticas.

Mientras tanto la violencia que sigue practicando ETA, además de la valoración ética o política que merezca, es la mejor coartada para justificar políticas de confrontación, imposición e intolerancia. Acabar con esta situación es uno de los objetivos prioritarios que debieran plantearse todas las organizaciones políticas navarras sin distinción.

 

 

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