EL REFERÉNDUM COMO CHANTAJE
En algún sitio leí que para conseguir un auténtico césped al estilo inglés la fórmula consiste en remover la tierra, sembrar, abonar, y luego regar y segar durante doscientos años. Supongo que una democracia al modo británico requiere más o menos lo mismo, así que en este país nos faltan solamente un par de siglos de experiencia para adquirir la suficiente cultura democrática. Digo esto porque, si bien nos vamos acostumbrando poco a poco a votar para elegir a nuestros representantes, estamos mucho menos habituados a votar en consultas directas a la ciudadanía, como es el caso del referéndum sobre el tratado constitucional europeo el próximo 20 de febrero.
Para nuestra desgracia, el referéndum lo introdujo en nuestro país la dictadura franquista. Las primeras consultas fueron en 1947, en torno a la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, y en 1966 sobre la Ley Orgánica del Estado. Como es lógico en un sistema autoritario, más que cauces para la participación de la ciudadanía se plantearon como plebiscitos donde en ausencia de libertades no se daba otra opción que la de adherirse incondicionalmente al régimen. El voto negativo suponía ponerse del lado del caos, de “la barbarie roja”, como dijo el Presidente de las Cortes, de la ruptura de la patria, en suma de los enemigos de España (mi padre contaba que votó nulo; en la papeleta escribió “España, sí; Franco, no”). Otra consulta sin garantías, con los partidos políticos todavía en la ilegalidad, tuvo lugar en 1976 en torno a la Ley para la Reforma Política.
En realidad, solamente hemos tenido opción de votar más o menos en libertad dos veces; para aprobar la Constitución en 1978, y para quedarnos en la OTAN en 1986. Esta es, por tanto, solamente la sexta vez en toda la historia de España en que nos llaman a los ciudadanos a votar en referéndum (al margen de las consultas que sólo afectaron a una Comunidad Autónoma en relación con sus estatutos). Por hacer alguna comparación; nuestros vecinos franceses empezaron a ser consultados ya con Napoleón, y desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy han votado en diez ocasiones, y próximamente lo harán por undécima vez sobre la Constitución europea. En los últimos treinta años el proceso de construcción europea ha sido causa para la celebración de más de cuarenta consultas en diversos países, sea con motivo del ingreso de nuevos miembros o de la ratificación de nuevos tratados. Ninguna de ellas ha tenido lugar en España, donde la del próximo 20 de febrero será la primera.
Con estos antecedentes no resulta raro que cada vez que nuestros gobernantes se dignan a llamarnos a votar en referéndum nos lo sigan planteando como un “o yo, o el caos”. En 1986 a una ciudadanía que, según las encuestas, era contraria a la pertenencia a la OTAN se le convenció a través de una campaña de propaganda masiva para que votara justamente lo contrario. Abundaron argumentos tales como que el ingreso en la Comunidad Europea de ese mismo año estaba condicionado a la pertenencia a la OTAN; o que votando “no” quedaríamos excluidos de Europa. En esta ocasión vuelven a la carga con parecidas razones. El ex presidente Felipe González ha alertado de la "grave crisis de difícil gestión" y la importante "regresión en la construcción europea" que supondría una hipotética victoria del “no”. Cándido Méndez, secretario general de UGT, alega que "si se bloquea la ratificación de la Constitución, quienes tendrían el campo abonado serían los partidarios de la política de Bush". El diputado del PSOE Diego López Garrido ha escrito que si el “no” triunfa “el proceso de construcción de la UE podría quedar bloqueado”. El eurodiputado Carlos Carnero va más allá: “Si ganara el ‘no’ equivaldría a que España se va de la Unión Europea". Si las cosas son así, uno no entiende porqué han adoptado la irresponsable decisión de darnos siquiera la ocasión de votar.
Lugar común de esta campaña es la invocación a los fondos europeos que ha recibido España desde 1986, que sin duda estará generando subliminalmente la falsa idea de que un voto negativo al tratado constitucional conllevará desde Bruselas el cierre del grifo, cuando no la exigencia de devolución de lo ya percibido. O los equívocos argumentos en torno a la necesidad de votar “sí” a Europa, cuando lo que se está votando es otra cosa (a uno le tienta seguir el ejemplo paterno y escribir en la papeleta, salvando las distancias, “Europa, sí; Durão Barroso, no”).
Poco parecen haber cambiado las cosas en cuarenta años; los que propugnamos el “no” en el referéndum no somos reconocidos como ciudadanos que en el ámbito de una democracia pluralista ejercemos el legítimo derecho de optar por una de las opciones posibles. En el discurso oficial seguimos recibiendo una consideración poco mejor que la de enemigos de España; somos quienes ponemos en peligro la construcción europea; los que no hubiéramos permitido la creación de la Unión Europea si hubiera dependido de nosotros; los que nos oponemos al progreso; los agentes encubiertos que no pudiendo ya estar al servicio del oro de Moscú, que en paz descanse, ahora estamos trabajando para el oro ¡de Washington!
No nos extrañemos. En este país nunca ha estado tipificado como delito no consultar a los ciudadanos, pero actualmente (mientras las Cortes no lo remedien, según está anunciado) es delito en determinadas circunstancias convocar un referéndum. Para algunos, de las posibles consecuencias del extinguido (al menos en cuanto a tramitación parlamentaria) Plan Ibarretxe, la más aterradora era que diera lugar a la convocatoria de un referéndum. Que los ciudadanos puedan decidir libremente sigue siendo, entre nosotros, peligrosísimo.
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