Porque todavía es posible la paz, porque todavía es más necesaria, y sobre todo, porque la iniciativa del proceso de paz no puede depender de las decisiones de un grupo de iluminados con capirote que no creen en la paz.

En esto estoy de acuerdo con el ministro Mayor Oreja; ETA no quiere la paz. Pero esa no es la cuestión. No creo que nadie, en los últimos meses, haya creído cándidamente que ETA a partir de la declaración de alto el fuego de septiembre de 1998 se había convertido en una congregación de hermanitas de la caridad. Otra cosa es que muchos hayamos pensado que esa declaración abría una oportunidad nueva para avanzar en un proceso de paz. Un proceso de paz que no puede reducirse a que ETA no mate; debe ser –y en esto tengo que coincidir en la expresión de Arnaldo Otegui- una paz con contenidos.

Entiendo que los contenidos de la paz deben ser principalmente tres: establecer un marco de convivencia integrador y aceptable para todos, hacer desaparecer la amenaza terrorista –que es tanto como lograr la desaparición de ETA- y lograr la reconciliación de la sociedad vasca –que incluye la reparación a las víctimas del terrorismo y la reinserción social, en su momento, de los presos-. Estos contenidos están interrelacionados entre ellos de modo que difícilmente se puede conseguir uno de ellos sin los otros; pero tampoco se puede condicionar la consecución de uno de ellos a la consecución de otro. La dificultad es que cada uno de ellos implica procesos y protagonistas diferentes; pero en todo caso creo que la principal responsabilidad de liderar el proceso –responsabilidad que hasta ahora no ha asumido- recae en el Gobierno central.

El problema de la convivencia deriva de la división de la sociedad vasca en dos mitades que exigen marcos políticos diferentes y aparentemente incompatibles entre sí. Una mitad, aproximadamente, es nacionalista y desea un ente político vasco soberano integrado por siete herrialdes separados de España y de Francia, naciones de las cuales no se siente parte; otra mitad –bastante más de la mitad, si contamos Navarra y País vasco-francés, donde el nacionalismo es muy minoritario- rechaza la independencia y quiere seguir integrada en España –y Francia- en las condiciones actuales. Evidentemente esta situación sólo se resuelve si ambas mitades admiten, en primer lugar, que esa es precisamente la situación; y que ambos proyectos políticos son legítimos y defendibles siempre que lo hagan por vías democráticas y pacíficas. Eso debería excluir descalificar a los no nacionalistas como enemigos de Euskal Herria, que pretenden su destrucción y están al servicio de naciones extranjeras, o afirmar que los nacionalistas por naturaleza son violentos y antidemócratas y que su proyecto independentista no cabe en la Constitución. La independencia –como casi cualquier otra pretensión política- no figura hoy expresamente en la Constitución española, pero cabe en ella porque no es un libro sagrado, como pretendieron serlo las Leyes Fundamentales del franquismo, con unos Principios del Movimiento Nacional "permanentes e inalterables", sino una norma fundamentada en la soberanía popular que puede reformarse. A través de su cláusula de reforma la Constitución puede incluir lo que hoy no está en su articulado; puede asumir la República, el federalismo, la autodeterminación, la independencia, la vuelta del centralismo, la integración de Gibraltar, la unión de España y Portugal o el retorno de la capital de España a Toledo. Siempre y cuando existan mayorías suficientes para poner en marcha el procedimiento de reforma.

A partir del reconocimiento mutuo es posible un diálogo –difícil, pero posible y necesario- entre las fuerzas políticas, exclusivamente entre las fuerzas políticas, sobre una solución de compromiso entre los dos proyectos. Que indefectiblemente debe partir de la situación actual, es decir: Constitución, Estatuto vasco, Amejoramiento del Fuero –el marco político que ha sido refrendado en las urnas-, pero que no puede excluir su reforma, así como la de cualquier otra ley, si se logra el consenso necesario –y sólo con ese consenso, sin imposiciones-. ¿Hay que recordar que en el proceso de paz de Irlanda del Norte se han producido modificaciones constitucionales tanto en el Reino Unido como en la República de Irlanda? ¿Y que lo mismo ha sucedido en el proceso de paz entre palestinos e israelíes?

Este proceso de diálogo político, evidentemente, excluye a ETA. Esta organización no representa a nadie y su único argumento es la violencia. No tiene nada que decir sobre el futuro de los vascos. Su única salida es el abandono de las armas. Y esto es lo que deben exigirle las fuerzas políticas –todas, principalmente EH- y de lo único que el Gobierno tiene que hablar con ella. El principal problema hasta ahora no ha sido que ETA exista, amenace y mate, sino que lo ha hecho con el apoyo o la comprensión de una parte –minoritaria pero significativa- de la sociedad vasca. Para que ETA desaparezca es imprescindible que desaparezca el respaldo social que ha tenido hasta el presente; y para ello, quienes en el pasado han justificado la violencia de ETA –esperemos que no lo hagan ya, y que la postura de EH a favor del mantenimiento del alto fuego vaya en esa dirección- deben integrarse en el marco de convivencia del que hablaba en los párrafos anteriores.

Y en tercer lugar, sólo si se avanza en lo expresado hasta aquí será posible una reconciliación. Y esta reconciliación exige reconocimiento y compensación –económica y moral- a las víctimas del terrorismo y reinserción social de los presos –que, conforme a la Constitución, es el último objetivo de las penas de privación de libertad-. Esta reinserción exige el acercamiento de los presos a centros penitenciarios cercanos a sus lugares de origen. Y este acercamiento es también un factor necesario para crear el clima propicio para establecer ese diálogo que conduzca a establecer un marco de convivencia. Porque detrás de los presos se hallan sus familiares y allegados, a los que no se debe seguir castigando con la dispersión y a los que hay que integrar en ese marco común de convivencia.

Creo que el Gobierno central no puede quedarse cruzado de brazos ante el cese del alto el fuego por parte de ETA. No puede limitarse a las medidas policiales –necesarias, pero insuficientes- y a repetir que los malos son los etarras y quienes les hagan el caldo gordo. El discurso de mera resistencia es comprensible en el PP, una de las principales víctimas de las acciones terroristas en los últimos años, pero no es disculpable en el Gobierno. Creo que se le debe exigir, incluso, que tome la iniciativa del proceso de paz y no deje el protagonismo a ETA. Porque parece que depende de ETA que avance o no un proceso de paz, y esto no es democráticamente admisible.

El Gobierno tiene tres frentes abiertos; un frente político, en el que debiera promover una mesa de diálogo entre todas –todas, incluida EH o HB- las fuerzas políticas; un frente policial, en el que debe proteger a los ciudadanos, perseguir a los autores de delitos y ponerlos a disposición judicial, y de paso, si puede, forzar a ETA para que abandone las armas; y un frente de política penitenciaria, en el que debiera afrontar el acercamiento de los presos y potenciar las medidas de reinserción.

Hasta el presente, la actitud del Gobierno en estos frentes ha sido, en mi opinión, errónea. En el frente político ha sido pasivo, se ha negado a dialogar con HB y ha preferido aplicarle medidas policiales –como el encarcelamiento de su Mesa Nacional-; paradójicamente, se ha ofrecido a dialogar con ETA si mantenía la tregua, legitimando así las aspiraciones de ésta de tener un papel político activo; y en cuanto a los presos, renuncia a una política penitencia acorde con la Constitución para utilizarlos como moneda de cambio con ETA, convirtiéndolos en rehenes. Un Gobierno democrático debiera tratar a los líderes de HB no como a enemigos a quienes hacer prisioneros sino como a ciudadanos españoles a los que debe integrar en el juego político; y no debiera admitir que la suerte de otros ciudadanos –los presos- dependa de las actitudes de una organización terrorista. El Gobierno debiera dialogar sobre la cuestión de los presos principalmente con las fuerzas políticas y con los propios presos, no con ETA.

Y una advertencia final. En un sistema democrático los ciudadanos tenemos el derecho –y diría que la obligación- de criticar al Gobierno. Y si critico al Gobierno es porque de antemano reconozco su legitimidad democrática –aunque no sea el Gobierno que yo hubiese elegido, pero es el Gobierno que ha resultado de las urnas- y creo que se le debe exigir mucho en este momento. Evidentemente, aunque haga responsable al Gobierno de adoptar en este momento medidas decididas -"Ya sabemos que los que asesinan son asesinos. Pero sería estupendo que los que gobiernan fueran estadistas", ha escrito con acierto Máximo- no le hago culpable del cese del alto el fuego de ETA. No haría falta decirlo –aunque si no lo hago, Dios sabe de qué me acusarán-, pero criticar lo que, en mi opinión, es una política equivocada del Gobierno no supone justificación alguna de ETA, de sus tesis, motivos ni crímenes, ni rehuye su condena o desaprobación. Pero en cuanto a ETA me limito a remitir al lector inteligente a sus comunicados; ETA se descalifica a sí misma sin necesidad de ayuda.