UN
PROBLEMA DE DEMOCRACIA
Es
clásico en la ciencia política el tema de la incidencia de los partidos
políticos en el funcionamiento del sistema democrático. Hace años que
García-Pelayo (El Estado de partidos) explicaba que hoy el Estado democrático
no tiene más remedio que configurarse como Estado de partidos porque sólo éstos
son capaces de sistematizar las demandas sociales y elevarlas a las
instituciones y que las decisiones públicas respondan a los intereses de la
mayoría. Claro que esto tiene sus consecuencias, algunas poco deseables. Cuando
varios órganos estatales están ocupados por el mismo partido político la
autonomía de esos órganos disminuye y “ceden las líneas de separación entre sus
poderes y competencias”.
La
cuestión es especialmente palpable en las relaciones entre el Gobierno y el
Parlamento. Si la teoría nos dice que en un sistema parlamentario el segundo,
elegido en representación de la ciudadanía, designa y controla al primero, la
realidad puede ser otra. Tanto el Gobierno como el Parlamento pueden
convertirse en simples ejecutores de las decisiones adoptadas en el seno de un
partido o de una coalición de partidos. Peligra el equilibrio de poderes, tanto
la autonomía del legislativo como el control parlamentario sobre el ejecutivo.
La desnaturalización de la
democracia parlamentaria variará de grado en función de la configuración del
sistema de partidos y de su organización interna. Cuanto más simple el sistema
de partidos, mayor concentración de poder; máxima con partido único, intensa en
el bipartidismo y más atenuada en la medida en que mayor pluralidad de partidos
aumente la posibilidad de generar alternativas y de reflejar el pluralismo del
electorado y exija mayor debate y capacidad de compromiso y pacto entre los diversos
partidos. Cuanto más centralizada, jerarquizada y disciplinada sea la
organización de los partidos políticos asimismo mayor será el riesgo de que el
poder estatal resulte centralizado y se inmunice frente a los límites y
controles constitucionales. Cuanto más abierta, plural y participativa sea la
vida interna de los partidos mayores posibilidades de que esos valores se
comuniquen a las estructuras estatales.
En un
Estado descentralizado, sea federal o regional, esta problemática se traslada a
las relaciones entre poder central y poderes territoriales. García-Pelayo se
limitaba a señalar que si los órganos centrales y autonómicos están ocupados
por el mismo partido de ámbito nacional disminuirán los conflictos de
competencias. Está claro que si hay menos conflictos es porque también hay
menos autonomía. Las decisiones se centralizan, no tanto en los órganos del
Estado como en los órganos del partido gobernante. Un sistema estatal
formalmente descentralizado puede encubrir de hecho un sistema muy centralizado.
Se ha puesto como ejemplo de esta situación a la Unión Soviética, donde un
régimen teóricamente federal que reconocía incluso el derecho de secesión en la
práctica mantenía un férreo centralismo debido a la rígida jerarquía y
disciplina del partido único. No es extraño que la crisis del PCUS llevara como
consecuencia a la ruptura y desaparición del propio estado soviético.
En
Navarra acabamos de experimentar las consecuencias de este estado de cosas,
aunque con ciertas peculiaridades. Las características de nuestro sistema de
partidos, especialmente complejo, ya que el sistema español de partidos se
compone de diversos subsistemas algunos de los cuales, como el navarro, tienen
rasgos propios muy acusados, condicionan, como no puede ser de otro modo, no
sólo la formación del Gobierno de Navarra sino incluso el propio grado de
autonomía de que puede disponer la Comunidad Foral. Como en otras comunidades
con acusada personalidad política y aspiración a un elevado nivel de
autogobierno, nuestro subsistema de partidos ha evolucionado en el sentido de
que las decisiones que afectan a Navarra se puedan adoptar en Navarra. En unos
casos han surgido fuerzas políticas exclusivamente de ámbito foral, sin
referencia exterior; en otros casos son partidos integrados en organizaciones
federales; en un caso, UPN, es una fuerza de ámbito navarro ligada a otra de
ámbito estatal mediante un pacto cuasifederal; en otros, en fin, son partidos
que han descentralizado su organización y reconocido la especificidad navarra (como
los hoy unidos en Nafarroa Bai, una coalición autóctona).
Y sin embargo, la decisión sobre la configuración del próximo Gobierno de Navarra no se ha tomado ni en el Parlamento de Navarra ni tan siquiera en el seno de las fuerzas políticas navarras. Ha sido en la calle Ferraz de Madrid, por los órganos centrales del PSOE, y en contra de la voluntad unánime de los órganos del PSN. A diferencia de otra fuerza federal como IU, donde estatutariamente se proscribe que los órganos federales puedan imponer candidaturas, programas o alianzas a las federaciones, en el PSOE su supuesto federalismo se concibe como una mera organización descentralizada territorialmente donde todas las decisiones importantes se concentran en su ejecutiva federal y donde priman los valores de jerarquía y disciplina. Ha quedado claro que el PSN no es ni el PSC, partido distinto y autónomo que sí puede tomar sus decisiones en contra de los criterios del PSOE (así lo demostró Montilla al formar ejecutivo tripartito desoyendo las indicaciones de Ferraz de entregar el poder a CiU), ni el PSE, al que por las específicas condiciones de la política vasca se le permiten ciertas alegrías, ni tan siquiera el PSG, que también disfruta de algún margen para su política de alianzas. Pero si dentro del PSOE el PSN es una federación más sometida a sus órganos centrales y dotada tan sólo de cierta autonomía funcional para los asuntos de trámite, dentro de Navarra el PSN lleva camino de convertirse en una curiosa excepción.
Excepción,
porque su sumisión a la rígida organización central del PSOE no tiene
equivalente directo en las demás fuerzas políticas navarras. Y curiosa, porque
sus efectos son ciertamente insólitos. No tanto porque esa sumisión a los
intereses del PSOE a nivel nacional/estatal (táchese lo que no interesa)
suponga una merma en el grado de autogobierno de Navarra. Ya he dicho que la
centralización partidista se traduce en centralización estatal, y a esta regla
no escapa el régimen foral de Navarra por muchas peculiaridades propias que le queramos
adjudicar. Lo realmente curioso es que la consecuencia de ello sea la entrega
del poder a la derecha navarra, la misma que proclama como valor fundamental la
defensa de la identidad de Navarra. Identidad que, visto lo visto (la alegría
con la que UPN acepta que el futuro de Navarra se decida en Madrid), no
significa tanto capacidad de autogobierno, capacidad de la ciudadanía navarra
para decidir su presente y su futuro, sino garantía de que nada cambie para que
todo siga igual, para que sigan gobernando siempre los mismos al margen de lo
que vote la mayoría de los navarros.
En fin, un partido que se define de izquierdas cuya misión histórica parece ser asegurar el poder de la derecha (y van tres...); que se define autonomista pero que garantiza que las decisiones trascendentales sobre Navarra se adopten fuera de Navarra; que se reclama federalista y foralista pero que en su organización interna huye de los mecanismos del consenso, del pacto y del compromiso propios de esas etiquetas y apuesta por la unidad y la disciplina. Un partido que, a día de hoy, es el mayor obstáculo para la capacidad efectiva de la ciudadanía navarra de ejercer el poder de decidir, y también el mayor problema para que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra que se sienten de izquierdas puedan albergar alguna esperanza de que en un futuro próximo quepa en nuestra comunidad la alternativa y la alternancia frente a la derecha que nos gobierna desde casi siempre. Un partido así debiera cambiar mucho si no quiere seguir siendo un problema para la democracia en Navarra.
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