Por si alguien no lo ha notado, hace tiempo que estamos en campaña. Dice la ley que la campaña electoral consiste en el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que, con esta definición, la campaña electoral es una actividad esencial y permanente de los partidos políticos. Pero con bastante ingenuidad –o perfidia, no sabría decirlo- nuestra normativa electoral prohibe hacer campaña a partir de la convocatoria de elecciones hasta dieciséis días antes de las elecciones; y lo prohibe de nuevo el día anterior –la jornada de reflexión- y el día de la votación. Aunque esto queda inmediatamente descafeinado cuando la ley dice que todo sin perjuicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

La traducción práctica de todo esto es que el grueso de la campaña electoral se hace en un período que la ley no considera campaña electoral, y que nos hemos acostumbrado a llamar con el eufemismo de precampaña. La diferencia entre campaña y precampaña consiste, a mi entender, sólo en dos cosas. Primero, que en precampaña la propaganda electoral debe evitar la consiga de "vota a…" y obliga a un mayor esfuerzo de imaginación para diseñar los lemas electorales. Y segundo, que en la precampaña quien hace principalmente campaña es el Gobierno.

La regulación legal debería establecer un sistema de garantías para que durante la campaña electoral todas las candidaturas tengan, más o menos, igualdad de oportunidades. En la realidad lo que sucede es que la campaña electoral se divide en tres partes. En la primera parte, antes de la convocatoria de elecciones, el Gobierno –y me da igual cuál, el central o el autonómico, el actual o el anterior- no tiene límites a la hora de hacer campaña –para eso tiene todo el aparato propagandístico oficial, especialmente las radios y televisiones públicas y paraoficiales-, y además la puede planificar con la ventaja de conocer antes que nadie la fecha de las elecciones. La oposición carece de la menor protección legal. En la segunda fase, a partir de la convocatoria, empieza a haber algunos límites, las juntas electorales empiezan a controlar ciertos aspectos. Es el momento en que el Gobierno lanza campañas institucionales, hace balances, presenta grandiosos proyectos que tenía en el cajón, sube o promete subir las pensiones, inaugura obras, sus miembros padecen una súbita manía viajera. La oposición se lanza también a la presentación de programas, de candidatos, de balances, pero, claro está, en evidente desventaja.

La tercera y última parte es la campaña electoral legal, los quince días donde se supone que hay que captar los sufragios, aunque para entonces casi todo el bacalao está cortado y repartido. Las juntas electorales funcionan a pleno rendimiento para controlar el reparto de los espacios electorales en radio y televisión y asegurarse de que ningún partido abusa de ellos, como hasta entonces ha abusado el Gobierno. El Gobierno, y su partido, sigue haciendo campaña, pero el trabajo fundamental ya está hecho. En esos quince días la propaganda electoral se convierte en un confuso coro donde todos cantan a la vez y lo más alto posible con partituras diferentes, con lo cual se asegura un resultado ininteligible. El ciudadano que antes del inicio de la campaña electoral oficial no tenía el voto decidido lo tiene difícil para decidirse con la algarabía que se le viene encima.

El desplazamiento de la campaña electoral real al período de la precampaña y la situación de ventaja para el Gobierno de turno que viene consagrada por la ley quedó perfectamente expresada en las pasadas elecciones de junio. El presidente Aznar, unas pocas horas antes del inicio de la campaña electoral oficial, acudió a un acto en Pamplona que cínicamente se denominó "clausura de la precampaña". El mensaje implícito estaba claro: hasta aquí hemos llegado con la campaña electoral en solitario, hemos hecho todo lo que hemos podido para explotar nuestra situación de ventaja, a partir de aquí que vengan todos los demás a recoger las migajas.

Tras la campaña electoral oficial, un período en que los candidatos logran –logramos, no estoy libre de culpa, el lector sabe que soy uno de ellos- poner a prueba el aguante de los electores (ojalá, al menos, que cambien la televisión por el cine o la lectura durante esos días), llega la jornada de reflexión. Un día de descanso, para electores y candidatos, que sabe a gloria. Aunque sigue habiendo campaña, claro está, sólo que enlatada. Los carteles siguen en las calles y los medios de comunicación dan cuenta de los últimos mensajes.

Como víctima de la regulación actual de la campaña electoral sugeriría algunas reformas. Primero, que la ley admita que la campaña electoral se desarrolla permanentemente y no sólo en quince días determinados. Segundo, que los organismos competentes, las juntas electorales, funcionen de continuo para proteger a electores y candidatos, y no sólo a partir de la convocatoria formal. Y tercero y más importante, que el día de reflexión se amplíe a todo el mes anterior al día de las elecciones, con lo cual tanto electores como candidatos llegarán en mucho mejores condiciones –políticas, físicas y mentales- al momento de la votación.