POR ENCIMA DE LA LEY

No habrá sorprendido la noticia de que una sentencia judicial anula la adjudicación que hizo el Ayuntamiento de Pamplona de la construcción y gestión del aparcamiento de la Plaza del Castillo. No habrá sorprendido porque es la tercera vez que sucede. Que un acto administrativo se anule tres veces quiere decir que el Poder Judicial se ha equivocado tres veces seguidas o que el Ayuntamiento actuó de forma muy chapucera. Que cada cual escoja lo que más le satisfaga.

Un miembro del equipo de gobierno municipal se limitó a comentar que se trataba de una sentencia más sobre lo mismo; otro, que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el aparcamiento va a seguir funcionando igual que si las sentencias no hubieran sido dictadas. Revelan ambas afirmaciones una arraigada concepción sobre el funcionamiento administrativo que no es monopolio del consistorio pamplonés: lo importante es seguir para adelante, no importa lo que diga la ley o digan los jueces. Frente al derecho, importa crear situaciones de hecho que resulten irreversibles. El ciudadano, que no suele entender de leyes, valorará como labor eficaz la construcción del aparcamiento (o del embalse, o de la autovía, o el encarcelamiento del presunto delincuente, o la desaparición del presunto terrorista, o cualquier otra actuación expeditiva) y no la sujeción del procedimiento al ordenamiento jurídico. En última instancia, el expediente siempre se puede rehacer, e incluso las leyes ser cambiadas. En ultimísima instancia, las improbables condenas penales también pueden ser objeto de indulto. Pasará el tiempo, prescribirán las responsabilidades, caducarán los expedientes, se olvidarán las sentencias. El aparcamiento, el embalse, la autovía quedarán allí.

Cualquiera que conozca el funcionamiento de la Administración Pública sabe que cuando sus responsables carecen de escrúpulos y se empeñan nada ni nadie, ni la ley, ni los jueces, ni la opinión pública, les puede parar. La maquinaria burocrática puede arrasar cualquier resistencia e impedir que la hierba vuelva a crecer allí por donde pase, como se dice del caballo de Atila, o incluso más, hacer que crezca la hierba donde nunca hubo. Cierto que contra ella cabe obtener pequeñas victorias parciales. Pequeñas y parciales, porque se refieren a casos particulares no extrapolables y que no ponen en peligro la continuidad del sistema. Victorias muy costosas, porque el interesado habrá tenido que gastar abundante mala uva, tiempo y dinero en largos y lentos recursos que a la Administración apenas le hacen padecer, porque nunca tiene prisa y siempre tiene abundantes letrados que los mismos contribuyentes contra los que pleitea ayudan a costear.

Se puede sospechar a favor de quien operan las leyes; si protegen a los poderosos o a los débiles. En la antigüedad, estaba claro. Las leyes las hacían y las aplicaban los poderosos para imponerse a los débiles; y por eso las leyes no eran iguales para todos. Faltaría más. El Fuero General eximía de impuestos a los hidalgos y los hacía recaer en los villanos. Si un hidalgo hería o mataba a alguien podía librarse con penas de multa o destierro; un villano se arriesgaba a la muerte o a que le cortaran la mano. En los tiempos modernos, la ley es igual para todos porque debe proteger a todos, y eso quiere decir que ha de proteger más al débil frente al poderoso que al poderoso frente al débil, porque esto segundo no suele hacer ninguna falta. En un Estado de Derecho, incluso los poderes públicos se someten a la ley para que los ciudadanos queden protegidos en sus derechos frente a ellos. Esta es la teoría (hermosa teoría, sin duda); en la práctica… quien está en posición de poder está permanentemente tentado de abusar.

Los ciudadanos pueden estar tranquilos. El Ayuntamiento, más. Podrá recurrir las sentencias cuantas veces sea menester. Rehacer el procedimiento, enmendar los defectos legales; volver a recurrir si hay más sentencias. Iniciar nuevos expedientes si los anteriores no sirvieron para subsanar lo subsanable; dejar que pase el tiempo hasta que los recurrentes se aburran, los jueces se olviden, o se pueda alegar la imposibilidad de ejecutar las sentencias dado el tiempo transcurrido. Quien dirige el Ayuntamiento tiene experiencia previa. En su domicilio se denunció alguna pequeña irregularidad urbanística. Alegó ignorancia de la ley, el transcurso del tiempo, que todos sus vecinos habían hecho lo mismo. Probablemente valdrán todas esas excusas; todos los vecinos comparten la misma ignorancia de la ley. Valdrán también al Ayuntamiento sus excusas. El fin siempre justificó los medios. Estemos tranquilos; el aparcamiento está ahí, y seguirá ahí. Por encima de la ley.

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