Escribíamos hace unos meses, ante la perspectiva del inicio del ataque contra Iraq, que no veíamos justificada la decisión deliberada de iniciar una guerra que iba a provocar miles de muertos. Los datos más fiables hablan de unos siete mil muertos y veinte mil heridos solamente entre la población civil, sin contar combatientes, casi trescientos cincuenta muertos entre las fuerzas angloamericanas, y un número indeterminado entre las iraquíes que en ningún caso bajarán de varios miles de muertos o desaparecidos. Afirmábamos, además, que la guerra no iba a solucionar ningún problema, sino que posiblemente empeorara la situación internacional a medio y largo plazo.

Pasado algún tiempo desde que el presidente de los Estados Unidos dio por finalizada la guerra (afirmación que los hechos posteriores aconsejan poner en cuarentena, ya que la guerra de guerrillas o por medios terroristas que ha seguido a la guerra convencional entre ejércitos regulares ha producido ya muchos más muertos entre las fuerzas ocupantes) nos tenemos que reafirmar, por desgracia, en aquello que decíamos. La guerra contra Iraq ha derribado el régimen dictatorial de Sadam Husein; pero ni ha traído la paz, ni la democracia, ni siquiera la mejora de las condiciones de vida de los iraquíes. La práctica destrucción del Estado, la desaparición de servicios públicos esenciales y una situación de inseguridad y caos permanente es por el momento el resultado más visible de la guerra. Se nos dirá que ha pasado muy poco tiempo para llevar a cabo la reconstrucción de Iraq; pero a la vista de lo que sigue sucediendo en Afganistán, casi dos años después de su propia "guerra de liberación" protagonizada por las tropas norteamericanas (y que produjo más de tres mil muertos solamente entre la población civil), no hay mucho lugar para el optimismo. A Afganistán tampoco acaba de llegar la paz ni la democracia, sigue siendo un país fragmentado entre diversos señores de la guerra, siguen los combates aunque sea a una intensidad menor y el burka que se convirtió en símbolo visible de la opresión del régimen de los talibán sobre las mujeres no ha desaparecido salvo en las pocas zonas urbanas a las que alcanza la autoridad del gobierno sostenido por las tropas extranjeras.

Tampoco se puede decir que haya avanzado mucho la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos, uno de los supuestos frutos que iba a tener la campaña en Iraq según sus patrocinadores. En estos días naufraga estrepitosamente, sin que se vislumbre ninguna otra vía de solución, una "Hoja de Ruta" que no lleva a ninguna parte porque no guarda el mínimo equilibrio entre los compromisos exigidos a ambas partes. El gobierno de Israel sigue incumpliendo la legalidad internacional, no ha hecho el menor esfuerzo para acabar con las colonias en territorio palestino, mantiene un discurso antiterrorista mientras practica impunemente el terrorismo de Estado (los asesinatos cínicamente denominados "intercepciones selectivas", el fuego indiscriminado sobre la población civil o la demolición de viviendas donde se hayan refugiado presuntos terroristas), y ha agravado la situación al levantar su propio "muro de la vergüenza". Por otro lado, los grupos terroristas palestinos siguen en su carnaval de muerte contra la población civil israelí mediante sus atentados suicidas. La "Hoja de Ruta" no aborda la raíz del problema, la ocupación de los territorios palestinos y la represión que condena a la población árabe a la miseria y se convierte en el mejor caldo de cultivo del integrismo y la violencia.

Se nos puede reprochar que si nos reafirmamos en las reflexiones de hace meses es simplemente por esa tendencia tan humana a encastillarse en las propias opiniones al margen de cualquier argumento o evidencia exterior. Pero no parecemos ser los únicos en mantener esta postura. Una encuesta recientemente elaborada por el Instituto Opina para la Cadena Ser revela que solamente un 18,3 por ciento de los encuestados cree que la guerra de Iraq había tenido efectos positivos. El 64,2 por ciento opinaba que habían sido más los efectos negativos.

Pero si es muy preocupante desde el punto de vista humanitario el empeño de emplear la guerra como supuesto remedio del terrorismo y de otros problemas políticos internacionales y el desprecio por los males que causa, particularmente intranquilizador es desde una perspectiva política el empleo de la mentira por los gobernantes para justificar el inicio de la guerra. La misma encuesta antes citada indica que el 60 por ciento de los españoles cree que el gobierno de Aznar engañó a la opinión pública sobre las razones para atacar Iraq, haciendo buena la tópica afirmación de que la primera víctima de la guerra es la verdad. Un 70 por ciento era favorable al inmediato regreso de las tropas españolas, porcentaje que sin duda será mayor si como es previsible se ven envueltas en combate o en atentados.

La manipulación de los datos sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein (armas nunca usadas ni halladas) y la inminente amenaza de que fueran utilizadas contra otros países bien por el propio dictador iraquí o a través de Al Qaeda u otros grupos terroristas ha puesto en aprietos tanto al primer ministro británico, Tony Blair, que se enfrenta incluso a una investigación judicial a consecuencia del suicidio del experto en armamento David Kelly, como al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, sometido también a la investigación del Senado de ese país y a una creciente caída de popularidad.

En España no es previsible la menor investigación judicial ni parlamentaria sobre si el gobierno engañó a los ciudadanos. Por otro lado, las mismas técnicas demoscópicas que señalan que la mayoría de los ciudadanos creen que el gobierno mintió no prevén que el partido gobernante vaya a recibir una apreciable sanción electoral por ello. Se diría que la ciudadanía da por sentado que es normal la mentira en política. Y una conclusión todavía más alarmante para la salud de un sistema democrático sería que quizás los gobernantes dan por hecho que los ciudadanos van a aceptar las mentiras como un recurso político más y no van a exigir responsabilidades por ello.

Por desgracia hay algunos indicios objetivos más para pensar que el actual gobierno del PP no practica una política demasiado exquisita en cuanto a comunicación hacia los ciudadanos. Es reciente una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Televisión Española por manipular la información ofrecida en torno a la huelga general del 22 de junio de 2002 hasta el punto de violar derechos constitucionalmente reconocidos. Sentencia sobre la cual, por cierto, Televisión Española se ha abstenido de informar mientras se resuelve el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, manteniendo la misma línea de negar la existencia de lo que no conviene políticamente a los que dirigen la televisión pública. Por otra parte, el presidente y los ministros del gobierno español acostumbran a contestar a los opositores con el insulto y la descalificación; cualquier discrepancia es calificada como terrorismo o, al menos, como propia del "entorno terrorista".

La existencia de un régimen democrático exige algo más que la celebración de elecciones y la decisión por mayorías. Entre otras muchas cosas, requiere de ciudadanos bien informados y de gobernantes que sepan ganarse su confianza hablando y actuando con sinceridad. De ambas cosas se diría que sufrimos un agudo déficit.

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