No descubrimos nada diciendo que hoy vivimos en sociedades enormemente plurales. Más arriesgado resultaría afirmar que vivimos en una sociedad que haya asumido con total normalidad el valor del pluralismo. Pasar de la pluralidad, de la mera circunstancia de ser más de uno, al pluralismo, que supone aceptar y reconocer la pluralidad de ideas, doctrinas o modos de ser, suele provocar considerables resistencias.

El pluralismo es un valor moderno que ha ido avanzando en los últimos siglos hasta hacerse un hueco incluso en los textos constitucionales. A partir de la Reforma protestante, rota en Europa la unidad religiosa, se comenzó a cuestionar que los gobernantes pudieran imponer a sus súbditos un credo determinado, una verdad oficial, por encima de la conciencia personal. Muy lentamente, a través de revoluciones, guerras y persecuciones, se fue abriendo camino la idea de libertad religiosa. La Ilustración cuestionó, en nombre de la razón, que desde el poder se pudiera imponer una verdad oficial en cuestiones no sólo religiosas sino también políticas, económicas o sociales. El desarrollo de las ciencias, sorteando el peligro cierto de encumbrar al racionalismo como una nueva religión con sus propios dogmas, ha llevado a concluir que la mentalidad científica se asienta mucho más en la duda metódica que en el establecimiento de verdades oficiales; que es precisamente la crítica de lo que se da por cierto lo que contribuye al progreso humano. Las revoluciones liberales proclamaron, entre otros derechos inherentes al ser humano, la libertad de pensamiento y de expresión. El avance de las ideas democráticas asentó el pluralismo como ingrediente fundamental de un sistema donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar del ejercicio del poder público, y cada uno con sus propias ideas, programas políticos y formas de ser. En nuestro tiempo el pluralismo se entiende no sólo en sentido ideológico o político, sino también cultural, relativo a las formas de ser y de vivir. Si uno de los componentes esenciales de un orden jurídico democrático es la igualdad de derechos, hoy entendemos también que uno de ellos es el derecho a la diferencia.

Y sin embargo, pese a que la historia de las sociedades europeas en los últimos siglos ha sido la historia del avance del pluralismo, parece que con harta frecuencia surge también la reacción en contra. La tentación de establecer verdades oficiales, de homogeneizar las ideas y los modos de vida, de desconfiar de quien es diferente y de rechazar todo lo que nos resulta extraño anida permanentemente entre nosotros. En los últimos meses hemos asistido al debate de varias cuestiones en las cuales late, de fondo, la aceptación o el rechazo del pluralismo.

En junio del año pasado se aprobó la ley foral para la igualdad jurídica de las parejas estables. Una norma innovadora que se basa, precisamente, en la idea de que hoy los modelos de familia y de convivencia se han diversificado, que la familia tradicional sustentada en la unión matrimonial no agota ni de lejos la pluralidad de situaciones que se producen en el seno de nuestra sociedad, y que deben reconocerse iguales derechos a todas las personas al margen del modelo de familia o convivencia que elijan. Un principio, éste, que parecía estar ampliamente aceptado por la ciudadanía navarra. Y sin embargo, un aspecto concreto quedó envuelto en la polémica: si la igualdad jurídica debe alcanzar también a las parejas homosexuales, o si esa igualdad de derechos debía quedar limitada en algún aspecto, en particular, en la posibilidad de adopción en pareja. La insistencia de algunos críticos de esta ley en que su postura no es contra los homosexuales, y el tono general de la polémica, hace sospechar que en el fondo late la prevención en contra de la homosexualidad y la consideración de que solamente es "normal" (y por tanto aceptable) la orientación heterosexual. Frente al hecho de que no existe ninguna evidencia sobre supuestos perjuicios a la formación de menores educados con parejas homosexuales; pese a que tampoco es posible establecer con rigor científico que la homosexualidad sea ninguna anomalía, enfermedad o desviación; pese a que la existencia de cierto número de personas de orientación homosexual es lo "normal" en cualquier sociedad, algunos siguen manifestándose en el sentido de establecer discriminaciones legales con base en su creencia de que la orientación homosexual supone una perversión del orden natural. Aunque es evidente que en una sociedad pluralista cada cual es libre de mantener sobre la homosexualidad unas u otras convicciones (entenderla como vicio, como enfermedad, como una orientación tan natural como la heterosexual, como opción, etc.), no menos evidente es que ninguna de las consideraciones existentes puede elevarse a verdad oficial.

Más recientemente asistimos a los debates generados por la reforma de la llamada Ley de Extranjería. La nueva Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España del año 2000 se había elaborado en un clima de consenso entre partidos políticos y organizaciones sociales como un instrumento para afrontar el incremento constante de la inmigración y el hecho de que estamos abocados a convivir con un número creciente de personas de nacionalidad extranjera. Se aceptaba que sus derechos deben ser regulados adecuadamente y con criterios de generosidad para permitir su integración y una convivencia sin fracturas sociales importantes. Por el contrario, la reforma se ha hecho de forma impositiva por quienes adoptan una postura de prevención frente a los inmigrantes, por quienes temen tratarlos como personas iguales, quienes prefieren verlos como un peligro del que defenderse antes que como a "los miembros de la familia humana" a que se refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los principales derechos que se han restringido a los extranjeros sin papeles son los de reunión, manifestación, sindicación, huelga; curiosamente, los mismos derechos que los regímenes autoritarios y antidemocráticos de los dos últimos siglos han solido perseguir para reprimir a los sectores desfavorecidos y dificultar cualquier cambio social. Y se nos anuncian maniobras –no empadronamiento de inmigrantes sin papeles- que podrían impedir su acceso a la asistencia sanitaria. El ejemplo de los sucesos de El Ejido hace temer la tentación de que se practiquen políticas similares a las que bajo cínicos lemas como "iguales pero separados" han mantenido regímenes de segregación racial en Norteamérica o Sudáfrica.

Es triste que la adopción de una política inteligente de inmigración haya sido sustituida simplemente por una política de restricción de derechos de los inmigrantes. Una política que, además de injusta, va a ser poco efectiva. Mientras persista la pobreza y el subdesarrollo en los países del tercer mundo, mientras exista demanda de mano de obra en los países desarrollados, el flujo inmigratorio es imparable. Desconocerlo y limitarse a medidas restrictivas y policiales es querer poner puertas al campo. Empeñarse en la vía de la reforma de la Ley de Extranjería no denota sino temor ante quienes llegan de otro país y otra cultura, resistencia a integrar en nuestra sociedad al diferente, al "otro", la persistencia de esquemas simplistas de homogeneidad nacional a los que cuesta renunciar.

Y, finalmente, otra muestra de reacción contra la pluralidad la encontramos en el reciente decreto sobre el uso del euskera en la Administración y el plan del Gobierno de Navarra para su implantación, que guarda más de un paralelismo con la reforma de la Ley de Extranjería. Mientras la Ley Foral del Vascuence de 1986 y el decreto de uso de 1994 fueron normas largamente debatidas donde se intentó, con mayor o menor éxito, el consenso de diversos agentes políticos y sociales, el nuevo decreto de este año se impone de forma sorpresiva y unilateral, con poco más apoyo que el del gobierno que lo ha aprobado.

Mientras la Ley Foral del Vascuence ensalza la pluralidad cultural y lingüística de Navarra, algunos siguen manifestando su resistencia a admitirla. La supuesta defensa del uso del castellano, una lengua en absoluto amenazada, y de los supuestos derechos amenazados de los castellanoparlantes (un colectivo tan paciente que no se molesta en recurrir contra la discriminación para ingresar en la función pública o al ser atendidos en las oficinas administrativas, a juzgar por la ausencia de sentencias judiciales al respecto) apenas encubre el deseo de oficializar la homogeneización lingüística, con la única excepción de tolerar el euskera limitado en lo territorial y con vocación de quedar permanentemente relegada a lengua minoritaria de uso privado y restringido. Una postura tan poco defendible que los propios miembros del Gobierno de Navarra no se han sentido capaces de mantener públicamente la aplicación de lo que han aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Navarra (sustituir "inmediatamente" toda rotulación bilingüe en vías de comunicación, edificios oficiales, papelería, etc.) y han manifestado que la sustitución no será inmediata sino progresiva, en abierta infracción del principio de todo Estado de Derecho de que los poderes públicos son los primeros que están vinculados por las normas que aprueban. Mientras la política lingüística esté presidida por la consideración del desarrollo del euskera como un peligro, y de esta lengua como un arma política que hay que desactivar, todas las declaraciones de respeto al pluralismo lingüístico de Navarra no son sino palabras que se lleva el viento.