PERSECUCIÓN RELIGIOSA

Andan algunos sugiriendo indicios de persecución contra la Iglesia Católica, o de que el Estado laico implica poco menos que imponer una opción antirreligiosa. Si no fuera asunto tan serio sonaría a chiste en este país en que la Iglesia sigue siendo sostenida por los presupuestos del Estado; en el que buena parte de la educación está en manos eclesiásticas y en la enseñanza obligatoria existe la asignatura de religión; en que las procesiones van acompañadas de autoridades civiles; en el que la Iglesia es propietaria de emisoras de televisión y de radio y a nadie se molesta por ir o no ir a misa. Un país, éste, que nunca ha llevado hasta sus últimas consecuencias la separación de la Iglesia y el Estado, de modo que si este no es confesional la Jefatura del Estado parece que sí (se sigue exigiendo a las novias reales la conversión al catolicismo, antaño desde el anglicanismo o la ortodoxia griega, hoy desde el agnosticismo) y las Fuerzas Armadas también a la vista de la persistencia de los capellanes castrenses, las misas de campaña y los funerales por los caídos.

La alarma ha saltado con la polémica sobre la enseñanza de la religión. Para algunos no basta que esté presente en la enseñanza pública y que la impartan profesores designados por los obispos; es que además debe ser obligatoria y evaluable, como otras asignaturas. Algún obispo habla de “los derechos de los católicos” frente al Estado y al resto de la sociedad. Siempre he entendido que los derechos de los católicos son exactamente los mismos que los del resto de los ciudadanos. La fe puede aportar muchos bienes a la persona, pero ni un solo derecho más.

Creo que entre los derechos de los católicos está también el de diferir de ciertas orientaciones políticas de los obispos. Y somos unos cuantos los católicos partidarios del Estado laico, es decir, donde opere de verdad la separación con la Iglesia. No la vemos como amenaza ni persecución, sino como una oportunidad de depurar a la propia Iglesia de muchas cargas que la han ido lastrando a lo largo de la historia. Para que deje de presentarse como una institución que ejerce poder social y político, y prefiera influir con su mensaje y su ejemplo. A muchos nos gustaría que la Iglesia española deje de vivir del erario público y de dudosas inversiones; que los obispos se atrevan a confiar en los fieles para sostenerla, como sucede en otros países y como prevén los incumplidos acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Que confíen también en los fieles, y en la propia fuerza del evangelio, para la difusión de la fe, y no estén tan enganchados del poder público. Que no invoquen tanto el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para imponer una formación religiosa y moral controlada por los sectores más conservadores de la Iglesia a tantos niños cuyos padres no comparten todo lo que se enseña (¿de verdad la moral sexual en la que siguen empeñados los obispos responde a las convicciones de todos los padres?). Que no convierta la predicación del evangelio y la experiencia de la fe personal en Jesús en el adoctrinamiento en una religión devenida en ideología, muchas veces al servicio de determinados intereses políticos y económicos. Que la Iglesia sea más comunidad de creyentes y no tanto aparato centrado en mantener la ortodoxia moral, el patrimonio artístico o las obras sociales. Que tantos colegios religiosos se sacudan sus querencias clasistas y no sigan siendo sospechosamente discriminadores en relación con los inmigrantes, las minorías étnicas y los alumnos con necesidades especiales, que acaban mayoritariamente en la red pública.

Se pretende presentar este debate, legítimo en cualquier sociedad democrática, como un enfrentamiento entre católicos y laicistas antirreligiosos, e incluso como una suerte de persecución contra los primeros. Plantearlo en tales términos es lógico teniendo en cuenta lo que sucede en la propia Iglesia Católica, el proceso de reacción contra la apertura que obró el Vaticano II. La jerarquía monopoliza la expresión de lo que piensan, o deben pensar, los católicos. Los teólogos que discrepan dejan de enseñar en centros eclesiásticos y deben callar o buscarse la vida en instituciones civiles. Los sacerdotes que no comparten las orientaciones de arriba son marginados de puestos de responsabilidad. Los profesores de religión que no gustan a los obispos son despedidos. Los grupos de católicos críticos ven cortadas sus posibilidades de manifestarse y actuar dentro de la Iglesia y si lo hacen fuera son acusados de romper la comunión eclesial. Si se habla de persecución, mejor recordar lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

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