LOS PELIGROS DEL REFERÉNDUM

El mayor riesgo que presenta el referéndum, como mecanismo de consulta directa al pueblo, es que revele que la opinión de los ciudadanos no coincide con la de sus representantes. O eso piensan algunos, que lamentan la hora en que se les ocurrió pedir el dictamen de los votantes o proclaman que éstos se han equivocado, como si el titular de la democracia no fuera el demos, el pueblo, sino la clase gobernante.

Acaba de suceder en Francia con el referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Los tres principales grupos políticos, la Unión por un Movimiento Popular, la Unión por la Democracia Francesa y el Partido Socialista Francés, suman el 94 % de los escaños de la Asamblea Nacional, 543 sobre 577, y obtuvieron en las elecciones legislativas de 2002 cerca de 20 millones de votos. Los tres preconizaban el voto afirmativo en el referéndum, pero el “sí” solamente obtuvo 12,8 millones de votos, el 45,33 % de los emitidos. El “no” logró 15,4 millones de votos, el 54,67%.

La escisión entre representantes y representados ha sido mayor todavía en Holanda, donde por primera vez en su historia se ha acudido a un referéndum. De los 150 representantes de que consta la cámara baja de su parlamento, solamente 22, menos del 15 % (que vienen a representar aproximadamente al 16 % de los electores) pertenecen a partidos que propugnaron el “no”: socialistas, populistas, nacionalistas y partidos cristianos minoritarios. La mayoría de los grupos políticos, democristianos, liberales, demócratas, laboristas, verdes, el 85 % de la cámara, propugnaba el “sí”. Sin embargo, casi el 62 % de los votantes optaron por el voto negativo.

Tampoco es exagerado decir que en España, aunque triunfó el “sí” en el referéndum del pasado mes de febrero, en menor medida también ha existido cierta distancia entre los ciudadanos y sus representantes. De 350 miembros del Congreso de los Diputados, 320 (que representan a 22 millones de electores, el 87 % de los que votaron en las elecciones de marzo de 2004) respaldaban la Constitución europea, mientras que solamente la rechazaron los otros 30 (que representan a 2,25 millones de electores, el 8,9 %). El voto directo de los ciudadanos en el referéndum no se distribuyó del mismo modo; sólo 11 millones de votantes optaron por el “sí” (el 77 %), mientras que casi 2,5 millones optaron por el “no” (el 17 %). La mayoría de los ciudadanos, el 58 %, optó por la abstención, lo cual supone que en realidad solamente el 32 % del censo electoral respaldó con su voto la aprobación del Tratado constitucional. Frente a un abrumador apoyo parlamentario, un apoyo ciudadano mucho más tibio.

Claro está que, si se admite la existencia de consultas directas en el seno de una democracia representativa, debe ser precisamente para poder solventar la duda de si las decisiones de los representantes, al menos en algunos asuntos capitales, coinciden con las preferencias de sus representados. Si suponemos que la voluntad de representantes y representados es siempre la misma sobra la institución del referéndum. La experiencia demuestra lo contrario, y por eso son muchos los países que cuando se trata de aprobar la Constitución u otras normas especialmente trascendentes, o cuando lo solicitan determinadas instituciones o cierto número de ciudadanos porque existe una cuestión particularmente controvertida, o cuando lo deciden los gobernantes, acuden a la consulta directa de la ciudadanía. Pienso que el verdadero peligro para la democracia, en realidad, no es el referéndum sino prescindir de él y dar por hecho que los ciudadanos asumen todo lo que hacen sus representantes, siendo suficientes las elecciones periódicas para traducir los deseos de aquéllos.

En Navarra existe un discurso propio, que mantienen algunos de los que nos gobiernan, para justificar la prevención ante el referéndum y especialmente para el caso de reformas del Amejoramiento del Fuero. No hace falta, dicen, porque los electores ya se vienen manifestando con claridad suficiente durante más de medio siglo. Argumento banal y engañoso, ya hemos visto que a veces los electores manifiestan una voluntad distinta de la de los partidos políticos a los que habitualmente dan su voto. E incoherente, porque quienes defienden tal cosa para la reforma del Amejoramiento no dicen lo mismo sobre la reforma de la Constitución española, o no se les ocurrió decir lo mismo ante la convocatoria de un referéndum acerca del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, ni tampoco lo dijeron sobre la consulta popular a nivel local cuando en la reciente reforma de la legislación básica de régimen local se decidió potenciar su uso.

Por cierto, hace un año que el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad solicitar del Estado la delegación de la competencia para poder convocar consultas en materias propias de la Comunidad Foral. Nadie argumentó entonces que con las elecciones basta. Y si llegaran a existir los refrendos forales, ¿qué asunto de más trascendencia para ser sometido a consulta del pueblo navarro que las eventuales reformas del Amejoramiento?

Se nos dice, asimismo, que el referéndum en relación con el Amejoramiento está de sobra en virtud de nuestros derechos históricos. Cierto que las modificaciones o actualizaciones del régimen foral nunca se han sometido a referéndum; pero igual de cierto que el fuero aguanta perfectamente las novedades. Tampoco nunca el régimen foral tuvo carácter democrático antes de 1979; las instituciones forales se conformaron según los patrones del régimen estamental, del sufragio censitario, del caciquismo o de los regímenes dictatoriales de Primo de Rivera y Franco, según las épocas. Ni hasta 1982 se estableció entre nosotros un sistema parlamentario, con un Parlamento con potestad legislativa y con la facultad de investir y controlar al ejecutivo foral. Apelar a supuestas esencias históricas para combatir la actualización del régimen foral y acomodarse en un interesado inmovilismo pugna no sólo con la razón sino también con la historia. Lo esencial de los fueros ha sido siempre bien poco: el mantenimiento de cierto autogobierno para Navarra y de un ordenamiento jurídico propio. Todo lo demás, sus contenidos, ha ido cambiando con los tiempos. El perfeccionamiento de nuestra democracia foral, algo tan reciente como en general la democracia en España y como toda democracia existente imperfecta y manifiestamente mejorable, pasa hoy por introducir también mecanismos de consulta directa, de potenciación de la participación de la ciudadanía, entre ellos la exigencia de referéndum para ratificar las futuras modificaciones del Amejoramiento del Fuero. Salvo que se tenga miedo del pueblo navarro y no se quiera asumir el riesgo de que tenga la última palabra sobre su futuro.

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