Durante
el régimen franquista le enseñaron a mi padre una copia de su ficha policial, y
él contaba muy orgulloso que le describía como “sujeto desafecto y muy
peligroso”. Parece que un hijo suyo ha conseguido ser igualmente amenazador
para el régimen actual. Lo digo por la información que daba este periódico el
otro día. Dicen que dijo la alcaldesa Yolanda Barcina que han tenido que
cambiar el condicionado de la plaza para secretario del Ayuntamiento de
Pamplona para que no pueda sacarla yo.
Me han
hecho llegar la convocatoria y debo felicitar a sus redactores porque realmente
se han esmerado con el baremo para llevar a cabo una operación de ingeniería
administrativa, eso sí, todo dentro de la ley. Los servicios a la Administración
que se acostumbra a puntuar por años aquí se premian generosamente con la
inusual cantidad de 0,35 puntos por mes. Quiere decir eso que con ocho años de
servicios ya se llega al máximo; valdrán lo mismo mis veinte años de antigüedad
que los diez o doce de otros posibles aspirantes. En el apartado de formación
se han preocupado de especificar que los títulos académicos no puntúan, así que
el hecho de tener una segunda licenciatura universitaria no me da ninguna
ventaja respecto de quienes tengan solo la de Derecho. Por si acaso, al
doctorado (tengo uno) dan solo un par de puntos, lo mismo que se puede obtener
por publicaciones o ponencias y por impartir cursos y la mitad de lo que se
puede conseguir con “otros méritos” que valorará discrecionalmente el Tribunal.
En fin, que si me presentara llegaría prácticamente empatado a puntos con
cualesquiera otros candidatos a la única parte del concurso que sería
definitoria: la prueba práctica que debe valorar un Tribunal calificador en el
cual la mayoría de los vocales están vinculados de un modo u otro a un
determinado partido político que, no hace falta que lo diga, no es el mío.
Cualquiera sabe (al menos lo sé yo, que he formado parte de muchos tribunales
calificadores) que todas las garantías de un proceso selectivo son ineficaces
si la mayoría del Tribunal se confabula para obtener un determinado resultado.
Puede
que las palabras que se atribuyen a la alcaldesa Barcina no fueran bien
interpretadas, o puede que sean una mera invención. Ya se sabe que la canalla
nunca descansa. La alcaldesa ha sido objeto de otros bulos; se dice que hizo
obras en su ático sin licencia municipal, que los tribunales le han anulado la
adjudicación del aparcamiento de la plaza del Castillo, o que le gusta salir en
las fotos más que a un tonto un lápiz. Pero una vez que el mensaje ha echado a
rodar, vete a saber hasta dónde alcanzan sus efectos. Puede que al oírlo
funcionarios bien dispuestos a complacer a sus superiores interpreten que en la
redacción de convocatorias de selección uno de los objetivos principales sea
evitar que sujetos desafectos y peligrosos como yo tengan opción de conseguir
plaza. Nunca se sabe. Ahí está el caso de los cuatros caballeros que oyeron a
Enrique II de Inglaterra quejarse de las molestias que le causaba el arzobispo
de Canterbury, Tomás Beckett, y en un exceso de celo corrieron a asesinarlo.
Para
evitar la alarma que, en su caso, puede que haya causado la mera posibilidad de
que yo decidiera optar a una plaza como la de secretario del Ayuntamiento de
Pamplona y para despejar dudas quiero aclarar que no he tenido ni tengo la
menor intención de concurrir a ese concurso. Es más, soy titular de un puesto
de trabajo como funcionario que espero volver a ocupar cuando deje mis actuales
responsabilidades políticas y que satisface sobradamente mis aspiraciones
profesionales. Es improbable que me presente a ningún concurso u oposición para
optar a otra plaza, así que no es necesario que derrochen energías en diseñar
baremos a mi medida para cerrarme un camino que no pensaba transitar.
En
todo caso, la difusión del indiscreto comentario oído o atribuido a la
alcaldesa Barcina ha puesto esta convocatoria bajo sospecha. Lo cual es una
lástima. Puede haber funcionarios tentados de presentarse que se vean disuadidos
de hacerlo pensando que pueda estar ya concedida o ante el temor de que, si
obtienen la plaza, se pueda interpretar que lo han hecho con méritos dudosos.
Puede haber un funcionario que la obtenga con todo mérito pero que cargue a
perpetuidad con el sambenito de que la consiguió con tecnología digital.
También los afiliados del partido de la alcaldesa, o los hermanos, hijos y
demás familiares de los afiliados de ese partido tienen derecho a optar a esa
plaza y debieran tener derecho a que si la obtienen en buena lid no recaiga
sobre ellos una duda eterna y un sinfín de habladurías. Y los ciudadanos en
general ostentan el derecho a no tener que andar siempre con estas suspicacias.
Ya sé que, dado que lo han pedido todos los grupos municipales de la oposición, el equipo de gobierno lo tiene difícil para dar marcha atrás y modificar la convocatoria o su Tribunal calificador. En nuestra cultura política quien gobierna no puede reconocer nunca un error, dar la razón al contrario ni rectificar una actuación. Pero me atrevo a sugerir a los miembros del Tribunal que hagan un favor al consistorio, a los futuros candidatos y a la ciudadanía en general. Que comuniquen voluntariamente al Ayuntamiento su imposibilidad de formar parte del Tribunal. Que aleguen exceso de ocupaciones, un viaje, una enfermedad, o lo que se les ocurra. Que pidan a un hermano, cuñado, sobrino o amigo íntimo que eche la instancia para participar en el concurso y les permita así alegar causa legal de abstención. Darán oportunidad a que se nombre un nuevo Tribunal calificador, a lo mejor consensuado por todos los grupos municipales, de modo que aún obteniendo la plaza un miembro de la ejecutiva de UPN o el mismísimo presidente de CDN quede el nombramiento libre de toda sospecha. No es que dude de la honorabilidad de los actuales miembros del Tribunal. Lo digo sólo para despejar dudas.
* VOLVER A LA PÁGINA INICIAL DE MIGUEL IZU