Del pacifismo a la indignación es la progresiva –y comprensible- deriva que se advierte en las movilizaciones sociales contra el terrorismo. Esta evolución es visible incluso en las denominaciones y consignas adoptadas por las organizaciones surgidas al compás de esa movilización. En los años ochenta, realizada la transición y visto que ni la democracia ni la autonomía ponen fin al terrorismo, nacen grupos como "Gesto por la Paz" o "Denon Artean.- Paz y Reconciliación" que empiezan a sacar a la gente a la calle predicando la no violencia y un pacifismo tradicional con inspiración en Gandhi. En los noventa la apelación al pacifismo –aunque subsiste- va siendo desplazada por otros lemas. La "Asociación de Víctimas del Terrorismo" resume en su propio nombre sus propósitos; "Elkarri" se define como "movimiento por el diálogo y el acuerdo"; el colectivo "Manos Blancas" resume su ideología en la lucha contra ETA; el "Foro de Ermua", en la defensa de la democracia en Euskadi, y así llegamos hasta la más que gráfica denominación de la "Iniciativa Ciudadana ¡Basta Ya!" y su reivindicación de la Constitución y el Estatuto. Las concentraciones silenciosas, antes aplaudidas y ahora criticadas a menudo como insuficientes, van dejando paso a cada vez más airadas consignas junto a la incitación a tomar las calles.

Que se extienda la indignación no puede sorprender a nadie. La década de los noventa no ha sido el peor momento en intensidad del terrorismo en España si la medimos por víctimas mortales. En 1979 ETA asesinó a 76 personas, y en 1980 fueron 91; desde 1995 ningún año ha pasado de 15 víctimas mortales (ojalá no suceda el 2000, se han contabilizado ya 13). Pero otros factores cualitativos explican que el hartazgo social y la movilización hayan crecido sin cesar. En primer lugar, el propio transcurso del tiempo; desde hace veinte años se oyen voces anunciando –deseando- un próximo fin de la violencia de ETA; desde hace veinte años periódicamente se asestan importantes golpes a su estructura; desde hace veinte años se extiende la convicción de que ETA tiene la batalla perdida; desde hace veinte años sucesivos Gobiernos hablan de su debilidad. Pero la violencia no cesa y la paz no llega. En los últimos años, además, la violencia ha ampliado objetivos y se ha hecho más presente en la vida cotidiana. La llamada "kale borroka" golpea un día sí y al otro también. Los objetivos de ETA se han diversificado de tal modo –su cínica "socialización del sufrimiento"- que casi ningún ciudadano puede sentirse a salvo. El colectivo de víctimas se amplía; además de quienes han sufrido agresión directamente en sus carnes o en sus bienes, o moralmente por amenazas y chantajes, están quienes la han padecido a través de personas cercanas: familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudios o trabajo. Y aumenta también la sensación de que quienes practican la violencia o hacen su apología disfrutan de un amplio margen de impunidad.

La indignación que uno percibe, en esas movilizaciones y en el día a día, resulta no sólo perfectamente legítima sino que es imposible no compartirla y no sentir simpatía por todas las iniciativas donde uno ve en primera fila a las víctimas directas: viudas, huérfanos, personas públicamente amenazadas… todavía lejos de haber logrado el reconocimiento social que merecen. Y no hay duda de que el grado de indignación ciudadana es directamente proporcional al fracaso de quienes tienen la responsabilidad de enfrentar sus causas. Me refiero, claro está, a las instituciones públicas y a los partidos políticos, que se reparten las responsabilidades en diversa medida pero que en ningún caso pueden sentir orgullo de cómo están –como estamos- llevando las cosas. Y también hay que advertir que algunos políticos –y algunos medios de comunicación- contribuyen de múltiples maneras a atizar la indignación, con perversas intenciones o por puro –y también perverso- autismo político.

El crecimiento de la indignación es lógico pero, carente por ahora de un horizonte final, resulta preocupante. Como escribió Aurelio Arteta, con conocimiento de causa ya que es una persona habitualmente indignada en sus juicios, "No por ello se han de olvidar los evidentes peligros que incuba la indignación. Y el primero es, paradójicamente, que esta pasión puede colaborar más que ninguna otra a agravar esa injusticia que en principio trata de combatir. Esto es lo que le reprocha Spinoza, a saber, que «aunque la indignación parezca ofrecer la apariencia de equidad, lo cierto es que se vive sin ley allí donde a cada cual le es lícito enjuiciar los actos de otro y tomarse la justicia por su mano» (o.c. IV, Ap. 24). Que tal sea la tendencia innata de la indignación y que, por eso mismo la recta razón haya de cuidarse de prever sus excesos y contenerla, parece innegable" (La compasión. Apología de una virtud bajo sospecha, 1996).

Creo que el mayor peligro a que nos puede llevar una sociedad crecientemente indignada es a realizar análisis poco objetivos, simplificadores (como dijo aquél, para cualquier problema complejo aparece alguien con una solución sencilla, fácil de explicar y probablemente equivocada) y maniqueos. A reducirlo todo a una confrontación entre buenos y malos, amigos y enemigos, y a no escuchar a quien no exprese una opinión coincidente. En suma, a políticas frentistas que delinean dos bandos y, como en el ajedrez –un juego de inspiración bélica-, exigen que se juegue con blancas o con negras, negando la posibilidad de identificarse con cualquier tonalidad de gris, y mucho menos con el rojo, verde o amarillo. Insistentemente y desde diversas posiciones políticas se exige de forma interesada una elección: o con la paz o con la violencia, o con la voluntad del pueblo, o contra ella; o con las víctimas, o con los verdugos. Elecciones fáciles, sólo un monstruo podría no elegir las víctimas; pero lo peligroso es lo que con frecuencia algunos hacen subyacer a la elección. O se está con la Constitución, el Estatuto y la política del Gobierno del PP, o se está con ETA. No se admite que se pueda ser demócrata y pacífico más o menos crítico con la Constitución, el Estatuto o la política de Mayor Oreja; es un todo o nada. Si uno pretende estar contra ETA pero la política del Gobierno no le convence, es blando, "equidistante", ambiguo, y carga con el sambenito de hacerle el juego a ETA. Aunque al mismo tiempo, por parte de ésta y de su entorno, se plantee una elección similar y una acusación de estar haciendo el juego al Gobierno, atropellar a los presos y ser un enemigo del pueblo vasco. En nombre de la Constitución se pasa por encima del pluralismo que luce como uno de sus valores superiores en el artículo primero. Y se contribuye a ese clima de vivir una guerra en la que hay elegir entre dos trincheras que le es tan indispensable a ETA para mantener su discurso bélico.

Otro peligro es que la indignación nuble el juicio y lleve a urgir medidas contundentes y pronunciamientos extremos, y que esas exigencias sean convertidas en programa de gobierno. En tanto la sensación de indignación y de ser víctima de la violencia se va extendiendo, se puede extender también una actitud victimista de exigencia no tanto de justicia como de desquite. A falta del "ojo por ojo", proscrito por nuestra civilización; a falta de pena de muerte, abolida en buena hora por la Constitución junto con la cadena perpetua, se exige la aplicación de la pena máxima posible. Y para contentar esas demandas vienen esas propuestas de cumplimiento íntegro de las penas, de dispersión de presos, o las continuas modificaciones de la legislación penal tratando de endurecer los castigos al terrorismo.

Que el Estado de derecho debe aplicar rigurosamente la ley, y en particular la ley penal, a los terroristas, es algo obvio. Pero no resulta tan claro que sea prudente atender todas las demandas nacidas de la indignación. Las víctimas del terrorismo merecen apoyo y comprensión, pero por serlo sus propuestas -o las que se formulan invocando su causa- no tienen por qué ser razonables, al contrario, es humanamente comprensible que pidan medidas que calmen su inmediata sed de justicia pero cuya eficacia y procedencia es más que dudosa. Desde Beccaria se sabe que extremar la dureza de las penas no es casi nunca una medida que disminuya la comisión de delitos, y el triste ejemplo de los Estados Unidos –un país con una legislación penal severa, que administra abundantemente la pena capital y la cadena perpetua, que tiene una de las mayores poblaciones reclusas del mundo, y que sin embargo, sigue sufriendo una alta tasa de violencia y criminalidad- lo corrobora. Además, en España es muy típico el jugar de farol, cambiar continuamente las leyes para no cumplirlas. Como ha puesto de manifiesto y lamentado recientemente el Fiscal Jefe de Navarra, el "nuevo" Código Penal ha sufrido ocho reformas en sus primeros cuatro años de vida y ya se anuncia la próxima, mientras que la Ley Penal del Menor se quiere reformar incluso antes de su entrada en vigor. Un proyecto de reformas que contiene algunas medidas que es razonable discutir, junto con algunas otras sencillamente aberrantes, pero que tal como se ha presentado –por sorpresa y ante la prensa, después de ni mencionarlo a los portavoces parlamentarios que pasaron por el despacho del Ministro del Interior- no responde a otra cosa que a esta práctica de legislar a botepronto y para la galería como sustitutivo de las auténticas medidas de gobierno (como dejar en paz las leyes y proporcionar más medios a la Justicia). Esto no es serio, aunque el Gobierno gane popularidad a corto plazo y quizás algunos votos.

La extensión de la indignación lleva a una insistente apelación al Estado de derecho, me temo que entendiéndolo sobre todo como Estado que aplica el derecho penal. Existe el riesgo de olvidar que lo que define la Constitución española es algo más: un Estado "social y democrático" de derecho. Para aplicar la ley penal quizás baste, como en esa caricatura que nos presentan las películas del Oeste, un "sheriff" rápido en sacar el revólver, un jurado sediento de sangre y un improvisado patíbulo. Pero una nación que desea "establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran" y "establecer una sociedad democrática avanzada", como reza el preámbulo constitucional, necesitará algo más. Políticas inteligentes y meditadas, que no sean fruto del mayor o menor clima social de apasionamiento e indignación. Políticas integradoras y no excluyentes, que reduzcan y no promuevan la confrontación social. Políticas generosas de diálogo y consenso entre todas las fuerzas políticas. Y tengo que recalcar, como siempre y para evitar malentendidos: diálogo político entre las fuerzas políticas que pasan por las urnas, no con los terroristas, algo tan obvio que está tanto en el Pacto de Ajuria-Enea, en el Pacto de Pamplona y en el "Plan Ardanza" como en el manifiesto del Foro de Ermua y en los acuerdos de Irlanda del Norte tan invocados como obviados por el Foro de Lizarra.