LA OTRA CARA DE LA CÁRCEL: EL PROBLEMA DEL ENFERMO MENTAL EN PRISIÓN

 

Por el foro Iruña: Fernando Atxa, Helena Berruezo, Iñaki Cabasés, Ginés Cervantes, Fermín Ciáurriz, Conchita Corera, Reyes Cortaire, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y Patxi Zabaleta.

 

 

Al empezar a hablar de la salud mental entendemos que debemos hacer una advertencia previa, el dolor que, en muchos casos, para las familias supone que uno de sus miembros sea un enfermo mental es imposible de transcribir a un artículo de opinión pero es una de las motivaciones que nos llevan a escribirlo.

 

Se dice que diagnosticando nuestros marginados podemos analizar nuestra sociedad, en este sentido es indudable que nuestras prisiones, cada vez más, son contenedores de aquellos a quienes queremos apartar u olvidar, convirtiéndose en instrumentos de marginalidad. Dentro de este grupo se encuentran los enfermos mentales.

 

Durante años los profesionales que desde el exterior trabajan en la reinserción penitenciaria observaban la gravedad de la situación pero se encontraban con la negativa a reconocerla por parte de la institución penitenciaria. Todos coincidían en que la intervención, debido a la magnitud del problema era urgente: Jueces de Vigilancia, Colegio de Abogados, asociaciones de neuropsiquiatría, colectivos de tratamiento de drogodependientes, profesionales y voluntarios de la reinserción, etc. Pero la negativa persistía. Sin embargo en el año 2006 y promovido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se redactó el primer estudio serio y global de la salud mental en las cárceles españolas, los resultados no pueden ser más alarmantes: un 25% de los presos sufre una patología mental diagnosticada (si incluyéramos aquellos no diagnosticados las cifras rondarían el 40 %), es decir uno de cada cuatro de nuestros presos es un enfermo mental que ha sido diagnosticado como tal por la sanidad pública. De ellos el 65% son duales, es decir que además tienen aparejada una dependencia de drogas o alcohol, para estos no existe ningún programa específico ni fuera ni dentro de las prisiones, por lo que su tratamiento es prácticamente nulo.

 

Nos llega una primera pero importante reflexión sobre estos datos. El sistema de manicomios que durante décadas padecieron nuestros enfermos y que tanto costó erradicar se está reproduciendo hoy en día. Las cárceles están sustituyéndolos, las derivaciones ahora provienen de nuestras estructuras judiciales, pero el resultado es el mismo.

 

Tengamos en cuenta que en las prisiones no existen psiquiatras, los servicios médicos penitenciarios no son especialistas, los episodios agudos se tratan con salidas a los centros de salud externos quienes con poca información, en situaciones de custodia que dificultan mucho su trabajo, en un tiempo muy corto y sin un seguimiento posterior en condiciones, deben de atender y solucionar el episodio. Después el preso vuelve a su celda, sin terapias ni controles de la evolución farmacológica, esperando que dichas urgencias no se vuelvan a repetir. Parece que muchos creen que los presos son personas sin derechos, sin embargo la pena privativa de libertad no mitiga el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, lo que subyace en todo esto es la vulneración sistemática de ese derecho para los enfermos mentales encarcelados.

 

Centrándonos en Navarra y en nuestra cárcel provincial, tendremos que empezar diciendo que la situación en cifras es idéntica a la expresada anteriormente, rondando ese 25% de presos diagnosticados, con una salvedad, contamos con la población penitenciaria más pequeña del país sobre los 200 presos, si bien es cierto que en breve veremos una prisión con una población mínima de 600. Varias entidades de la inserción penitenciaria en nuestra comunidad vienen alertando de la necesidad de intervención en este campo, en especial es de destacar el informe presentado por el Defensor del Pueblo de Navarra al parlamento a raíz de la ponencia sobre la cárcel nueva donde lo recogía dentro de sus recomendaciones finales.

 

Es cierto que la problemática de la salud mental en Navarra no empieza en la prisión sino en el sistema público de salud en muchos casos defectuoso, con problemas de lista de espera incluso en agudos donde la situación de la cárcel parece un problema más y que nos llevaría a plantearnos una reforma más general con un programa a gran escala. También es cierto que los juzgados de lo penal se encuentran con muchas trabas a la hora de derivar los casos a centros de cumplimiento alternativo y a la hora de poder individualizar la conducta delictiva en relación con la existencia de una enfermedad mental. Sin embargo también es cierto que la situación penitenciaria en Navarra exige una intervención urgente, desde el otoño pasado hasta hoy ha habido cuatro suicidios en nuestra cárcel (en torno al 2% de la totalidad de los presos en Navarra) lo que está indudablemente unido a la salud mental.

 

Una posibilidad interesante, propuesta por la propia institución penitenciaria y que otras comunidades, con una población penitenciaria más de seis veces mayor que la nuestra (Aragón, Asturias y Extremadura), han llevado ya a la practica es la de dotar un psiquiatra que, en este caso, desde el servicio  navarro de salud pueda entrar para: diagnosticar, continuar con los tratamientos que se llevasen antes de la entrada en prisión, realizar terapias y controlar la progresión farmacológica del enfermo. Sin ser una solución al problema es una medida accesible, barata y que podría ayudar a paliar en mucho la situación.

 

Esta medida pasa por la firma de un convenio entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Navarra, previo análisis y diseño de nuestros técnicos de salud mental. Para ello solo se precisa voluntad política en una cuestión que entendemos como no partidista y que no sería más que la extensión del derecho de acceso a la sanidad pública de todos nuestros ciudadanos, tal y como ya ocurrió en su momento con la pionera implantación en la prisión de Pamplona del programa de intercambio de jeringuillas para prevenir el contagio del VIH.

 

 

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