OTRA AGRESIÓN A
Me refiero a la que se ha anunciado el
23 de agosto en el Congreso por el presidente Rodríguez Zapatero. Y digo otra
porque esta fecha se une a la también nefasta del 12 de mayo de 2010, cuando el
presidente anunció en la misma cámara las medidas de reducción del déficit que
se iban a aprobar por decreto-ley aceptando el diktat del Consejo de
En este caso se anuncia una iniciativa
de reforma exprés de
Hasta ahora nos habían venido
alertando de lo delicada y peligrosa que es una reforma constitucional,
dificultada por el riguroso procedimiento establecido en la propia Constitución
(uno de los errores más notables de los padres de la patria que la redactaron)
que se ha traducido en la práctica en la petrificación –y putrificación- del
texto constitucional. Modificaciones que desde hace años los expertos
constitucionalistas aconsejan y que cuentan con el respaldo de la opinión
pública (eliminación de la preferencia del varón en la sucesión de la corona,
reforma del Senado, reforma del sistema electoral para mejorar la
proporcionalidad, y tantas otras) se han quedado en el cajón ante el pánico que
producía la mera perspectiva de su debate. Antesdeayer mismo el candidato Pérez
Rubalcaba se preocupaba de no despertar a la bestia asegurando que su propuesta
de reforma de las diputaciones provinciales no necesitaba de reforma
constitucional.
Pero basta, al parecer, una llamada
desde Berlín para hacer no solo posible sino necesario y urgente lo que hasta
ahora era poco menos que imposible. Se hace así perfectamente visible lo que ya
intuíamos: la soberanía no reside en el pueblo del que emanan los poderes del
Estado, como afirma ingenuamente la propia Constitución en su art. 1, sino en
algún otro lugar del que emanan instrucciones precisas sobre lo que deben hacer
el Gobierno, el Congreso y el Senado.
Tan malo como el contenido de la
reforma que se anuncia, constitucionalizar lo que no es sino una mera opción
política y económica más que discutible que tendrá como efecto poner un límite
a la capacidad de actuación económica de los poderes públicos, es decir, de la
ciudadanía, y a la posibilidad de desarrollo del Estado de bienestar, es el
procedimiento que se pretende emplear. Una tramitación urgente que se puede
finiquitar en quince días, sin debate ciudadano, por unas cámaras agonizantes a
punto de disolverse para dar paso a unas elecciones anticipadas que aunque no
están convocadas están anunciadas para noviembre, por unas fuerzas políticas
(PSOE y PP) que no incluyeron tal propuesta en sus programas electorales y sin
consulta directa a la ciudadanía mediante referéndum abusando de su mayoría
parlamentaria (con el 84 % del voto logran más del 90 % de los diputados,
impidiendo así que el 10 % exigido en
La tramitación de semejante iniciativa
de reforma constitucional mediante el procedimiento extraordinario de lectura
única en ambas cámaras de las Cortes Generales, además de no hallarse
justificada, ni siquiera resulta ajustada al ordenamiento jurídico y su sola
propuesta resulta alarmante. Ese procedimiento está previsto cuando la
naturaleza del proyecto o proposición lo aconsejen o su simplicidad de
formulación lo permita, lo cual no es el caso en absoluto. Si hay un proyecto
que por naturaleza exige de un debate riguroso y carece de simplicidad debe ser
el de reforma constitucional. La lectura única excluye la posibilidad de
formular enmiendas y, como ha dicho recientemente el Tribunal Constitucional
(Sentencia 119/2011), el derecho de enmienda de los parlamentarios es contenido
central de su derecho de participación del art. 23.2 de
Si a los partidos que patrocinan la
reforma les queda algún escrúpulo democrático, debieran dejar que una reforma
constitucional de tal calado fuera debatida y decidida por la ciudadanía
posponiéndola a la próxima legislatura y haciéndola figurar en los programas
electorales que van a defender en las próximas elecciones generales; y, en todo
caso, no debieran oponerse a que el trámite concluyera con un referéndum.