LA OPORTUNIDAD DEL ESTATUTO CATALÁN

Mikel Armendáriz, Iñaki Cabasés, José Luis Campo, Ginés Cervantes, Fermín Ciáurriz, Reyes Cortaire, Miguel Izu, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz, Ramón Peñagaricano y Andoni Santamaría

La tramitación del proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña nos ha reunido a varias personas, de ideas diversas y algunos militando en fuerzas políticas muy distintas, en torno a una mesa para comprobar que, pese a discrepar en muchos aspectos sobre el tema de fondo del modelo de Estado y sobre el actual proceso de reformas estatutarias, podíamos coincidir en unas pocas ideas que tratamos de expresar a continuación.

En primer lugar, coincidimos en que tras más de un cuarto de siglo desde que se aprobó la Constitución española y los subsiguientes Estatutos de Autonomía, es conveniente impulsar un debate sobre su reforma y adaptación a los nuevos tiempos que vivimos, y de corregir las diversas insuficiencias que presenta el vigente marco político. Adaptación que, en el caso de los Estatutos de Autonomía, tiene que partir de las propias comunidades afectadas, que tienen el derecho a decidir sobre cuál es el marco estatutario más adecuado para satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones.

Compartimos también la idea de que la aprobación del proyecto de nuevo estatuto por casi el noventa por ciento del Parlamento de Cataluña supone un ejemplo y un modelo de debate y búsqueda de consenso entre diferentes fuerzas políticas que defienden distintos modelos de identidad nacional, de organización territorial y de modelo social. Creemos que el más amplio diálogo entre todas las fuerzas políticas en la búsqueda de un marco de convivencia en el que quepan todas ellas con sus propios proyectos es el camino adecuado para todas las Comunidades Autónomas que se están planteando la reforma de su marco estatutario. El consenso entre políticos debiera ser complementado también, en la máxima medida posible, con un debate participativo y abierto a la ciudadanía.

El amplio apoyo que ha conseguido el proyecto en el Parlamento de Cataluña exige que, en su tramitación en las Cortes Generales, se tenga presente la voluntad y las aspiraciones plasmadas por los representantes de la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes. Aunque el nuevo Estatuto catalán debe integrarse en un marco político más amplio, el del conjunto del Estado español, no sería conveniente que se le pretendiera aplicar un criterio homogeneizador según una estructura territorial del Estado uniforme, que ni siquiera es la contemplada ni prevista por la Constitución española, que en su Título VIII prevé la iniciativa de las propias nacionalidades y regiones para la configuración del mapa autonómico según el principio dispositivo.

Pensamos que la aprobación del Estatuto de Cataluña, y la de los demás proyectos de reforma estatutaria que se presenten, es una oportunidad inmejorable para potenciar el debate sobre el modelo de organización territorial del Estado, que debería en última instancia pasar por una revisión constitucional. El modelo existente se hizo en una época y con unos condicionamientos políticos que no son los de la actualidad. Este debate tiene que dirigirse a buscar fórmulas que mejoren la convivencia y que mejoren el bienestar y los derechos sociales, que potencien la democracia y el autogobierno y el derecho a decidir de los ciudadanos de los diferentes ámbitos territoriales.

En nuestro debate discrepamos, como no podía ser de otro modo, sobre el concepto de nación aplicado a Cataluña o a España, y sobre la solución a las aspiraciones nacionales de diversos sectores sociales tanto en Cataluña como en otros territorios. Pero en cualquier caso, también nos pusimos de acuerdo en que cualquier reforma del marco político debe servir para convivir, para integrar las diversas sensibilidades e identidades, y para permitir que cada cual pueda defender su proyecto político. Asimismo, debe respetarse el derecho de cada comunidad para poder definir su propia identidad colectiva.

Creemos que un final feliz para la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, consiguiendo también el suficiente consenso en las Cortes Generales, puede constituir la oportunidad para que en otras Comunidades Autónomas sea posible lograr acuerdos adecuados a sus necesidades y aspiraciones. Un fracaso del proyecto podría suponer una frustración no sólo para Cataluña sino para muchos otros que aspiran también a una mejora sustancial de su régimen de autogobierno.

Y cómo no, estuvimos de acuerdo en que en Navarra sería muy oportuno seguir el ejemplo catalán para abordar un debate en profundidad sobre reforma del Amejoramiento del Fuero que suscitara el mismo grado de consenso y la misma capacidad integradora que ha revelado el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña.

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