Después de un larguísimo ciclo electoral –a las autonómicas vascas de octubre del 98 siguieron las autonómicas, locales y europeas de junio del 99, y ahora son inminentes las elecciones generales de marzo del 2000- en los dos años y medio próximos previsiblemente disfrutaremos de un lapso sin citas con las urnas. Sería bueno que ese período constituyera la oportunidad de serenar la vida política y abordar algunas cuestiones en un clima más propicio al diálogo y al acuerdo que a la confrontación pura y dura buscando réditos electorales.

Conseguir la paz y la erradicación de la violencia política –uno de los principales retos que deben enfrentar las instituciones que salgan de las próximas elecciones- no es tarea fácil; entre otras cosas, porque el problema vasco que está en su raíz es complejo. No se trata sólo de que haya una organización, ETA, que practica la violencia terrorista para imponer determinadas tesis políticas; si sólo se tratara de eso nos encontraríamos con un problema más policial y penal que político. Esa violencia dura ya más de treinta años porque una parte de la sociedad vasca, minoritaria pero integrada por bastantes miles de ciudadanos, la ha apoyado o justificado. Y ese apoyo proviene del hecho de que una parte de los vascos está insatisfecha, en mayor o menor medida, con el marco político configurado por la Constitución y el Estatuto de autonomía (ojo: no todos los vascos; según los resultados electorales resulta que casi la mitad de los vascos sí está conforme con el marco político configurado por la Constitución y el Estatuto de autonomía y no quieren cambiarlo).

Es un error leer esa situación de forma simplista como enfrentamiento de una nación contra otra, o como un fenómeno de traición a la patria –da igual cual, España o Euskal Herria- por parte de quienes la niegan o quieren destruirla. Debe asumirse que nos encontramos ante una situación de confrontación de distintos proyectos políticos en torno a la configuración nacional, que son legítimos en la medida en que se defiendan por medios pacíficos y democráticos. Esto implica reconocer la realidad plurinacional de España, en el sentido de que en su seno existen grupos con distintas identidades nacionales; pero que también el País Vasco –y Navarra- es una realidad plurinacional, porque en su seno existen también grupos con diversos sentimientos nacionales: hay vascos que se sienten españoles y quieren seguir siéndolo, y vascos que no se sienten españoles. Así como navarros que se sienten vascos, y navarros que no se sienten vascos. Por eso, cualquier marco de convivencia para ser viable debe ser integrador y no excluyente; no puede plantearse en términos de soberanía sino de integración; la autodeterminación no puede reclamarse para elegir entre blanco y negro, entre unión o separación, sino como proceso de búsqueda de consenso en torno a la forma de articular una sociedad con una fuerte fractura política que corre el riesgo de transformarse en fractura social.

Hay dos puntos básicos en los que existe acuerdo entre todas las fuerzas políticas –y parece que entre la inmensa mayoría de los ciudadanos-: que la violencia debe desaparecer, y que únicamente cauces pacíficos como el diálogo y el acuerdo son admisibles como instrumentos políticos en un sistema democrático. Así se desprende del Acuerdo de Ajuria-Enea: "este Parlamento rechaza, en consecuencia, la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose en Euskadi por entender que, además de constituir una práctica éticamente execrable y de acarrear desastrosas consecuencias de todo orden para nuestro pueblo, representa la expresión más dramática de la intolerancia, el máximo desprecio de la voluntad popular y un importante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos vascos", y muy especialmente de su apartado 10º: "Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".

También se desprende así de la Declaración de Estella-Lizarra, que aboga por una solución que debe realizarse "en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto"; "Ello conlleva que una negociación resolutiva no comporte imposiciones específicas, respete la pluralidad de la sociedad vasca, sitúe todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución, profundice la democracia en el sentido de depositar en los ciudadanos de Euskal Herria la última palabra respecto a la conformación de su futuro".

La vía señalada por el Acuerdo de Ajuria-Enea en 1988 quedó interrumpida desde el momento en que el PP cortó en la práctica la posibilidad de diálogo abogando por el cumplimiento íntegro de las penas en los delitos de terrorismo –postura que ahora ha reconocido como un error- y negándose siquiera a sentarse a discutir la propuesta del lehendakari Ardanza para desarrollar el citado apartado 10º. La apuesta en exclusiva por las vías policiales –imprescindibles en un Estado de derecho, siempre dentro de la ley, mientras haya actos violentos, pero insuficientes para resolver las cuestiones políticas conexas- y la confusión de la firmeza ante el terrorismo con el puro inmovilismo llevan el proceso iniciado en Ajuria-Enea a vía muerta. Esa supuesta firmeza, jaleada con invocaciones al espíritu de Ermua y la reiteración de la condena moral del terrorismo –el juicio moral antecede pero no es por sí sólo medida política suficiente-, proporciona buenos resultados electorales al PP pero no es la solución porque sólo contempla una parte del problema.

La ruta señalada por la Declaración de Estella-Lizarra en 1998 también entra en vía muerta desde el momento en que uno de sus firmantes, EH, la considera como un proceso de construcción nacional y no de pacificación, y no asume todas las consecuencias de lo que ha firmado. Esas consecuencias son la opción clara y terminante por vías pacíficas y el rechazo expreso de la violencia y de cada uno de los actos de violencia que se produzcan. Hay que valorar algunas actitudes y gestos dentro de EH que denotan voluntad de ruptura con quienes han practicado y practican la violencia; pero en su conjunto la actuación oficial de EH es muy insuficiente. Lo que teje de día lo desteje de noche; sus declaraciones a favor de vías pacíficas quedan de inmediato desmentidas por otros gestos –y en política un gesto vale más que mil palabras-: basta señalar la reincidente inclusión de miembros de ETA acusados de diversos delitos en sus listas electorales. Decisión que tienen todo el derecho de adoptar, con arreglo a la ley electoral, pero que no tiene otra interpretación posible de cara al exterior que la identificación de EH con la actividad de ETA y su justificación. Tampoco ayuda a la vía del diálogo la opción de EH a favor de la abstención en las próximas elecciones. Su renuncia a participar en determinadas instituciones –las Cortes Generales-, esto es, en uno de los posibles foros de diálogo, para defender con la palabra sus tesis y propugnar, en cambio, unas inviables elecciones para una asamblea constituyente vasca le conduce a un planteamiento de "todo o nada" en el fondo similar al que hace ETA.

Sólo avanzando en el camino de diálogo señalado tanto por Ajuria-Enea como por Estella-Lizarra, en una síntesis que supere ambos acuerdos, será posible la búsqueda de soluciones. Y eso pasa por configurar foros con la presencia de todas las fuerzas políticas para tratar de buscar un marco de convivencia aceptable para todos. Ese diálogo excluye, evidentemente, a ETA, que no tiene ninguna legitimidad para tomar decisiones políticas que corresponden a los ciudadanos y a sus representantes. No debe caerse en la confusión –desgraciadamente propiciada por el Gobierno del PP, que durante la tregua de ETA ofreció negociación a esta organización y se la negó a las fuerzas políticas firmantes de la Declaración de Estella-Lizarra- de pensar que el diálogo es con los terroristas, que es una cesión, o que el diálogo entre fuerzas políticas viene impuesto por las armas. El diálogo es un componente esencial en cualquier sistema democrático, y debe desarrollarse principalmente en el seno de las instituciones democráticas y dentro del marco político establecido –en nuestro caso, Constitución, Estatuto de autonomía, Amejoramiento del Fuero, aunque sin excluir su eventual reforma si se produce el grado de consenso necesario para mejorar estas normas-.

El acuerdo suscrito recientemente por PSOE e IU de cara a las próximas elecciones generales, además de reiterar la necesidad de la lucha contra el terrorismo, apuesta por la unidad de las fuerzas democráticas y por los principios pactados en el acuerdo de Ajuria-Enea. Este debería ser un objetivo compartido no sólo por estas dos fuerzas sino por el conjunto de los partidos políticos, y debe completarse con la voluntad de integrar también en el diálogo a EH, que representa a un sector importante de la sociedad vasca. Ello implica un esfuerzo decidido por parte de todos, y especialmente de EH por desmarcarse de forma terminante y definitiva de la violencia, empezando por la exigencia a ETA de una tregua definitiva. Sólo a partir de esas bases será posible ir construyendo, entre todos, soluciones de convivencia pacífica.