AL
OPONENTE, LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Uno de los argumentos que con más
frecuencia tenemos que oír quienes hacemos oposición a algún gobierno es que su
actuación se ha adecuado a la legislación vigente. El argumento sólo está
justificado en defensa propia cuando el Gobierno recibe la acusación de haber
infringido la ley. Pero en otro caso, y la mayor parte de las veces así suele
ser, se trata de un argumento tramposo y una huída del debate.
Con mucha frecuencia la oposición no
denuncia el incumplimiento de la ley. Lo que denuncia son criterios de
oportunidad o criterios estrictamente políticos que el Gobierno está aplicando,
por supuesto, dentro de la ley. Porque las leyes raras veces imponen una única
solución a un problema. Las leyes suelen trazar un marco dentro del cual se
debe mover el poder ejecutivo, pero con la amplitud suficiente para que dentro
de ese marco sean posibles distintas soluciones. Por eso, con la misma ley un
gobierno puede hacer una política y otro gobierno otra política distinta. En
muy contadas ocasiones se puede afirmar que lo actuado estaba exigido
inexcusablemente por la ley. Precisamente porque hay margen para la
discrecionalidad es por lo que un gobierno puede presumir de su acierto en las
decisiones o se le puede criticar por su desacierto. Los gobernantes no son
robots que ejecutan automáticamente las instrucciones marcadas en la ley.
Aunque siempre deben actuar dentro del marco legal; eso se da tan por supuesto
que a quien constantemente afirma hacerlo así debe recordársele aquello de excusatio non petita...
En los últimos tiempos el Gobierno de
Navarra viene empleando la excusa de actuar dentro de la ley para salir del
paso de debates donde lo que se planteaba no eran cuestiones de legalidad sino
de oportunidad política. Pero a falta de otros argumentos, o para hurtar a los
ciudadanos los auténticos motivos de las decisiones adoptadas, una vez tras
otra oímos el estribillo de la legislación vigente, lo mismo para un roto que
para un descosido, en la política lingüística o en la compra de acciones de
Iberdrola (bueno, en este último caso también se nos ha dicho que era una
“decisión estratégica”, aunque nos hemos quedado sin saber cuál es la
estrategia).
El colmo es cuando la excusa de que el
Gobierno no hace sino cumplir la ley se utiliza para justificar, no el
cumplimiento de la ley en sentido estricto, sino de acuerdos del propio
Gobierno. Hace poco el Consejero de Obras Públicas alegaba para defender la
rotulación únicamente en castellano de los nuevos túneles de Ezkaba que a su
departamento “sólo le queda aplicar la legislación vigente” y que era inaudito
que se le estuviera vapuleando sólo “porque está cumpliendo con su obligación”.
Lo que sucede es que, con la ley en la mano, la rotulación se podía haber hecho
perfectamente en bilingüe castellano-euskera; o en trilingüe
castellano-inglés-euskera. Lo que aplicó el Consejero no fue la ley sino un
Acuerdo del propio Gobierno de Navarra; un Acuerdo que igual que en su día fue
adoptado para hacer la rotulación en monolingüe puede ser modificado en
cualquier momento para hacer la rotulación en bilingüe. Un Consejero no puede
alegar que sólo hace lo que le manda el Gobierno porque él es parte del propio
Gobierno como órgano colegiado que es y responde solidariamente con todos sus
demás miembros de las decisiones adoptadas (o de su ausencia). Pocos días antes
el Consejero de Presidencia hacía lo propio para defender unas convocatorias de
ingreso en la Policía Foral donde no se valoraba el conocimiento del euskera
(sí del alemán, del francés y del inglés). Alegaba que la convocatoria se
ajustaba a la ley; y así era. Pero también se hubiera ajustado a la ley la
valoración del euskera si al Gobierno le hubiera dado la gana. Porque el
Gobierno es quien aprueba los reglamentos y las plantillas orgánicas donde
libérrimamente se ha dispuesto que las lenguas de Goethe, Molière y Shakespeare
son puntuables y en cambio el vascuence no.
Claro que el sumum de este
recurso argumentativo es el que estamos oyendo estos días en relación con la
anulación de las candidaturas de Aukera Guztiak para las elecciones del
Parlamento Vasco. Aquí lo único que se hace es cumplir la ley; lo único que
toca es acatar las decisiones judiciales, que no hacen más que cumplir la ley,
nos dicen. Podrán decirlo, con más o menos razón, los jueces a los que toca
aplicar la ley, pero justamente éstos son los que menos hablan, porque todo lo
que tenían que decir lo han dicho en una sentencia. Quienes se han convertido
en voceros del “cumplir la ley” y en censores de cualquier opinión crítica como
propia de quienes no quieren cumplir la ley son, precisamente, los que
diseñaron una ley a medida de un caso concreto porque no les gustaba tener que
cumplir la ley anterior. Pero después de haber argumentado tanto hace un par de
años sobre la necesidad de esa ley, ahora sufren una repentina amnesia y ya no
se acuerdan de aquello. Ahora sólo toca cumplir. Como si las leyes, y aún las
sentencias judiciales, estuvieran a salvo de cualquier crítica o debate
político o jurídico.
Cumplir la ley, por supuesto. Pero en un Estado democrático el acatamiento de la ley no desplaza el debate, la libertad de opinión, el pluralismo, la necesidad de que los gobernantes expliquen y fundamenten su actuación y sus decisiones y soporten la crítica por ellas. La ley no elimina el recurso a la dialéctica. La ley no es sagrada ni inmutable, se puede cambiar, y tanto la propuesta de modificación como su permanencia tienen que ser justificadas. Salvo que no se crea en la democracia.
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