En los últimos meses con frecuencia los obispos han aparecido en los periódicos, no en páginas dedicadas a temas religiosos, sino envueltos en polémicas marcadamente políticas. La remodelación de las provincias eclesiásticas en torno a las Comunidades del País Vasco y Navarra; las declaraciones de monseñor Setién sobre el diálogo con ETA; el documento sobre pastoral penitenciaria. Manifestaciones eclesiásticas que en todos los casos han recibido pronunciamientos críticos desde algunos partidos políticos.

Me voy a reservar mi opinión sobre tales asuntos, por lo que más adelante diré. Pero sí quiero opinar sobre el hecho mismo de que se produzca con tal frecuencia este tipo de polémica; y quiero hacerlo en un momento en que ésta no ocupa titulares.

Una de las virtudes de la transición del franquismo a la democracia fue la solución que se dio al papel de la Iglesia católica. Tras haber apoyado al bando franquista en la guerra civil, a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia adoptó una postura más distante del régimen, incluso una postura claramente crítica por una parte de la jerarquía eclesiástica. Con la Constitución de 1978 se produce el definitivo deslinde entre el Estado y la Iglesia, se asegura la libertad religiosa y se pone fin a uno de los problemas (el religioso) que había impedido durante siglo y medio que la democracia echara raíces en España. La Iglesia católica contribuyó afirmando su papel neutral en política, no apoyando a ninguna formación política y desmarcándose de la creación de un partido confesional o "cristiano".

La separación entre política y religión no significa que los obispos, los sacerdotes o cualquier institución eclesiástica no puedan opinar sobre política. Lo pueden hacer como cualquier otro ciudadano o institución. Pero se deberán entender esas opiniones como lo que son; como opiniones.

Algunos políticos parecen no haber asumido con normalidad estos hechos. Especialmente algunos políticos de la derecha siguen considerando la Iglesia como patrimonio propio. Por ello se vanaglorian de la (supuesta) inspiración cristiana de sus doctrinas y se escandalizan cuando las opiniones episcopales se alejan de sus propias posturas políticas. No tienen inconveniente en opinar sobre cuestiones que atañen solo a la Iglesia (la delimitación de la provincias eclesiásticas), pero cuando la Iglesia opina de política sugieren a los obispos que se presenten a las elecciones o se callen. Tampoco les cuesta mucho insinuar, cuando los puntos de vista de los obispos no coinciden con los suyos en temas como el terrorismo, la complicidad de algún obispo con grupos terroristas.

Algunos partidos nacionalistas, también con sentido patrimonial sobre la Iglesia, acostumbran a opinar sobre la idoneidad de los obispos en base a su origen geográfico o las lenguas que conocen.

Sin perjuicio del derecho de todo ciudadano a decir lo que le venga en gana (sea obispo, diputado, musulmán, cristiano o ateo), creo que sería muy prudente un pacto expreso o tácito entre todos los que tenemos alguna responsabilidad política para no entrar en polémicas sobre asuntos eclesiales. Esto sería especialmente recomendable para los cristianos con responsabilidades políticas; si bien como creyentes tenemos derecho a opinar sobre todo lo que atañe la Iglesia (y a que ésta se vaya abriendo a la participación real de los laicos), la prudencia nos debería llevar a no opinar públicamente sobre ello mientras desempeñamos cargos políticos y a excluir temas religiosos del debate político. Estas prácticas sin duda contribuirían a evitar la manipulación política, en uno u otro sentido, de las creencias religiosas, o cuando menos a evitar cualquier impresión de que se intenta tal manipulación.