EL NEBULOSO FUTURO DE LAS CAJAS DE AHORROS

 

Por el Foro Iruña: Isabel Arboniés, Fernando Atxa, Reyes Cortaire, Miguel Izu, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y Patxi Zabaleta.

 

 

En el Estado español las cajas se instauraron con posterioridad a otros países de Europa. Así se fundó primera en Jerez en 1834 y cuatro años más tarde la segunda en Madrid. En Navarra la Caja Municipal se había fundado en 1872 y la CAN en 1921. Hubo también otra caja, que quebró, llamada La Agrícola. El motivo de la creación de las cajas fue siempre el de contar con instrumentos contra la lacra de la usura y posibilitar financiación a los agricultores y, en general, a las clases menos favorecidas.

 

La naturaleza y conformación de las cajas de ahorro ha sido la de  entidades caracterizadas por su cercanía al ciudadano/a, por su control por las instituciones públicas o cooperativas y por no tener como fin el lucro privado. La acomodación de estas estructuras al Estado autonómico originó, por un lado, el reconocimiento de determinadas competencias a las autonomías y por otro, tras el primer proceso de fusiones de los años 80 y 90, la asunción efectiva del control de las cajas por el poder político autonómico. Constituyen una salvedad las cajas ligadas al cooperativismo general y al agrario, además de alguna otra excepción anecdótica.

 

El número de cajas ha ido reduciéndose progresivamente y, así, las 102 cajas de 1920 se redujeron a la mitad por las fusiones de los años 80 y 90. Ahora las previsiones a medio plazo que manejan la CECA y las dos cajas que actúan como locomotoras de la reestructuración del sector –Caixa y Cajamadrid- son de entre 20 y 25 cajas.

   

         El hecho trascendental es que, hoy por hoy, las cajas constituyen el 52% de la cuota de mercado de la intermediación financiera. Tienen, por lo tanto, un importantísimo nicho de negocio para el que se han encendido simultáneamente las luces rojas de la preocupación social  y política por un lado y, por otro, las voraces apetencias de absorción y control por parte de los máximos poderes financieros y de las entidades bancarias, que son directas competidoras en el negocio financiero.

 

         La crisis estructural, en la que nos encontramos está teniendo graves  efectos en todo el sector financiero, es decir, tanto en las cajas como en los bancos, en cada caso con su especificidad. En las cajas, el abultamiento de los activos inmobiliarios, las dificultades de las economías familiares y el retraimiento de la construcción afectan a la holgura de sus resultados y al rigor de sus balances. Existe el precedente de la intervención de una caja por el Banco de España, pero ahora ¿cuál puede ser la razón de tantas prisas en Madrid o en Pamplona? ¿Cómo explicar que Zapatero y Rajoy lleguen urgentemente al acuerdo de modificar la LORCA, ley de órganos rectores de cajas, cuando no alcanzan ningún acuerdo sobre los otros gravísimos problemas?

 

         Es de temer que el acuerdo Zapatero-Rajoy de abrir la puerta de la legalidad a los derechos políticos de las cuotas participativas, hasta ahora restringidas a derechos económicos, constituya un paso hacia la privatización o bancarización de las cajas. Se aduce la necesidad de abrir el acceso de las cajas a los mercados financieros y de que puedan participar en los 9.000 millones de euros del FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria) aprobado en 2009 y que finalizará en junio de 2010. Sin embargo ninguna de ambas razones parece de recibo, ya que durante la crisis han sido y son muchos más los bancos que las cajas los que han precisado de rescate financiero por problemas de liquidez y de solvencia. En cuanto a la normativa del FROB está contenida en un Real Decreto-Ley que, obviamente, si hubiese voluntad política podría ser modificado o prorrogado. Consiguientemente, esta transformación, en cuyo umbral nos encontramos, tiene causas y objetivos distintos de los aducidos sin que por ello lleguemos a dar por buenas las insinuaciones del bunker mediático de que se trata de un reparto de pastel.  

 

         Las fusiones y alianzas de cajas deben ser consideradas como lógicas en sí mismas e incluso inevitables y pueden justificarse por la necesidad de buscar sinergias y alcanzar niveles competitivos y de garantía y solvencia. Tanto el modelo de fusión o absorción estándar como la fusión “fría”, conocida con el nombre de SIP (Sistema Institucional de Protección), no son criticables por su naturaleza teórica, sino por el efecto práctico de que pudieran ser utilizadas o aprovechadas para provocar la privatización o bancarización de las cajas. Porque la cuestión ante la que nos encontramos es muy clara: ¿Es posible y conveniente que se mantengan y subsistan las Cajas de Ahorros con su actual status o naturaleza?

 

          A nuestro juicio no hay razones de solvencia o garantía financiera, ni tampoco de rentabilidad económica, ni mucho menos de rentabilidad social que obliguen o aconsejen la bancarización de las cajas. Por el contrario, el mantenimiento de la cercanía social, del control de las instituciones políticas y de la exigencia de transparencia, el domicilio fiscal  y el carácter altruista con capacidad de atención de aquellos objetivos a los que no pueden llegar las políticas de la Administración, hacen posible y aconsejable el mantenimiento de las cajas en su actual conformación jurídica.

 

 

         Aunque hay aspectos del funcionamiento concreto de algunas cajas,  que merecen severa crítica, ello no enerva la conclusión precedente.  Así, tal como se analiza en el libro Derecho Parlamentario de Navarra (editado por el Parlamento de Navarra) el “sistema de convenio” de los estatutos de CAN constituye la paradoja de un “desapoderamiento” de sus facultades reguladoras tanto del propio Parlamento de Navarra como de las Cortes Generales; según dicho libro es cuestionable incluso que los estatutos convenidos y no publicados en ningún boletín oficial puedan vincular a terceros. Por su parte el libro titulado Pasado, presente y futuro de las Cajas de Ahorros (Editorial Thomson-Aranzadi), hecho en colaboración por diez personalidades de la Universidad y de la política, en la novena de sus conclusiones afirma literalmente que “la naturaleza de las cajas de ahorro sigue siendo adecuada para el futuro. No hay ninguna razón que obligue a modificar su naturaleza jurídica”.

 

         Resulta conveniente analizar qué es lo que se está haciendo en el resto de Europa con respecto a las cajas de ahorros. Es constatable, en primer lugar, que no se está actuando con ninguna precipitación, sino que la evolución de las cajas se está abordando con sosiego. Influye en esta actitud, sin duda, el hecho de que la agravante de la crisis en el Estado español, es decir la eclosión de la burbuja inmobiliaria, haya tenido una incidencia menor en otros países.

 

       En suma, creemos que es posible y conveniente seguir apostando por el control público y la transparencia, por la no supeditación ni sometimiento de la rentabilidad de las cajas al lucro económico privado y para preservar sus resultados a los objetivos de coherencia social, avance e investigación en aquellos temas, a los que no alcanza la acción de la Administración o la iniciativa privada. Todo ello en coherencia con los objetivos fundacionales de las cajas, que se verían burlados en la hipótesis de la bancarización.