En los primeros meses de este año surgió la Plataforma Valdizarbe, integrada por representantes municipales de esa zona que se oponían a la anunciada decisión de ubicar allí la futura cárcel de Navarra. Prácticamente en la misma época nacía la Plataforma Pro Referéndum de la Plaza del Castillo, impulsada por diversas asociaciones vecinales de Pamplona, y que solicitaba del Ayuntamiento de esta ciudad que no se ejecutara el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo y de reurbanización del citado espacio urbano sin una previa consulta popular, y posteriormente el colectivo de ciudadanos contra la incineradora de Pitillas. Estas plataformas, entre otras, tienen en común la pluralidad ideológica, ya que sus miembros y las personas que han manifestado su apoyo a sus reivindicaciones pertenecen a muy diversos partidos o tendencias políticas.

La suerte que han corrido sus reivindicaciones, sin embargo, ha sido diversa. Y muy diversa ha sido la consideración que han recibido desde algunos poderes públicos, principalmente desde el Gobierno de Navarra y desde el partido que lo sustenta, el mismo que gobierna en el Ayuntamiento de Pamplona, Unión del Pueblo Navarro (UPN). En el caso de la Plataforma Valdizarbe, el Vicepresidente del Gobierno y de UPN se reunió con ella y llegó a decir que no sólo comprendía la inquietud de sus promotores, sino que incluso él tomaría la misma actitud si estuviera en su lugar, aunque la decisión del Gobierno estaba tomada al 99 % y no iba a variar. Posteriormente, el proyecto de instalación de la futura cárcel en Valdizarbe fue desechado y el Presidente del Gobierno afirmó que no se llevarían adelante actuaciones que tuviesen una fuerte contestación social, y que el proyecto de futura cárcel para Navarra quedaba congelado sine die. En el caso de la Plataforma Pro Referéndum de la Plaza del Castillo, el Ayuntamiento de Pamplona desestimó su solicitud avalada por casi 25.000 ciudadanos de celebrar la consulta popular, y posteriormente se les ha acusado, en especial desde la alcaldía, de cosas tales como que sus miembros se oponen a todo, que amparan posturas violentas, que persiguen intereses políticos inconfesables, que son instigados desde fuera de Navarra, que es antidemocrático sostener posturas contrarias a las de la mayoría municipal, etc.

No parece muy justificado que iniciativas que comparten la misma base de legitimidad democrática, el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, reivindicaciones y protestas y a asociarse para ello, reciban desde algunas instituciones una respuesta tan distinta. Únicamente un hecho ha diferenciado las movilizaciones, y ha sido el de que una minoría se ha amparado en la de la Plaza del Castillo para llevar a cabo actuaciones violentas, de las que claramente se desmarcó la Plataforma y la mayoría de los ciudadanos que ha secundado sus acciones lo han hecho de forma perfectamente pacífica. No queremos pensar que sea significativa otra diferencia, y es que en la Plataforma Valdizarbe hubiera una mayor participación de miembros o simpatizantes de UPN; no sería de recibo que desde los poderes públicos sólo se conceda legitimidad a las movilizaciones en que participan los del propio partido.

Hay que decir que en todos los casos la movilización social ha tenido los efectos positivos que deben esperarse de la participación ciudadana. En primer lugar, que los ciudadanos han tenido oportunidad de opinar sin estar encorsetados por alineamientos de partido; las plataformas han sido plurales y en ambas movilizaciones han participado personas de todo el espectro político. La Plataforma Valdizarbe intentó no limitarse al mensaje negativo y localista de "cárcel sí, pero no en mi valle", que constituye ciertamente el mayor riesgo de este tipo de movimientos, sino que trató de involucrarse en un debate de mayor calado sobre el modelo de política penitenciaria y, en particular, sobre su eficacia en cuanto a la reinserción social. En este sentido ha llegado a conclusiones coincidentes con las expresadas por diversos colectivos sociales de Navarra (incluyendo a los firmantes de éstas líneas, que se pronunciaron en un artículo anterior sobre esta materia), profesionales del mundo penitenciario, de la reinserción y del entorno universitario sobre la idoneidad de que la prisión se ubique en un ámbito urbano para facilitar el acceso de familiares y profesionales, el acceso a las redes sociales y de empleo, a las unidades hospitalarias en caso de urgencia, etc., así como en torno a la capacidad del futuro centro penitenciario teniendo en cuenta que la población reclusa en Navarra no supera las 200 personas.

En cuanto a la Plataforma de la Plaza del Castillo, si bien su exigencia de consulta popular ha sido desestimada (haciendo una aplicación en exceso restrictiva del reglamento orgánico del propio Ayuntamiento de Pamplona), su movilización y el debate que ha abierto ha contribuido a que el Ayuntamiento se replanteara algunas de las características del proyecto y tuviera que admitir la necesidad de contar con la opinión de los ciudadanos (aunque el modo que arbitró para recogerla no fue en absoluto el más adecuado). Los informes de la Institución Príncipe de Viana vinieron a ratificar lo justificado de algunas de las denuncias de la Plataforma en cuanto al incumplimiento por el proyecto inicial de la normativa de protección del patrimonio histórico, y llevaron a un nuevo proyecto más cercano a la configuración original de la plaza.

En el caso del proyecto de incineradora en Pitillas la postura del colectivo cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos presentes en la Comisión Especial sobre Encefalopatía Espongiforme Bovina creada en el Parlamento de Navarra, que en las resoluciones presentadas para su debate plantean serias dudas sobre la necesidad de su construcción.

Debemos hacer un esfuerzo de consenso para que las iniciativas ciudadanas o incluso el recurso a la consulta popular no sean interpretadas como una desautorización del sistema representativo, sino como un elemento de profundización democrática. La democracia otorga a la ciudadanía la capacidad de posicionamiento que debe ser ejercida en situaciones de falta de consenso suficiente. La práctica de la democracia participativa, común a todos los discursos políticos, significa gestionar positiva y abiertamente este tipo de situaciones.

Es de lamentar que por parte de algunos poderes públicos no se haya concedido desde el principio una más adecuada consideración a las plataformas ciudadanas. En una sociedad democrática avanzada éstas debieran ser tenidas como un instrumento habitual de participación a través de las cuales colectivos de ciudadanos pueden promover alternativas y soluciones a los problemas que les atañen más directamente y que redunden en el bien de toda la comunidad. Que en estos movimientos participen personas de diversas ideologías e incluso miembros de diversas formaciones políticas debiera tomarse como un síntoma de salud democrática en el sentido de favorecer el pluralismo, el debate civilizado y la mutua tolerancia, y de complementar y enriquecer la acción de los partidos políticos en su propio ámbito de actuación. No debe ocurrir que desde algunas instituciones se siga viendo las plataformas ciudadanas como un obstáculo a la ejecución de sus proyectos o una dificultad que debe ser sorteada como sea, cuando no un mero instrumento al servicio de oscuros e ilegítimos intereses.

Ha de evitarse que actitudes como éstas lleven a alejar a los gobernantes de los gobernados, a hacer impermeables las instituciones públicas de las inquietudes de los ciudadanos y, en suma, a reducir la calidad del sistema democrático. Un reconocimiento de esa creciente y preocupante lejanía se ha constatado en los últimos meses por diversos mandatarios de la Unión Europea, ante la evidencia del desinterés, cuando no el rechazo o la contestación directa, que merecen sus cumbres entre los ciudadanos europeos.