La conocida como ley de extranjería, aprobada como "Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social" y apresuradamente reformada mediante Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, no sólo por los avatares de tal reforma y por los recursos de inconstitucionalidad presentados en su contra sino ya por sus primeras consecuencias está en boca de todos y en la primera página de los medios de comunicación. La situación que ha creado en nuestro entorno nos permite reflexionar sobre las paradojas, unas socio-históricas y otras político-legislativas, que produce.

Se pretende imponer una política de inmigración que se enfrenta a nuestra memoria histórica. Hemos sido largo tiempo una sociedad con innumerables generaciones de emigrantes, una sociedad que ha crecido aprovechándose de las riquezas naturales de otros países y que, en ocasiones, ha podido sobrevivir gracias al flujo de emigrantes que han partido hacia ellos. No tenemos que remontarnos hasta la época del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, aunque no estaría de más reflexionar sobre las consecuencias que el afán de riqueza supuso para las poblaciones indígenas o cómo hemos heredado los beneficios de siglos de comercio de esclavos. Simplemente recordemos a nuestros parientes nacidos en la Navarra rural y obligados a emigrar a Venezuela, Argentina, México, o pidamos que nos cuenten la emigración a la Alemania de los años sesenta. Observemos esos "centros navarros" homenajeados periódicamente por nuestro gobierno que se distribuyen por América o parémonos a mirar a esas casas de Baztán con "su palmera traída por un indiano".

¿Se puede pretender, con el dictado de una ley, borrar de la memoria de nuestra sociedad lo que ha sido nuestro pasado? ¿Se puede negar a otros perseguir aquello que nos hizo lo que somos? ¿Tan fácil nos hemos convertido en nuevos ricos que miran por encima del hombro a quienes no han salido de la pobreza?

En 1992 celebramos por todo lo alto el día en que nos convertimos en emigrantes, se ensalzó nuestra actual relación de hermandad con los pueblos a quienes "descubrimos"; durante años nos hemos considerado una sociedad tolerante, nos hemos mirado al ombligo y hemos proclamado estar carentes de prejuicios, nos hemos reído de aquellos países de nuestro entorno donde crecía la xenofobia afirmando no padecer ese problema. Ante sucesos como los de El Ejido y la oleada de pateras –y de ahogados en el estrecho- la única forma que quien nos gobierna ha encontrado para reaccionar es la actual ley de extranjería, una ley que contradice nuestra esencia social y que olvida nuestra historia.

Parece que por el número de asociaciones de cooperación al desarrollo que actúan en nuestro entorno, por la cantidad de ayuda que enviamos allá donde se produzca una catástrofe natural, por el apoyo económico y logístico que nuestras instituciones aportan, debiéramos ser capaces de aprobar una regulación sobre extranjería con una sensibilidad muy diferente de la que realmente tenemos. ¿No demuestra esto que se ha regulado de espaldas a gran parte de nuestra sociedad y de forma contraria a nuestras inquietudes como comunidad?

En cuanto a la paradoja político-legal, hay que decir que la reforma de la ley impulsada por el Gobierno de José Mª Aznar, aunque se presente como su desarrollo, se opone a los propios mandatos de la Constitución. Nuestra norma suprema regula los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, es cierto, no habla de magrebíes o de iberoamericanos, sin embargo a nadie se le ocurre pensar que si yo tengo un derecho es gracias al lugar donde he nacido y no por mi propia condición de ser humano. Si entendiéramos que sólo la nacionalidad nos confiere derechos admitiríamos como justas las desigualdades y las vulneraciones de las libertades que se producen en otros muchos países del mundo e incluso, en grado extremo, permitiría poder aprobar normas que dentro de nuestro mismo Estado concediesen o recortasen derechos a unos u otros de sus miembros en función de su origen, condición social, etc. Es evidente que la Constitución no defiende esta postura, incluso el Tribunal Constitucional se ha encargado repetidamente de señalarlo. Si revisamos los acuerdos internacionales firmados por España, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tantas veces nos ha servido para condenar regímenes políticos de todo el mundo e incluso permitir o participar en intervenciones militares en otros países, comprobamos que no señala en ninguna parte que solamente a los nacionales de los estados firmantes y solamente dentro de sus fronteras se les debe aplicar su contenido. En ese documento sólo se habla de seres humanos, sin distinguir nacionalidad, credo o raza.

Y sin embargo la reforma de la ley de extranjería parece asumir una estrecha concepción de los derechos fundamentales que niega a los trabajadores inmigrantes, la mayoría de los cuales tienen que utilizar vías clandestinas de entrada a nuestro país que les colocan en situación de irregularidad, derechos básicos como los de reunión, manifestación, asociación, sindicación, huelga, voto, etc. Les amenaza también con su expulsión en 48 horas sin suficientes garantías, convirtiendo al trabajador sin papeles en casi un delincuente. La reforma es todavía más lamentable al venir después de la aprobación de una norma (la Ley Orgánica 4/2000) de carácter progresista y elaborada con un alto grado de consenso entre fuerzas políticas y sociales. En ella se abría una puerta para avanzar en el establecimiento del voto de los residentes no comunitarios en las elecciones municipales, se hacía un amplio reconocimiento de derechos para estas personas, les proporcionaba una vía para regular su situación sin amenazarles con la expulsión, y en definitiva abría vías de integración social y de tratamiento humanizado de este difícil problema. Todo el avance que supuso la Ley Orgánica 4/2000 queda eliminado por la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2000, que no es una ley para las personas según el modelo europeo basado en el impulso de sus derechos cívicos, laborales, etc. Esta ley vulnera todos esos avances y ha originado el rechazo unánime de los más diversos agentes sociales: sindicatos, ONG'S, la propia Iglesia católica, etc.

El debate que se abre es, además de la cuestión sobre derechos humanos, si queremos un sistema de inmigración formado por irregulares y que proporciona mano de obra barata a costa de su marginación, del pisoteo de sus derechos, con el consiguiente daño que se le hace así a nuestra democracia, o si apostamos por flujos de inmigración regulados, acuerdos internacionales para potenciar oficinas de contratación que den respuesta a las numerosas demandas de ofertas de empleo que nuestros trabajadores no están dispuestos a cubrir, por la integración y equiparación de derechos, favoreciendo un trato de igualdad, facilitando la convivencia y eliminando así las reacciones xenófobas y racistas que peligrosamente empiezan a aparecer en nuestra sociedad.

Para que estas propuestas sean eficaces deben venir elaboradas desde la Unión Europea. Existe una propuesta de directiva europea sobre un aspecto importante de la inmigración, el derecho a la reagrupación familiar, y la Comisión Europea tiene previstas nuevas propuestas sobre admisión de inmigrantes, derechos de los ya establecidos con residencia temporal, de los residentes permanentes, etc. En un plazo de dos o tres años es probable que tengamos un amplio desarrollo de la normativa comunitaria sobre la inmigración en una línea progresista que obligue a una readaptación de la legislación española.

Añadamos a todo lo anterior el vergonzoso reconocimiento por parte del Gobierno de que es una ley que no se puede cumplir en su integridad. Se empezó admitiendo que no se va a expulsar a todos los inmigrantes sin papeles; luego se ha tenido que admitir que no es posible pagar el viaje de vuelta a todos los inmigrantes ecuatorianos a quienes se había ofrecido; después que ni siquiera era factible permitir el regreso de todos los que han vuelto a su país con la promesa de una rápida vuelta con los papeles en regla; y se ha acabado dando marcha atrás en el programa de repatriación previa a la regularización. Hay que recordar que una ley imposible de cumplir es en sí misma una ley injusta.

Como última paradoja, es curioso como el mismo día en que se proclamó en el mundo entero que el mapa del genoma humano demostraba científicamente que todos somos intrínsecamente iguales, en nuestro entorno se tengan que producir manifestaciones y protestas contra una ley que rechaza a quienes no son como nosotros. Tal vez este descubrimiento nos haya hecho más sabios pero no parece que nos haya hecho más humanos.