Resulta muy preocupante que en virtud de una legislación excepcional para luchar contra el terrorismo, bautizada como "patriótica", decenas de miles de ciudadanos estadounidenses originarios de países del Medio Oriente hayan sido arrestados sin cargos y el ejercicio del derecho a criticar la política estadounidense en esa zona del mundo haya sido catalogado como apoyo al terrorismo. El presidente Bush ha asumido poderes exorbitantes y sin consultar al Congreso decretado una orden de emergencia que permite el arresto de extranjeros sobre quienes haya la "presunción" de ser terroristas para ser juzgados en secreto por un tribunal militar ante el cual los fiscales no tienen que presentar evidencias si se trata "de intereses de la seguridad nacional"; el condenado puede ser ejecutado incluso si una tercera parte de los jueces militares no está de acuerdo. La presunción de ser de allende el mar permite secuestrar y juzgar, con el derecho de "habeas corpus" suspendido. El FBI ha pedido a cada ciudadano informar sobre cualquier comportamiento sospechoso de sus amigos, vecinos, parientes, conocidos y extranjeros. Miles de personas, sobre todo árabes o musulmanes, han sido denunciadas, investigadas y hostigadas por la policía.

La nueva legislación norteamericana permite a cualquier agencia federal y sin orden judicial entrar secretamente a cualquier casa o negocio y recoger evidencias sin informar a los interesados; monitorear el tráfico en Internet y de correo electrónico e interceptar teléfonos celulares sin garantías para millones de sospechosos; invadir un negocio y copiar todos sus archivos, bajo la premisa de que tiene "relación" con una investigación terrorista. Los ciudadanos que públicamente protesten por estas acciones policiales arbitrarias, invasoras, pueden ser detenidos.

Este recorte, cuando no violación, de los derechos constitucionales ha sido criticado tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Se ha hecho público que muchos jefes de policía (en Estados Unidos la mayor parte de las fuerzas de seguridad tienen carácter local y, por tanto, son independientes del gobierno federal y estatal) se han negado a aplicar la nueva legislación antiterrorista. Human Rights Watch, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos con sede en Estados Unidos, se ha opuesto a la amplitud y vaguedad de los criterios para permitir las detenciones que abren la posibilidad de una aplicación arbitraria y abusiva, y considera que las medidas antiterroristas podrían hacerse sin sacrificar los derechos. Su director, Kenneth Roth, ha afirmado que los Estados Unidos han de aplicar la misma energía que para defenderse del terrorismo a la defensa de las libertades que son el sello del país.

Pero no se trata sólo de Estados Unidos. El Reino Unido pretende la derogación del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regula el derecho a la libertad y las garantías en torno a la detención, introduciendo la detención indefinida y sin juicio para combatir el terrorismo. La Unión Europea estudia otras medidas. En vísperas de la reunión de su Consejo de Asuntos de Justicia e Interior la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, hizo un fuerte llamamiento ante la UE para que asuma el liderazgo en la protección de los derechos humanos tras los terribles sucesos del 11 de septiembre: "El miedo no debe ganar la partida"; "el debate sobre la seguridad está en el centro de la discusión, pero en la atmósfera actual de crisis global, los derechos humanos no deben ser sacrificados en aras de la seguridad". Varias ONG españolas (Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Save the Children) también han expresado que "es crucial que el odio no se convierta en moneda de cambio común, que el miedo no se convierta en excusa para la violación de derechos humanos y que todos recordemos nuestra común condición de seres humanos. Debemos ser compasivos en nuestro apoyo para con las víctimas, debemos comprometernos firmemente en nuestra búsqueda de la justicia y debemos estar alerta en cuanto a los derechos de todas las personas"; "cualquier respuesta debe realizarse dentro del marco del derecho internacional".

En nuestro país también ha surgido la tentación de buscar atajos en la aplicación de medidas antiterroristas. De más que dudosa constitucionalidad, denunciada por expertos poco sospechosos de simpatías por ningún grupo violento, es una modificación mediante ley ordinaria de la normativa sobre financiación de partidos políticos que pretende suprimir las subvenciones de determinados grupos. También lo es la pretensión de incluir por decisión gubernativa, sin intervención judicial, a partidos políticos legales en una lista europea de grupos terroristas; e igualmente la creación de un órgano que sustrae al Poder Judicial la decisión sobre inmovilizar las cuentas bancarias sobre las que existan sospechas de financiar a grupos terroristas. En todos estos casos se recortan atribuciones judiciales para residenciarlas en órganos políticos sometidos a menores garantías y se hace abstracción de derechos constitucionales básicos como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio con todas las garantías, incluyendo la de ser informado de la acusación, y la posibilidad de defensa del acusado.

Si de momento no se han propuesto medidas tan radicales y peligrosas como las aplicadas en Estados Unidos, el simple debate sobre medidas de esta naturaleza resulta ya preocupante. No se debe insinuar a la ciudadanía que los mecanismos ordinarios del Estado de Derecho y que garantizan sus derechos fundamentales no le protege del terrorismo; no se puede admitir que la defensa eficaz del Estado de Derecho y del sistema democrático pase por renunciar a los derechos y libertades que teóricamente protegen y que en última instancia justifican su existencia.

Las democracias tienen derecho a defenderse en cualquier circunstancia frente a la ofensiva del terror, pero se habrá de evitar la tentación de recurrir a medidas de excepción que afecten indiscriminadamente a todos los ciudadanos y ciudadanas, y nunca a costa de sus libertades, sino reforzándolas, precisamente, para mantener vigentes frente al terror los fundamentos y la esencia del sistema democrático, que exige el más escrupuloso equilibrio entre libertad y seguridad.