El ciudadano medio ya sabe, o debiera saber, que no ha de hacer mucho caso de la propaganda política, uno de cuyos inventores, el doctor Goebbels, la definió acertadamente afirmando que una mentira se convierte en verdad si se repite las suficientes veces. El lema elegido por el PP para su precampaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos del año 2003 es uno de los más claros ejemplos de que lo afirmado en la propaganda no tiene por qué corresponderse con la realidad. "Menos impuestos, más seguridad". Difícil definir en menos palabras exactamente lo contrario de lo que el gobierno de José Mª Aznar viene haciendo en los últimos años.

En cuanto a los impuestos, es suficientemente conocido, y los datos son de un organismo tan poco sospechoso como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que entre 1996 y 2000 la presión fiscal aumentó en España 2,7 puntos respecto al Producto Interior Bruto (PIB), pasando del 32,6 al 35,3. Es decir, que de cada 100 pesetas producidas Hacienda recaudaba 32,6 en 1996 y pasó a recaudar 35,3 en el año 2000. Esta realidad es hábilmente enmascarada por el Gobierno del PP con sucesivos anuncios de bajada de impuestos. La ilusión que se ofrece a los contribuyentes de que cada vez pagan menos se debe a que las únicas reducciones se producen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el que cada uno sabe lo que paga porque anualmente debe presentar la correspondiente declaración. Pero si el IRPF baja, los demás impuestos no han dejado de subir. Sobre todo los indirectos, impuestos menos dolorosos porque se pagan poquito a poco, en la cesta de la compra, al repostar gasolina o al tomarse una caña, sin que el contribuyente lo note ni sepa exactamente cuánto paga. El desplazamiento de la carga impositiva de los impuestos directos hacia los indirectos tiene también el efecto de que el sistema es cada vez más regresivo; pagan menos los que más tienen, exactamente lo contrario de lo que dispone la Constitución. Pero claro, ya definió alguien la ola neoliberal en la que está inscrito el PP como "la revolución de los ricos".

No hay nada que objetar a una mayor presión fiscal si ésta se traduce en mejores servicios públicos y mayores prestaciones para los contribuyentes. Pero no parece ser el caso. Cuando menos en seguridad estamos pagando más por menos. En los últimos meses se ha disparado la alarma ante los indicadores que revelan un incremento en el número de delitos y ante la creciente sensación de inseguridad que tiene la ciudadanía. Al anunciarse los remedios que el Gobierno pretende aplicar, entre ellos y como medida estrella poner en la calle 20.000 nuevos policías en tres años, nos hemos enterado de que desde 1996 sólo la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha perdido unos 7.000 efectivos. En la misma época las compañías privadas han pasado de ser 782 en 1996 a 947 en 2002, y los vigilantes de seguridad pasaron de 9.686 en 1997 a 90.247 en 2002. Es decir, deliberadamente se ha dejado que el sistema público de seguridad reduzca su dimensión y que la seguridad privada crezca espectacularmente. Resulta que el PP no sólo está privatizando el sector público de carácter financiero e industrial en pos de esa utopía neoliberal del "Estado mínimo" y de la preeminencia de lo privado y su supuesta mayor eficacia, sino que también y de forma sibilina había iniciado la privatización de la seguridad. Seguridad, para el que se la pueda pagar.

El anuncio de que en tres años habrá 20.000 policías más resulta engañoso. La plantilla del CNP está envejecida; la edad media de sus miembros es de 46 años (y hay que tener en cuenta que a los 55 pasan a segunda actividad). En los próximos dos años se retirarán unos 17.000 agentes tanto del CNP como de la Guardia Civil. Así que los "nuevos" policías en realidad apenas van a incrementar el número de agentes en la calle, simplemente vendrán a sustituir a los que se retiren. Por otro lado, la convocatoria de esas 20.000 plazas en tres años se hace en unas condiciones poco ideales de cara a la calidad de la formación que van a recibir los nuevos policías y a la calidad del servicio que podrán prestar. El Centro de Formación del CNP en Ávila tiene una capacidad máxima de 1.500 alumnos; la Academia de Guardias Civiles de Baeza puede admitir poco más de 1.250. En las convocatorias que se han empezado a publicar este año (4.200 para el CNP y 2.280 para la Guardia Civil) se prevé la división de los aspirantes en tandas que van pasando una detrás de otra, cada seis meses, por los centros de formación. Se está forzando la maquinaria para meter en las academias a más alumnos de los que éstas venían formando cada año, y los períodos de estancia se han acortado a base de incrementar los de enseñanza práctica fuera de los centros de formación. Cabe dudar mucho sobre los resultados de esta operación.

Por otro lado, es también capcioso el anuncio hecho por el PP sobre la contribución de los más de 65.000 agentes de Policía Local para incrementar de modo sustancial la presencia de la policía en la calle y la firma de un convenio al efecto entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. Los policías locales ya estaban en la calle, y una simple firma o una rueda de prensa no van a tener efectos taumatúrgicos.

Además hay que decir que la seguridad ciudadana no sólo se consigue con más policías. También y sobre todo con mayor cohesión social, con más bienestar, con menos desigualdades, pobreza y marginalidad. Las políticas que aplica el PP no van en esa dirección; España no sólo sigue a la cola de Europa en gastos sociales, sino que éstos disminuyen en vez de aumentar, y el empecinamiento del Gobierno en el déficit cero, principio al que han renunciado sus correligionarios de otros países europeos, pone difícil una rectificación. En cambio estamos en cabeza en desempleo y precariedad laboral, factores que tampoco contribuyen a una sociedad más segura. Por no hablar de la política de extranjería (seguimos careciendo de una verdadera política de inmigración), cuyos efectos son los de poner artificialmente al inmigrante en situación ilegal, lo cual da todas las facilidades para su criminalización, como adecuado chivo expiatorio, y que una parte de los inmigrantes en vez de en su integración social y laboral acaben en la marginalidad. Aprovecho para decir, en contra de la propaganda oficial, que los inmigrantes no son un factor significativo en el aumento de la delincuencia. En todo caso, lo pueden ser algunos extranjeros, que no es lo mismo. Extranjeros que pertenecen a redes internacionales de delincuencia, cuya extensión es otro de los indeseados efectos de la globalización. Las fronteras que van desapareciendo para los capitales y las mercancías (no para los inmigrantes) también lo han hecho para las mafias.

Por otro lado, y para finalizar, la seguridad pública no consiste sólo en la lucha contra la delincuencia. Está también la labor de protección frente a catástrofes o calamidades públicas. La producida por el hundimiento del petrolero Prestige y la subsiguiente marea negra en las costas gallegas y de todo el Cantábrico nos indica que la política del PP en este campo tampoco implica mayor seguridad. Se ha comprobado que los recursos públicos establecidos para abordar una situación como ésta eran prácticamente inexistentes, y la reacción ha tenido que descansar fundamentalmente en buques de otros países, en los marineros y mariscadores gallegos y en los voluntarios llegados de toda España; una verdadera anticipación del "Estado mínimo" soñado por algunos visionarios neoliberales, donde son los ciudadanos particulares los que tienen que sacarse las castañas del fuego mientras los miembros del Gobierno se dedican a sus cosas. La ausencia de iniciativa y la descoordinación por parte de las Administraciones Públicas para combatir la marea negra ha sido patente, más allá del fácil trámite de aprobar ayudas económicas para los afectados. El patético papel del Gobierno y su falta de previsión se resumen en las declaraciones que hacía el Ministro de Agricultura y Pesca el día 16 de noviembre, cuando empezaba a llegar el fuel a la costa: "No tememos una catástrofe ecológica ni prevemos grandes problemas para los recursos pesqueros". El cinismo del Gobierno del PP a la hora de ofrecer (mejor, ocultar o manipular) la información y de acusar a la oposición de deslealtad y falta de patriotismo por ejercer su papel de crítica ha sido deplorable. Baste decir que el ministro responsable por ley de la Protección Civil, el Ministro del Interior, ha estado completamente desaparecido. Quien debiera haber elaborado los correspondientes planes de emergencia, ahora sabemos que inexistentes, quien debiera haber coordinado los recursos para atender la situación, notoriamente insuficientes, quien debiera haber dirigido la tarea de los voluntarios, movilizado a las fuerzas de seguridad y requerido la intervención de las fuerzas armadas, prácticamente ausentes durante más de tres semanas, simplemente ha estado desaparecido del mapa. Durante la marea negra la Dirección General de Protección Civil solamente ha publicado notas de prensa alertando sobre el temporal de nieve y lluvia en varias comunidades, y ni palabra de lo que estaba pasando en la costa gallega. El lugar del ministro Acebes al frente del desastre (ecológico y político) lo ha ocupado el vicepresidente Rajoy, no se sabe muy bien por qué. A lo mejor para equilibrar la situación de los tres aspirantes a la sucesión. Mayor Oreja naufragó en las elecciones vascas; Rato está naufragando en los indicadores de la situación económica; Rajoy ha sido enviado a naufragar en el chapapote de las playas gallegas. Un triple empate que mantiene el suspense que tanto parece gustar a Aznar.

Más impuestos y menos seguridad ha sido, hasta ahora, lo que ha ofrecido el PP. Poca credibilidad puede ofrecer ahora con el lema opuesto.