MANIFIESTO POR LA LENGUA ÚNICA
Desde hace algunos años hay crecientes razones para
preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua
castellana. Los nacionalistas vinculan sus proyectos separatistas de España a
la imposición de las lenguas regionales y a la marginación e incluso
liquidación del español, única lengua común de nuestra patria.
En particular, dentro del separatismo vasco hay
quienes vienen reclamando la posibilidad de desarrollar por completo la vida en
lengua vasca, reclamando un supuesto “derecho a vivir en euskara”. Para
garantizar tal cosa exigen que los que todavía no saben euskara lo aprendan y
lo utilicen y se establezca “una Euskal Herria euskaldun”. En suma, que los
hipotéticos derechos lingüísticos de los vascoparlantes pasan por imponer a
todos los demás ciudadanos el uso de su lengua, convirtiéndola en realidad en
la lengua única de su imaginada patria con exclusión del castellano.
Tenemos que reconocer que los separatistas vascos
aciertan en uno de sus diagnósticos. No es posible constituir una sociedad
desarrollada, y menos una nación unida, sin la base de una lengua común; y el
derecho de los hablantes de una lengua exige imponer su uso a los demás. Su
error es pretender hacer pasar por lengua única lo que no es sino una lengua
regional y minoritaria, cuyo uso histórico se ha restringido a la población
rural no alfabetizada, que no ha sido lengua de cultura y que hoy se intenta
hacer pasar por tal mediante la imposición de un artificial dialecto unificado
que aniquilará a sus auténticas variantes tradicionales. Por ello es
imprescindible, frente a la imposición de la lengua única que pretenden los
separatistas como instrumento para la fragmentación de España, reafirmar la
necesidad del castellano o español como lengua única que asegure la unidad de
patria.
Hay quienes legítimamente preocupados por el desafío
que suponen los nacionalismos desintegradores y las políticas lingüísticas que
están imponiendo en las comunidades autónomas que gobiernan han lanzado su voz
de alarma a través de un manifiesto en defensa de la lengua común. Documento
sin duda bienintencionado, pero alicorto y acomplejado. En aras de la
corrección política que la progresía desespañolizadora ha venido imponiendo
incluso en el texto constitucional, el manifiesto traga con demasiadas
concesiones a un mal entendido pluralismo cultural. Asume el falaz principio de
que todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y
merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, como si
pudieran ponerse al mismo nivel lenguas rústicas, residuos de la historia y
carentes de la posibilidad de ser utilizadas en cualquier ámbito intelectual o
científico, con una lengua universal como el español. Reconoce derechos abusivos
de los ciudadanos que hablan otras lenguas a recibir educación y ser atendidos
por la administración en ellas, e incluso acepta el principio de rotulación
bilingüe de espacios públicos, lo que podría llevar a que incluso en Navarra,
la región que más heroicamente viene conteniendo la amenaza separatista, se
sustituya la actual rotulación monolingüe en castellano que afortunadamente es
predominante.
Es necesario actuar sin dudas ni complejos y llevar a
sus últimas consecuencias las exigencias de preservación del castellano como la
única lengua juntamente oficial y común de todos los españoles. Tomemos ejemplo
de nuestros vecinos franceses, que han mantenido hasta el presente (aunque
sufren hoy también el acoso nacionalista y la tentación de ceder a sus exigencias
lingüísticas) el francés como única lengua de la República. Por consiguiente
los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del
rango adecuado, incluida la reforma constitucional, para fijar inequívocamente
los siguientes puntos:
1. La lengua española o castellana es la única oficial
en todo el territorio nacional.
2. Todos los ciudadanos tienen el derecho y sobre todo
el deber a ser educados en lengua española.
3. Las lenguas regionales pueden figurar en los planes
de estudio de sus respectivas comunidades y ser objeto de fomento junto a otros
elementos culturales y folklóricos, pero nunca como lengua vehicular. Podrá
utilizarse como lengua vehicular el inglés para asegurar el dominio de esta
lengua de comunicación internacional.
4. Cualquier ciudadano español tiene derecho y deber a
ser atendido institucionalmente en la única lengua oficial. Para los ciudadanos
extranjeros que no tienen la suerte de conocer el español se establecerán los
correspondientes servicios de atención en otras lenguas civilizadas,
preferentemente el inglés.
5. La rotulación de los edificios oficiales y de las
vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la
ciudadanía, se hará siempre en español. Se hará también en inglés u otras
lenguas cultas en las zonas turísticas o en servicios que utilicen también los
ciudadanos extranjeros.
6. Todos los representantes políticos, tanto de la
administración central como de las autonómicas, utilizarán únicamente en sus
funciones institucionales la lengua castellana lo mismo dentro de España que en
el extranjero.
Se invita a todos los españoles de bien hartos de
paños calientes, eufemismos y sutilezas, amantes de decir las cosas claras, a
adherirse a esta iniciativa.
(Este texto publicado en el Diario de Noticias no ha sido comprendido por algunos lectores que se han indignado con su contenido. La intención del autor, en tono de ironía, era hacer una versión paródica del “Manifiesto por la lengua común”. Parece que erró el tiro y que hay gente dispuesta a tomarse en serio cualquier salvajada).
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