DE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA A LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA.

Por el Foro Iruña: Sagrario Alemán, Ginés Cervantes, Fermín Ciáurriz, Conchita Corera, Miguel Izu, José Ignacio López Borderías, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y José Luis Úriz.

Que las relaciones entre justicia y política, en cualquier tiempo y país, sean difíciles y polémicas no sorprende. La tendencia del poder político es siempre a ampliar su esfera de control, y el reto de cualquier sistema de justicia proteger su independencia. Son abundantes los casos de conflicto, inherente al Estado de derecho, y al cual cada sistema político trata de dar la mejor respuesta. Sin embargo, hoy y en nuestra realidad concreta los repetitivos síntomas de una excesiva politización de la justicia, potenciada por una desmedida judicialización de la vida política, son particularmente preocupantes y están sobrepasando los niveles aceptables de tensión, amenazando con degradar el sistema democrático y los valores éticos que constituyen su fundamento.

En cualquier Estado de derecho el poder judicial constituye la última garantía de resolución de conflictos sociales convertidos en contiendas jurídicas, en decisiones sobre la aplicación de normas. Sucede que no todos los conflictos, inseparables de la convivencia social, son susceptibles de encontrar una solución adecuada a través de la justicia. La conciencia de ello ha impulsado un fuerte movimiento hacia la búsqueda de procedimientos alternativos de mediación, arbitraje y conciliación en ámbitos tan dispares como las relaciones laborales, los derechos de los consumidores, la familia o la comunidad educativa. Resulta paradójico que, mientras la sociedad civil camina en la dirección de encontrar mecanismos más aptos que el proceso judicial para resolver conflictos, la política parece transitar justamente en sentido contrario.

Son demasiadas las controversias políticas que acaban judicializándose, sea en la jurisdicción penal, contencioso-administrativa o constitucional, y excesiva la carga que se arroja sobre los órganos judiciales. Fallan los mecanismos de debate y resolución propios de la política. El nivel de crispación que preside nuestro acontecer político tiene, entre otros efectos perniciosos, el de judicializar una cantidad desmesurada de debates que no debieran salir del ámbito político, frecuentemente forzando los instrumentos jurídicos para obtener a través de cauces procesales lo que no se ha obtenido en el terreno de juego democrático. Esta situación llega a extremos insoportables cuando el terrorismo y la política antiterrorista se convierten en el centro de la confrontación política, como viene sucediendo en la presente legislatura de las Cortes Generales a cuenta del atentado del 11-M y de la lucha contra ETA. El debate político y el debate judicial acaban confundiéndose y contaminándose por la visceralidad que impregna la materia y convierten en casi imposible una justicia que pueda actuar con independencia. La presión a que se ven sometidos los jueces que conocen de causas con un fuerte impacto político se vuelve desmesurada y el enfrentamiento partidista se traslada a los órganos judiciales. Se hace habitual la valoración en términos estrictamente políticos de las sentencias y un acatamiento meramente formal que apenas encubre la voluntad de desautorizarlas.

El poder judicial ha padecido una larga postergación en el proceso de modernización de las instituciones del Estado que hemos vivido en los últimos treinta años. Su organización, su funcionamiento y los recursos de que dispone para cumplir sus funciones no son todavía los adecuados para este tiempo. No resulta extraña la poca confianza que los estudios sociológicos revelan que los ciudadanos tienen hacia la administración de justicia, que ven como lejana, lenta y opaca. Ahora, sobre ese descrédito se va asentando otro descrédito aún más peligroso, la imagen de su extrema politización y la de que, más que las exigencias de un Estado de derecho, sirve como instrumento de intereses partidistas e ideológicos e incluso para perseguir a los oponentes políticos. Por desgracia, junto con el buen hacer de muchos jueces hay demasiados ejemplos de resoluciones judiciales muy discutibles y discutidas, incluso con graves disensiones internas entre magistrados y entre órganos judiciales, que alimentan esta desconfianza. En nada contribuye a mejorar esta situación el tratamiento sensacionalista y poco riguroso, cuando no directamente interesado en instruir juicios paralelos, que a menudo conceden los medios de comunicación a la actividad judicial.

Creemos que es urgente tomar medidas para recuperar el progreso hacia una justicia profesional e independiente de la política partidista que sepa mantenerse ecuánime e imparcial, y contar con unas instituciones y fuerzas políticas que sepan encauzar sus controversias sin caer en el “todo vale”, incluido el recurso abusivo a la justicia. Probablemente una de las carencias principales que sufrimos es una buena cultura política que asegure por parte de todos, ciudadanos y gobernantes, políticos, jueces y periodistas, unos adecuados y responsables usos democráticos.

Más allá de una mejora, que siempre será gradual, en la calidad de nuestros hábitos políticos, es necesario impulsar ya un debate sobre medidas legales e institucionales que ayuden en ese camino de perfeccionamiento del sistema judicial. Que podría pasar por una reconsideración sobre la composición y elección del Consejo General del Poder Judicial, evitando la actual traslación automática del enfrentamiento partidista desde el ámbito parlamentario; sobre una redistribución de determinadas funciones que, reservadas a unos pocos órganos especiales o especializados, cargan de excesiva responsabilidad a unos pocos magistrados convertidos, de buen grado o a su pesar, en jueces estrella abrumados por la presión política, social y mediática que hacen más que dudosa una labor rigurosa y eficaz; y también por reconsiderar la composición y funciones del Tribunal Constitucional, órgano no estrictamente judicial pero que comparte similares problemas, que ha degenerado en una tercera cámara legislativa a la cual se trasladan los conflictos políticos suscitados en las otras dos. Sabemos de la dificultad de abordar este debate, que posiblemente llevaría a una reforma no sólo legal sino constitucional, reforma ahora bloqueada precisamente como consecuencia de los conflictos a los que nos referimos y de la situación de crispación que padecemos. Pero en algún momento habrá que salir de ese círculo vicioso. Creemos que debemos empezar a exigir este debate si no queremos seguir presenciando la degradación de algunos elementos esenciales de un auténtico Estado de derecho y democrático.

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