El pasado mes asistí en Barcelona a un seminario de la Fundación Rafael Campalans, ligada a los socialistas catalanes, sobre seguridad pública. Estas líneas expresan mis conclusiones sobre lo que allí se dijo. Se constató la necesidad de debatir sobre esta cuestión, de normal acaparada por la derecha, por una izquierda habituada a plantear alternativas en otros ámbitos: educación, salud, empleo, que hoy ha de afrontar la preocupación de los ciudadanos, justificada o no, por el incremento de la delincuencia si no quiere entregar una importante baza política a la derecha (o a la extrema derecha, como en las recientes elecciones francesas). La globalización económica genera nuevos riesgos, hace más vulnerables a nuestras sociedades y conlleva la globalización de la delincuencia (terrorismo, drogas, blanqueo de capital, tráfico de personas). La globalización neoliberal crea, no como efecto colateral sino directo, inseguridad.

La izquierda no puede enfrentar los problemas de seguridad con la misma óptica que la derecha, ni ceder a la tentación de ofrecer iguales soluciones sugiriendo que la diferencia es sólo que "nosotros lo haríamos mejor". No debe caer en la trampa, para evitar que se le acuse de débil o tolerante, de las manidas recetas de mano dura, "tolerancia cero", más policía, más prisiones, mayores penas. Sin perjuicio del estudio puntual de estas medidas, debe plantear la cuestión cualitativa: mejor policía, mejores prisiones, penas o medidas sustitutivas más eficaces. Y explicar que una mayor seguridad no se consigue sólo con la aplicación del Derecho Penal y la represión, sino principalmente desde la prevención, desde el abordaje de las causas y no sólo de los efectos.

Entiendo que sigue vigente la dicotomía sobre la naturaleza del ser humano formulada por Hobbes y Rousseau: un lobo cuyos feroces instintos han de ser reprimidos sin piedad o un buen salvaje que si hace el mal es por ignorancia o por culpa de las estructuras sociales. Aunque la realidad no encaja en esquemas tan simples, la derecha suele ser más hobbesiana y la izquierda más rousseauniana. No quiere ello decir que la izquierda no acepte el castigo en algunos casos, o que la derecha rechace toda reforma social. Pero no pueden poner el énfasis en los mismos temas.

La izquierda debe reivindicar que la sociedad segura no es la que más castiga y denunciar cómo se manipulan los indicadores sobre seguridad y eficacia policial (y hoy, en España, sobre inmigración y delincuencia). Una política de seguridad no es más eficaz sólo por sumar más policías en la calle, detenciones, procesos y reclusos en las cárceles, como se nos vende tan a menudo. Tampoco por rebajar el número de denuncias (hay formas de desanimar a las víctimas). La eficacia se debe medir en el descenso de los delitos cometidos, de las víctimas y de los daños, y sobre todo de la sensación de inseguridad. Un ejemplo actual y sangrante: el creciente número de escoltas que actúan en el País Vasco y el aumento del gasto no demuestran eficacia contra el terrorismo, sino más bien un fracaso; el éxito pasaría por su desaparición.

Las sociedades más seguras son aquéllas con mayor cohesión social; por mucho dinero que dediquen los Estados Unidos difícilmente llegarán a los niveles de seguridad de Suecia. Más y mayores desigualdades sociales crean el caldo de cultivo propicio para la inseguridad. Las zonas más inseguras son las aglomeraciones urbanas de renta media elevada pero con grandes contrastes en su reparto, y quienes más padecen son las clases más débiles con menos recursos para protegerse. Redistribuir la riqueza y las oportunidades implica redistribuir seguridad. La mejor prevención es invertir en políticas solidarias y redistributivas, en educación, familia, servicios sociales, equiparación de dotaciones en los barrios, integración de inmigrantes. Por eso la derecha, al apostar por reducir el gasto público y contener la inversión en políticas sociales, por la regresividad fiscal, por el individualismo y la autoprotección (sanidad y educación privadas, fondos de pensiones privados, incluso vigilancia privada para quien la pueda pagar), difícilmente va a garantizar seguridad. Por mucho que no ahorre, aparentemente, en seguridad (fuerzas armadas, policía, cárceles). Y en nada ayuda el factor geopolítico, inseparable de la seguridad interna. La política internacional desde prismas conservadores genera un mundo desordenado, insolidario y desigual. Los problemas de los países menos afortunados llaman a nuestra puerta en forma de refugiados, inmigrantes, sobresaltos bursátiles, o terrorismo sin fronteras.

Dicho esto no hay que eludir desde la izquierda proponer alternativas, también, en políticas de seguridad pública strictu sensu. Y aquí hay que decir que nos falta una policía, una justicia y unas cárceles adecuadas para afrontar los nuevos retos. La policía –las policías- está frecuentemente desbordada y no sólo por insuficiencias numéricas sino estructurales. Las policías estatales (Guardia Civil y Policía Nacional) pretenden abarcar todo, desde la policía de proximidad hasta las misiones internacionales de paz, la delincuencia organizada, el terrorismo y la inmigración. Las policías locales suelen ser mantenidas al margen de la investigación penal, y las autonómicas no han venido a sustituir o complementar a unas o a otras sino a competir con ellas en un marco poco claro. Todas ellas siguen ancladas en esquemas de intervención que no han evolucionado lo suficiente.

El sistema policial debe afrontar el reto de actuar en lo global y en lo local. Sin un proceso decidido de descentralización (incluyendo transferencias en favor de Comunidades Autónomas y municipios urbanos), impulsando la actuación de las policías locales y autonómicas como la auténtica policía próxima tanto a nivel preventivo como de investigación de la pequeña delincuencia contra las personas y la propiedad difícilmente se va a poder actuar con eficacia contra ésta. Sin la reorganización de la policía estatal con unificación de cuerpos (y equiparación de derechos de los guardias civiles, los parias de la función pública) y, transferida la lucha contra los delitos menores, especialización en persecución de la delincuencia organizada en redes internacionales y en servicios supracomunitarios, no podrán ser abordadas correctamente estas cuestiones. Además las policías deben acomodarse a no trabajar solas, a actuar en coordinación no sólo entre ellas (asignatura pendiente, pese al impulso de la cooperación policial europea) sino con el resto de las instituciones y organismos sociales desde el nivel local. Deberán trabajar más en red que en orden jerárquico y con "orientación al cliente", el ciudadano al que deben proteger y principalmente las víctimas (no insisto en que la policía deba ser democrática y proteger los derechos humanos, debemos darlo por sobreentendido, aunque exija vigilancia permanente).

Sobre todo el aparato policial debe convertirse definitivamente en servicio público. Es insuficiente la regulación legal centrada en el estatuto de los policías y las potestades administrativas. Falta toda una legislación –como sí existe con la educación o la salud, que no consisten sólo en dirigir maestros o médicos- que defina el servicio público de la seguridad, su contenido y el nivel de prestación que pueden exigir los ciudadanos. Y a la vista del auge de la seguridad privada, sus límites respecto del servicio público. Sin rechazar su existencia cuando una actividad privada genere riesgos en el ámbito privado o sobre los que deba responder ante terceros, la solución de los problemas de inseguridad no pasa por su generalización. El desarrollo irrefrenado de la seguridad privada, invadiendo incluso los espacios públicos, resulta peligroso e insolidario. Sus medidas no son de disminución del delito, sino de reducción del riesgo para quienes la pueden pagar y de desplazamiento a otras personas con menores recursos para protegerse.

En cuanto a la justicia, sólo decir que además de juicios rápidos necesitamos una justicia ágil y próxima, con más recursos y más descentralizada. A la policía local debiera corresponder en ámbitos urbanos una justicia local especializada en resolver los pequeños delitos. Descargarlos de los órganos judiciales superiores permitiría a éstos una mayor especialización en los delitos graves (los que vienen causando mayor alarma social: homicidios, agresiones sexuales, violencia doméstica) y la criminalidad organizada. Esa policía y esa justicia local (bien dotada de recursos por los ayuntamientos en esa anunciada segunda descentralización) debieran imponer penas y otras medidas alternativas a la privación de libertad que descargaran también un sistema penitenciario sometido a reforma –y descentralización- para ser de verdad instrumento de reinserción social.

Son abundantes, pues, las cuestiones sobre las cuales es necesario y urgente que la izquierda plantee debate y búsqueda de alternativas propias para que la seguridad pública sea, de verdad, pública, para todos los ciudadanos.