Aunque la definición de nuestra sociedad como democrática supone que el gobierno se debe ejercer no sólo con la conformidad de los ciudadanos, sino también y principalmente con su participación, la realidad práctica nos dice que con frecuencia los ciudadanos se encuentran muy alejados de las decisiones que adoptan quienes ejercen el poder público. Algunas veces esto deriva de la propia complejidad de esas decisiones, fruto a su vez de la complejidad de nuestro sistema social y económico y del progreso tecnológico. La simple comprensión de algunas alternativas políticas exige a menudo conocimientos técnicos altamente especializados que escapan a la mayoría. No sólo los ciudadanos de a pie, sino incluso sus representantes en las instituciones no tienen otro remedio que depositar su confianza en los expertos.

Tampoco es inusual que, fruto de los avances económicos y técnicos, los ciudadanos percibamos que muchas de esas decisiones políticas implican elevados niveles de riesgo. Se ha hablado incluso de que vivimos en una "sociedad de riesgo". Si bien es cierto que el progreso tecnológico proporciona, en general, mayores cotas de bienestar y de protección para la vida y la salud de las personas (no es casual que las mayores catástrofes se produzcan en los países menos desarrollados económicamente), no menos cierto es que también el progreso tecnológico produce sus propias situaciones de peligro, a veces de enorme gravedad (pensemos en los riesgos nucleares, el agujero de la capa de ozono, los accidentes de tráfico, ferroviarios y aéreos, o incluso la tan actual epidemia de encefalopatía espongiforme bovina o "mal de las vacas locas").

En estos casos los ciudadanos exigimos de quienes detentan el poder que extremen aquellos mecanismos que son propios del proceso democrático: un debate público previo a la toma de las decisiones con participación de los expertos y de los agentes implicados, una información amplia y precisa, accesible a todos los ciudadanos incluso cuando implique cuestiones de cierta complejidad técnica, y un procedimiento riguroso y transparente ajustado estrictamente a la legalidad. En suma, un proceder que incluso en los casos en que el juicio sobre el acierto en las decisiones supere el nivel de conocimientos de la mayoría de los ciudadanos, sea capaz de inculcar en ellos la confianza de que la actuación de los poderes públicos es correcta. Así se refleja expresamente en el art. 1º de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, la cual se organiza "de acuerdo con los principios de autonomía, participación, desconcentración, eficacia y coordinación en la gestión de los intereses públicos para la consecución por ésta de la confianza de los ciudadanos".

En estos momentos es causa de preocupación de muchos ciudadanos navarros todo lo concerniente a la seguridad de una gran obra como es el embalse de Itoiz, a raíz de haberse hecho público el pasado 16 de noviembre el informe redactado y dirigido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Arturo Rebollo Alonso para la empresa CIVILTEC, S.A. En dicho informe se identifican hasta siete posibles riesgos generados por deslizamientos del terreno donde se asienta la presa susceptibles, cada uno de ellos, de causar auténticos desastres humanos y ambientales con pérdidas seguras de vidas humanas y arrasamiento total de núcleos de población en el caso de ser llenado el embalse. Entre las posibles consecuencias que producirían estos riesgos, destaca el arrasamiento de las zonas inferiores de los ríos Irati, Aragón y Ebro, entre ellas los núcleos de más población como Aoiz, Lumbier, Sangüesa y Tudela, así como los de menor entidad situados entre estas poblaciones en los cauces bajos de dichos ríos. En las conclusiones de ese informe se afirma lo siguiente: "El embalse proyectado en Itoiz no debe jamás llevarse a sus últimas consecuencias de llenado y entrada en servicio, dados los graves problemas y riesgos catastróficos que de tales episodios pueden derivarse". "La seguridad y garantía en el control actual y futuro del embalse de Itoiz, son nulas".

Si preocupantes son esas afirmaciones por venir de una persona con un acreditado curriculum técnico (ha recibido la Medalla al Mérito Profesional del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), más preocupante resulta que tres meses y medio después de su presentación no haya habido respuesta de las Administraciones competentes en la materia ni se haya presentado ningún otro informe que contradiga al realizado por CIVILTEC, S.A. Nadie puede alegar a estas alturas desconocimiento sobre este informe y sus conclusiones, que ha sido hecho público y entregado a las instituciones competentes. Don Arturo Rebollo estuvo a finales del pasado mes de enero en Pamplona impartiendo una conferencia en la que explicó pormenorizadamente el contenido y conclusiones de su informe y emplazó al Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a que antes de tomar ninguna decisión irreversible consulte con técnicos extranjeros.

El Tribunal Supremo, que mediante sentencia de 14 de julio de 1997 anuló el proyecto del embalse de Itoiz por su afección a las bandas de protección de las Reservas Naturales, ha decidido revisar su propia sentencia ampliándola a los motivos de seguridad, a la vista de la aparición de varios informes oficiales que advierten sobre riesgos generados por el embalse de Itoiz, y se halla actualmente examinando los informes realizados por el geólogo de la Universidad de Zaragoza don Antonio Casas sobre "Deslizamientos de vertientes en la cerrada del embalse de Itoiz", así como el informe realizado por don Arturo Rebollo, y ha citado a ambos técnicos para prestar declaración.

Es de sobra conocido que la construcción del embalse de Itoiz ha estado sometida a intenso debate político y social, que sobre el proyecto han existido y existen posturas muy encontradas, y que además ha sufrido diversos avatares judiciales, todavía no resueltos en su totalidad. Una buena parte de esa polémica ha enfrentado a la Administración con colectivos que en estos momentos denuncian los riesgos para la seguridad que puede implicar el llenado del embalse. No es nuestro propósito entrar en esa polémica sobre la procedencia o conveniencia de la construcción del embalse, ya que ni siquiera entre quienes suscribimos estas líneas hay acuerdo al respecto y sí diferencias de criterio. Por otro lado, sabemos que cualquier informe técnico es, por naturaleza, discutible, y que sus conclusiones por muy bien fundamentadas que parezcan pueden ser impugnadas por otro informe técnico. Sin embargo, desde la sincera preocupación que nos producen las mencionadas opiniones de don Arturo Rebollo, desearíamos expresar nuestro convencimiento de que es exigible, en este momento, que por las Administraciones Públicas responsables se ofrezca completa información pública y diálogo con los interesados sobre las cuestiones citadas.

Las instituciones públicas deben examinar y contestar todas las propuestas que reciban, al margen de su procedencia. No creemos que fuera de recibo que las competentes en este caso (Gobierno de Navarra, Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro) guarden sepulcral silencio en este caso simplemente porque las denuncias provengan de organismos con los cuales han mantenido enfrentamientos políticos y judiciales; y no queremos ni pensar que el silencio se deba a una incapacidad técnica para evaluar los riesgos denunciados y contestar adecuadamente, que en este caso comportaría una ignorancia inexcusable. Hay que recordar que la opinión pública está ya suficientemente sobresaltada en los últimos años por sucesos catastróficos de diverso carácter en nuestro país y en países vecinos (hundimiento de edificios, puentes, presas, túneles, incendios, accidentes aéreos, ferroviarios, marítimos, etc.) que arrojan demasiadas dudas sobre si las medidas preventivas fueron las adecuadas y sobre si las medidas de inspección y control por las autoridades públicas se ejecutan siempre con el debido rigor. Es el conjunto de los ciudadanos el que tiene derecho a una respuesta por parte de los poderes públicos que le tranquilice y le devuelva la confianza sobre las medidas que se deban adoptar. Apelamos, pues, desde las mínimas exigencias que comporta una sociedad democrática moderna, a los poderes públicos a dar una respuesta a las cuestiones aquí planteadas.