La construcción del embalse de Itoiz es uno de los asuntos que mayor polémica ha generado en la sociedad navarra en los últimos años, especialmente durante el año pasado con motivo de la sentencia de la Audiencia Nacional que lo declaraba ilegal. Pasados unos meses de relativa calma, la polémica se recrudece ahora con motivo del auto del mismo órgano judicial que acuerda la suspensión de las obras, si bien sometida a determinadas condiciones, la principal de ellas la prestación de una millonaria garantía por parte de los recurrentes. No es mi propósito entrar en el fondo del asunto, es decir, si la construcción del embalse de Itoiz es conveniente o no, pero sí quiero manifestar mi preocupación por la forma en que se está desarrollando todo el proceso, con vulneración de algunos de los principios esenciales del Estado de Derecho.

A lo largo de la polémica determinados defensores de la construcción del embalse de Itoiz no han ahorrado descalificaciones para quienes, tan legítimamente como otros apoyan el proyecto, lo han criticado. He tenido ocasión de leer en la prensa que quienes no apoyan Itoiz están en contra del desarrollo de Navarra, en contra de que haya regadíos, en contra de que se regule el agua, en contra del mismo proyecto de Navarra como Comunidad Foral, etc. Estos ataques, asumidos principalmente por miembros de UPN, venían a descalificar prácticamente como anti-navarro o mal navarro a cualquiera que criticara el proyecto de Itoiz, como si esta no fuera una cuestión sometida, como cualquier otra, a debate político y en la que es posible mantener diversas posturas, sino una cuestión de fe.

El motivo principal por el que la Audiencia Nacional haya declarado la obra ilegal es que carece de soporte legal, es decir, no existe una ley que la haya declarado de interés público, y que durante la tramitación del proyecto no ha quedado suficientemente justificada la necesidad de la obra. Por algunos defensores del proyecto se ha pretendido restar importancia a estos motivos como simples deficiencias legales que se pueden subsanar fácilmente, y que en cualquier caso no pueden obstaculizar lo que la mayoría del pueblo navarro quiere. Para asegurar que el proyecto tiene un apoyo mayoritario se creó la Plataforma del Agua, que apoya la continuación de la construcción del embalse, diga lo que diga la Audiencia Nacional. El principal argumento de esta Plataforma es que representa a la mayoría de los navarros.

Probablemente esto es cierto, pero creo que hay que establecer con firmeza que si bien la democracia implica el sistema de las mayorías para tomar decisiones, no se agota en ello; y la mayoría por si misma no implica democracia (también caben las dictaduras de la mayoría). La Audiencia Nacional, para declarar ilegal la obra de Itoiz, aplica el ordenamiento jurídico, que se halla encabezado por la Constitución. En virtud de las normas constitucionales, a veces ni siquiera la mayoría es suficiente para adoptar una decisión, ya que hay valores por encima de la simple mayoría. No basta, por ejemplo, una mayoría de las Cortes Generales para reformar determinadas partes de la Constitución, sino que se exige una mayoría reforzada de dos tercios en dos legislaturas sucesivas, además de un referéndum. Y no basta una mayoría simple para aprobar una ley orgánica, sino que se exige una mayoría absoluta. Y si esa ley orgánica es un estatuto de autonomía ni siquiera basta esa mayoría, pues requiere también la mayoría en el parlamento autonómico correspondiente. Además, en todo caso esas leyes aprobadas por mayoría se someten al control del Tribunal Constitucional, para asegurar su adecuación a normas de rango superior, principalmente la Constitución, de modo que incluso una ley aprobada por mayoría cualificada puede ser inválida..

En virtud de la Constitución y de las leyes que la desarrollan, en este caso la Ley de Aguas, para realizarse una gran obra pública como es la construcción de un embalse, tampoco basta simplemente con un apoyo popular mayoritario, hay que seguir unos cauces: deben existir unos planes hidrológicos aprobados por ley, debe justificarse la necesidad de esa obra, o su conveniencia sobre otras alternativas, debe estudiarse su impacto ambiental, etc. Con todo ello el ordenamiento no busca poner trabas a lo que quiere la mayoría, sino garantizar la protección de determinados valores y, en todo caso, garantizar que la decisión final va a ser acertada porque ha sido meditada, debatida (y debatida donde debe hacerse y no en otro lugar, en el parlamento, con luz y taquígrafos, por los representantes elegidos directamente por los ciudadanos, incluidas las minorías que no gobiernan), contrastada y adoptada con toda la información necesaria. Para asegurarse que las decisiones que se tomen se ajusten a todo ello, además, está el control de unas instituciones sobre otras, y en particular, el control judicial sobre la actuación administrativa.

Me temo que en el caso de Itoiz se está procediendo de una forma muy distinta a la que viene exigida por esos principios elementales de un Estado de Derecho y democrático. La decisión se toma al margen de las leyes, y se justifica simplemente por una mayoría social favorable; no se respetan los cauces formales, y se descalifica como contraria al interés general la sentencia que llama la atención sobre todo ello; se sacan las masas sedientas a la calle al grito de sin Itoiz no habrá agua para nadie (sin hablar de si hay o no hay otras alternativas). Sin pedir responsabilidades a nadie por la chapuza legal se empieza a estudiar como deben remendarse las leyes para que quepa en ellas una decisión ya tomada. Con ello avanzamos hacia un claro fraude de ley; las decisiones no se toman conforme a la ley, sino que las leyes se hacen conforme a las decisiones ya tomadas que deben ser amparadas. Como ha dicho la propia Audiencia Nacional, ello puede suponer que en vez de ajustarse la Administración a la ley será la ley la que se va a ajustar a la Administración.

El colmo de esta actitud, enormemente peligrosa no solo en relación con el embalse de Itoiz sino como precedente para el futuro, son las declaraciones que hace don Javier Otano tras el último auto de la Audiencia Nacional. Dice el señor presidente sobre la existencia de posibles responsabilidades por la declaración de ilegalidad de Itoiz (copio literalmente de Diario de Noticias de 27 de enero de 1996, página 21): "No me preocupa esa posibilidad ni me importa correr el riesgo de que la sentencia del Tribunal Supremo sea finalmente contraria al proyecto actual, porque en democracia deciden las mayorías y en Navarra éstas han apostado por hacer este proyecto. Las responsabilidades políticas se pagan cada cuatro años, cuando hay elecciones y los ciudadanos deciden". En otras palabras, el presidente del Gobierno de Navarra está decidido a impulsar Itoiz aunque sea ilegal ya que sabe que cuenta con un respaldo mayoritario y eso no le va a quitar votos. Al presidente no le preocupa (quizás porque lo desconoce) que haya un artículo en el Código Penal que castigue como un delito de prevaricación el tomar a sabiendas decisiones ilegales (y el Código Penal no tiene en cuenta a las mayorías como eximente ni como atenuante).

Y en otro punto dice el señor Otano: "la posible paralización de las obras del proyecto de Itoiz está felizmente superada". Esto lo dice ante un auto que ordena la suspensión de las obras de Itoiz en razón de su ilegalidad. No es que el señor Otano sea ignorante o no sepa leer, sino todo lo contrario: sabe que los recurrentes no van a poder prestar el aval de 24 mil millones de pesetas. Esta postura es de un absoluto cinismo, y traduce el viejo lema de "el fin justifica los medios". Lo único que puedo decir en favor del señor Otano es que no es una actitud anómala; en el funcionamiento diario de la Administración es muy usual dictar actos ilegales con la tranquilidad que da el saber que al ciudadano le resulta más perjudicial recurrir (años para conseguir una sentencia favorable, y con todos los gastos que supone) que someterse a la voluntad administrativa. Pero habitualmente las autoridades y funcionarios que lo hacen tienen el pudor de no decirlo en voz alta y mucho menos que quede plasmado por escrito.

Si finalmente Itoiz sigue adelante, espero como mal menor que con los años las críticas a la afección medioambiental del embalse o su falta de justificación se revelen equivocadas; pero de lo que estoy convencido es que nunca estará justificada la brecha en el Estado de Derecho que todo el proceso está suponiendo, y que si mide el grado de interiorización de los principios constitucionales por nuestra sociedad seguro que tendremos que lamentar.