Responsabilidad supone la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias que se derivan de los propios actos. En particular, de los propios errores. En los últimos tiempos se vienen confundiendo sistemáticamente, en nuestra vida pública, dos tipos de responsabilidad de naturaleza y consecuencias bien distintas.

La responsabilidad penal supone soportar el castigo que puede imponerse a quien incurre en una conducta socialmente rechazada y tipificada en las leyes como delito. Las sociedades civilizadas tienen cierta prevención a imponer castigos tan terribles como la privación de la libertad o del patrimonio, o incluso la muerte; por ello someten el procedimiento para exigir esa responsabilidad a límites muy rígidos, especialmente a través de dos principios: el de presunción de inocencia (todos somos inocentes hasta que se demuestre sin lugar a dudas nuestra culpabilidad) y el de in dubio pro reo (en caso de duda razonable se decide a favor del acusado y se le absuelve). Las sociedades civilizadas prefieren tener en la calle a algunos delincuentes antes que tener en la cárcel a un solo inocente. Es un sistema que pretende garantizarnos a todos los ciudadanos el no ser condenados por error; el precio que pagamos es el riesgo de dejar en libertad a cierto número de delincuentes cuya culpa no se pudo probar.

La responsabilidad política implica la obligación de soportar la crítica de los ciudadanos e, incluso, de verse privado de un cargo público, por los errores cometidos en su desempeño. Aquí el principio aplicable es el de la mujer del César; no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo. Como se dice en nuestra Ley Foral de Administración Local, ésta debe funcionar de tal modo que consiga la confianza de los ciudadanos. Un político no está amparado por la presunción de inocencia; al contrario, es él quien tiene la carga de convencer a los ciudadanos de la bondad de su gestión y de lograr su confianza. El político que, pese a ser honrado y trabajador, fracasa en lograr que los ciudadanos confíen en él, ha fracasado como político; deberá asumir su responsabilidad y abandonar sus cargos públicos. Aquí la duda opera en contra del responsable político. La sociedad prefiere tener a cien políticos eficaces y honrados en sus casas antes que asumir el riesgo de tener un solo sinvergüenza en un cargo público.

El caso paradigmático sobre lo que es la responsabilidad política lo encarnó Willy Brandt. Dimitió como canciller porque su secretario era un espía de la Alemania oriental. Nadie pensó que Brandt fuera un espía, ni que conociera la condición de su empleado, pero asumió su error de confiar en alguien en quien no se podía confiar. Nadie negó a Brandt sus méritos y cualidades; hasta su muerte gozó de un gran prestigio. Pero pagó las consecuencias de su yerro; dejó el cargo porque sus conciudadanos ya no podían confiar en su acierto. Los contribuyentes tienen el derecho a no dudar de quienes ocupan puestos políticos y viven del erario público.

En nuestro país los políticos se niegan a asumir su responsabilidad política a menos que un juez haya comprobado su responsabilidad penal; ello equivale, pura y simplemente, a negar la existencia de la primera. Con ello están consiguiendo que los ciudadanos puedan confiar muy poco en ellos, y que la clase política viva bajo permanente sospecha, arrastrando en su descrédito a las instituciones y al régimen democrático.

Hoy esta conducta está protagonizada por el Gobierno de Felipe González; no se siente responsable de nada de lo que hayan podido hacer Roldán, Amedo, Domínguez y quién sabe cuantos más. Se ampara en una ignorancia que excusaría a cualquier ciudadano pero no a quien por su cargo tiene la obligación, cuando menos, de no ignorar. El debate se hurta del Parlamento, donde se debe tratar la responsabilidad política, y se deriva a los tribunales, campo específico de la responsabilidad penal. Y todavía peor, se introducen en la Administración de Justicia las técnicas de lucha política, poniendo en peligro uno de los puntales del Estado de Derecho.

Pero no nos engañemos. No es sólo el actual Gobierno. La costumbre está profundamente arraigada; en este país hay cantidad de verdaderos especialistas en rehuir las responsabilidades, en diluirlas, disimularlas, derivarlas hacia otros o simplemente atribuírselas al sistema. El verbo dimitir apenas se conjuga. A diferencia de otros países, no hemos tenido en nuestra historia la experiencia de funcionamiento estable de un sistema democrático. Nos falta todavía la cultura política que exige este sistema. Han sido demasiados años en que la única responsabilidad del que mandaba era ante Dios y ante la historia.

No se trata sólo del PSOE. La misma actitud ha tenido el PP; en el caso Naseiro eludió toda responsabilidad política porque las pruebas fueron declaradas nulas en vía penal, y dirigió graves acusaciones contra el juez instructor. En el caso Hormaechea no quiso reaccionar hasta que hubo sentencias firmes. Incluso en Izquierda Unida recientemente Anguita tuvo que llamar al orden a sus bases cordobesas para que aceptaran la dimisión de Herminio Trigo como algo normal.

O nos acostumbramos a separar con claridad lo que es responsabilidad política de lo que es responsabilidad penal, y ponemos a cada una en su sitio, o en este año que se ha conmemorado el 50 aniversario del Auschwitz tendremos que aplicar la presunción de inocencia a Hitler y exculparlo porque jamás pudo ser procesado y condenado por un tribunal penal.