INTEGRIDAD TERRITORIAL O AUTODETERMINACIÓN

 

En los últimos meses nuestra actualidad política ofrece varios acontecimientos que tienen en común la cuestión de la integridad territorial. Desde la ocupación y reconquista de la Isla Perejil, conflicto relacionado con el del Sahara Occidental y parece que también con la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla, hasta la eterna cuestión de Gibraltar, cuyo último acto ha sido el rechazo de la cosoberanía hispanobritánica en referéndum. Pasando por el no menos eterno problema vasco, en el que al tradicional debate entre independentistas y autonomistas se ha unido la propuesta del lehendakari Ibarretxe de libre asociación con España de un País Vasco compuesto por siete territorios. En todos estos casos hay quien reclama la integridad territorial de una nación (sea Marruecos, España o el País Vasco) y quien invoca el derecho de separarse (sea Gibraltar, el Sahara, el País Vasco, o incluso Álava) del territorio cuya integridad reclaman otros.

A estas cuestiones podemos encontrarles algún origen histórico común. En el sistema feudal que imperó en la Edad Media las potestades políticas se confundían con la propiedad de la tierra: los señores feudales tenían poder político porque eran propietarios. Si el rey quería tener poder efectivo más le valía tener tierras propias, por herencia o conquista, porque su dominio territorial a través de la teórica sumisión señorial era poco sólido. Cuando el rey se convirtió en soberano, ya en la Edad Moderna, se rompió esa vinculación. Todas las potestades públicas correspondían por naturaleza a los monarcas absolutos, que pudieron someter a la nobleza basando su imperio no en la tierra sino en un título divino. No obstante, el factor territorial no desapareció; el soberano lo era sobre un territorio determinado. Frente a la pretensión de un soberano universal, el emperador romano-germánico, los reyes absolutos se afirmaron como soberanos en una porción de la Tierra de la que se afirmaban como últimos propietarios, aunque concedieran o reconocieran graciosamente el dominio útil a otros titulares particulares.

Cuando las revoluciones liberales desplazaron a los monarcas absolutos la soberanía fue reclamada por la nación, aunque en su nombre la ejerce el Estado nacional. Cada nación se considera propietaria de un territorio, el que han adquirido de los monarcas depuestos o "constitucionalizados". El título divino fue reemplazado por un título histórico que conserva el mismo carácter sagrado. Toda construcción nacional parte de un inalienable derecho de propiedad sobre una tierra que es sagrada y, por ello, debe defenderse con el mayor empeño. Para cualquier nacionalismo la herencia recibida debe mantenerse íntegra y por ello cualquier pérdida territorial constituye un agravio cuya memoria puede durar siglos. Un territorio que forma parte inseparable de la nación pero se ha perdido por conquista enemiga clama eternamente por su redención y un buen patriota está obligado a conseguirla, por las buenas o por la fuerza. Estas ideas han justificado más de una guerra, aunque establecer los límites del solar nacional suela ser bastante arbitrario (¿por qué España reivindica Gibraltar, perdido en 1713, y no Cuba y Puerto Rico, perdidos en 1898, o el Rosellón, en 1659, o Portugal, en 1668?).

El principio de integridad territorial ha triunfado en el derecho internacional. Las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos ponen precisamente como límite la integridad territorial de los Estados soberanos que respeten los principios del derecho internacional, es decir, que no mantengan situaciones coloniales. Sólo se reconoce el derecho de autodeterminación para las colonias, entendiendo que éstas no forman parte de una nación que deba mantenerse unida, sino que suponen la dominación de una nación sobre otra. En este caso, lo que hay que hacer es separar las dos naciones y que cada una se quede con su parcela.

Sin embargo, la autodeterminación fue teorizada ya en el siglo XIX sin esa vinculación al proceso descolonizador o a la posesión de un carácter nacional, y sigue habiendo una idea sobre el derecho de libre determinación que la liga a cualquier pueblo, comunidad humana o unidad territorial que quiera decidir por sí misma "acerca de su futuro estatuto político", como dice el DRAE. Este concepto de autodeterminación pone por encima de las ideas nacionalistas o los intereses del statu quo entre Estados la lógica de la democracia llevada a sus últimas consecuencias. Si un grupo humano asentado en un territorio y con instituciones propias que expresan su voluntad no quiere formar parte de una determinada organización política, o quiere revisar su modo de integración en ella, y esa decisión es claramente expresada y de forma mayoritaria, ¿en nombre de qué se le puede obligar a lo contrario?

La respuesta es clara; en nombre de la integridad territorial, dígase así o nómbrese como unidad nacional, unidad constitucional, derecho internacional, historia en común o designio divino. En nombre de este sagrado principio se suele tomar la precaución de impedir siquiera que se pronuncien los ciudadanos interesados; en unos casos la consulta es anticonstitucional (la propuesta por Ibarretxe), en otros es ilegal o sin relevancia jurídica (la celebrada en Gibraltar), en otros simplemente se impide por la fuerza de las armas (la prevista por las Naciones Unidas y constantemente aplazada en el Sahara).

En mi opinión, la respuesta del derecho internacional, si realmente quisiera ser coherente con los principios democráticos, debiera ser justamente la contraria. Que la integridad territorial de cualquier nación o Estado tenga como límite la voluntad de sus pobladores, es decir, su derecho de autodeterminación. Que se antepongan los derechos de las personas al dominio sobre la tierra. Igual que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de todo copropietario a partir los bienes comunes y poner fin a la situación de comunidad, debiera reconocer el derecho de cualquier sociedad política a separarse voluntariamente de otra y partir la parcela de tierra correspondiente. Claro está, siempre que se haga por medios democráticos, estableciendo legalmente los adecuados procedimientos que garanticen la libre decisión de los ciudadanos afectados, una mayoría suficiente y un proceso negociado de separación donde se contemplen los intereses de todos y específicamente los derechos de las minorías. Más o menos lo que dijo sensatamente el Tribunal Supremo de Canadá sobre la hipotética separación de Quebec, o lo que podría decir la futura Constitución de una Europa federal, en la que según dicen se prevé incluso la expulsión de los socios que no cumplan sus obligaciones (no se ha inventado todavía la integridad territorial europea).

Debiera, por tanto, reconocerse el derecho de autodeterminación a Gibraltar. Pienso que los intereses de España estarían mejor defendidos si, en vez de empeñarse en reivindicar la soberanía en nombre de la integridad territorial y de la historia, el Gobierno negociara con Gran Bretaña las medidas necesarias para que Gibraltar respete el derecho internacional y el de la Comunidad Europea, y sobre todo deje de ser un paraíso para evasores fiscales, traficantes diversos y delincuentes en general. Con esta base sería posible una mejor convivencia con nuestros vecinos. También creo que sería más práctico dejar de reivindicar la españolidad de Ceuta y Melilla en base a títulos históricos y exigir la autodeterminación de sus habitantes para que decidan si prefieren seguir siendo españoles, ser marroquíes o incluso independientes. Por descontado, se debe seguir apoyando el referéndum de autodeterminación del Sahara.

Tampoco veo problema en reconocer la autodeterminación del País Vasco, como pide el nacionalismo vasco. Claro está, también se reconocerá la autodeterminación de Álava, como piden Unidad Alavesa y algunos sectores del PP; si sus habitantes quieren abandonar la Comunidad Autónoma del País Vasco (o España), que lo puedan hacer. Igual que la de Navarra, como reclamaba Del Burgo en 1977 en un artículo titulado "Autodeterminación para Navarra" defendiendo un referéndum como requisito para su integración en el País Vasco, propuesta que alcanzó sanción constitucional.

¿Provocarían estas medidas una proliferación de microestados independientes? ¿Nos llevarían al caos? Quienes utilizan este argumento confían poco en la inteligencia de los ciudadanos. ¿Por qué se tiene tanto miedo a dar voz al pueblo soberano? Si los vascos, alaveses, ceutíes, melillenses, catalanes, o vecinos de Miranda de Ebro, tuviesen la posibilidad legal de ser convocados a un referéndum de autodeterminación, no creo que se creara ningún nuevo Estado ni se corrigieran fronteras; probablemente serían pocas las consultas que se llegaran a convocar. Sí resulta más problemática la autodeterminación de la Isla Perejil, ya que las cabras no votan. Aquí me parece buena la reciente propuesta de Xavier Pastor, de Greenpeace: un acuerdo entre España y Marruecos para crear un parque natural compartido.

 

 

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