En los últimos días ha sido causa de polémica la propuesta formulada por el vicepresidente del Gobierno de Navarra, don Rafael Gurrea, de integrar en la Policía Foral a miembros de la Guardia Civil, coincidiendo con la asunción en exclusiva por Navarra de las competencias sobre tráfico.

Representantes sindicales de la Policía Foral se han manifestado opuestos a la idea, indicando que sería contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y exigiendo que el ingreso en la Policía Foral sea en todo caso por oposición abierta a todos los ciudadanos.

Entiendo que este argumento es falaz. Efectivamente, la Constitución establece el derecho al acceso en condiciones de igualdad a cargos y funciones públicas (art. 23) según los principios de mérito y capacidad (art. 103). Pero esto poco tiene que ver con el fondo de la propuesta.

Tanto el Amejoramiento del Fuero como la Ley del Proceso Autonómico establecen que el proceso de asunción de competencias por la Comunidad Foral de Navarra o, en general, por las comunidades autónomas, lleva consigo la transferencia de los funcionarios del Estado que estuvieran adscritos a los servicios traspasados. En virtud de esas disposiciones, en los últimos años se han venido integrando con normalidad en la Administración de la Comunidad Foral diversos funcionarios, antes estatales y ahora forales. Hay que recalcar que todos los funcionarios del Estado, y entre ellos los miembros de la Guardia Civil, accedieron a esa condición a través de las oportunas oposiciones, en las que ya probaron su mérito y capacidad. Por otro lado, cuando se habla del principio de igualdad para aplicarlo a los miembros de la Guardia Civil que podrían hipotéticamente integrarse en la Policía Foral, hay que preguntarse si la comparación debe hacerse con los ciudadanos de a pie, que nunca han acreditado su mérito y capacidad, o más bien con aquéllos médicos o maestros que han sido transferidos del Estado a Navarra.

Entiendo, pues, que la transferencia de miembros de la Guardia Civil a la Administración de la Comunidad Foral dentro de un traspaso de funciones en materia de tráfico podría ser un supuesto más dentro del proceso de transferencia, que cabe perfectamente dentro del ordenamiento jurídico y que no violaría los derechos de nadie.

Sentado esto, cabe preguntarse si la propuesta del señor Gurrea se hace en el momento y en la forma oportunos. El Parlamento de Navarra aprobó en 1994 un plan director de organización y funciones de la Policía Foral. En dicho plan se establecía un modelo de delimitación de funciones entre la Policía Foral y las Fuerzas de Seguridad del Estado, y entre otras muchas cosas se proponía la asunción, por parte de Navarra (es decir, por la Policía Foral) de las funciones de tráfico en exclusiva. Se trata de una competencia que originariamente correspondió a Navarra (reconocida en el Código de Circulación aprobado en 1934), que desde 1962 y por imposición del Gobierno central está compartida, y cuya recuperación cabe perfectamente dentro del Amejoramiento del Fuero. La Comunidad Autónoma del País Vasco, con idéntica base en derechos históricos, hace años ya que recibió esta transferencia y viene siendo ejercida por la Ertzaintza. Cataluña, sin derechos históricos y sin atribución en su Estatuto de Autonomía, también ha logrado negociar el traspaso de la vigilancia del tráfico a favor de los Mozos de Escuadra.

Desgraciadamente, los sucesivos ejecutivos forales no han mostrado excesiva diligencia desde la aprobación del plan director por llevarlo adelante (y esto vale tanto para el Gobierno de UPN presidido por Juan Cruz Alli, como para el tripartito encabezado por Javier Otano y para el actual Gobierno presidido por Miguel Sanz). Aparte del retraso en cumplir diversas previsiones del plan, no se ha negociado con el Gobierno central esa delimitación de funciones, ni la posible sustitución de Fuerzas de Seguridad del Estado por la Policía Foral, ni como ahora propone el señor Gurrea, una posible transferencia de policías estatales a Navarra.

Creo que antes de todo el Gobierno de Navarra debe negociar con el Gobierno central la asunción por éste de lo aprobado por el Parlamento de Navarra (y esto debe hacerse de Ejecutivo a Ejecutivo, no en la Junta de Seguridad de Navarra como sugirió el señor Gurrea, ya que este órgano carece de facultades para ello). Y será dentro de esa negociación global donde quede definido el modelo de Policía Foral y la posibilidad de transferencia de miembros de la Guardia Civil.

Creo que por principio no debe negarse esta última posibilidad. Es cierto que por diversas circunstancias políticas el desarrollo de las policías autonómicas se ha hecho según un modelo de sustitución y no de transferencia, como en los demás servicios asumidos por las comunidades autónomas. Pero no debe excluirse la vía de transferencias; en particular, deberían superarse ciertos mitos que subyacen a esta materia. Por ejemplo, el de la Guardia Civil (o cualquier otro cuerpo policial) como parte de las esencias nacionales y garantía de la unidad de España, en vez de considerarla como un cuerpo más de funcionarios (sin restarle su importancia, claro está, pero sin negar la importancia en un Estado social y democrático de derecho como es España de otros cuerpos de funcionarios como los médicos de la Seguridad Social, los profesores de EGB o los abogados del Estado).

En cualquier caso, si se planteara la transferencia e integración en la Policía Foral de miembros de la Guardia Civil, debieran quedar bien definidos algunos aspectos. La integración debiera hacerse de una sola vez, quedando los funcionarios transferidos sujetos en todo al régimen jurídico de los policías forales, en igualdad de derechos y deberes. Posteriormente, esos funcionarios transferidos no podrían tener un derecho permanente y preferente para ocupar plazas en la sección de Tráfico; es decir, las funciones de tráfico no les estarían reservadas, en perjuicio de los derechos de promoción profesional del resto de los policías forales. Todos los puestos de trabajo de la Policía Foral deberían estar abiertos a ser ocupados por cualquiera de sus miembros, en igualdad de oportunidades. Además, debiera medirse cuidadosamente el número de funcionarios a transferir, de manera que no se produzca una invasión de guardias civiles que trastorne el clima de normal funcionamiento de la Policía Foral. Y asimismo debiera contemplarse la exigencia para los guardias civiles a transferir de recibir la formación complementaria suficiente para integrarse en las debidas condiciones en su nuevo cuerpo.

Finalmente, quiero subrayar la urgencia de, sin empezar la casa por el tejado, impulsar con la energía necesaria, por el Gobierno de Navarra y por todos los grupos representados en el Parlamento de Navarra, el cumplimiento de lo ya aprobado en el plan director.