ESTADO DE EXCEPCIÓN

Leo en los papeles que, según Aznar, la única forma de hacer frente al terrorismo y derrotarlo es mediante "la acción legítima contra quienes nos atacan" dentro del "imperio de la ley y el marco que nos proporciona el Estado de Derecho". Afirmación que comparto del todo, más desgraciadamente fue acompañada por la de que defender "foros de diálogo y negociación" mientras ETA exista supone "un seguimiento del juego de los terroristas". Como tantas veces Aznar y otros líderes del PP consiguen que la noble expresión "Estado de Derecho" en su boca suene amenazadora e incompatible con el diálogo y el pluralismo político que uno pensaría han de figurar entre sus contenidos naturales. Dicen también que Piqué ha dicho que después del 11 de septiembre no cabe ningún debate sobre el terrorismo; la corrección política consiste simplemente en ser beligerantes en su contra. O sea, que no cabe opinar sobre la forma en que cada uno prefiera ser beligerante: si se debe o no bombardear Afganistán, si lo debe ordenar la OTAN o la ONU, o si España debe o no enviar tropas allí; sencillamente hay que acatar lo que ordene la autoridad competente. La destrucción de las Torres Gemelas proporciona un buen asidero para profundizar en una línea ya iniciada: el terrorismo como excusa para prohibir, o al menos satanizar, opiniones discrepantes. Aunque de vez en cuando se haya admitido entre nosotros que en democracia y por métodos pacíficos se puede defender cualquier cosa, en el ámbito doméstico se nos insinúa a cada paso que hay cosas que no se deben defender porque de alguna ignota manera vienen a favorecer la acción de ETA: la independencia, el nacionalismo vasco, la autodeterminación, el federalismo, los derechos históricos, la reforma de la Constitución, la modificación del Estatuto vasco, las transferencias pendientes, los libros de historia de las ikastolas, etc. Mientras haya terrorismo, y más desde que estamos en guerra mundial contra él, sobre todo no se puede poner en cuestión el actual modelo de Estado autonómico porque parece que eso beneficia a los terroristas. Lástima que este argumento no se utilizara en 1978; nos hubiéramos ahorrado el trabajo de hacer el Título VIII de la Constitución (a lo mejor también todos los demás títulos), diecinueve estatutos de autonomía y la supresión de los gobernadores civiles. Aunque maticemos; hay quienes pueden formular sus alternativas sobre modelo de Estado sin que afecten a la amenaza terrorista. El PP sí puede impulsar sus iniciativas legislativas sobre financiación de las Comunidades Autónomas, sobre estabilidad presupuestaria, sobre cooperación autonómica, y por supuesto puede reordenar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas invocando el proceso de construcción europea. En fin, que la suspensión de derechos, la Constitución la prevé en caso de estado de excepción o de sitio, para expresar y difundir libremente ideas y opiniones con la que nos amenazan ahora a diario miembros del Gobierno y tertulianos de guardia, es selectiva. Como de costumbre unos somos menos iguales que otros.

Este amago de recorte de las libertades, de momento a la de opinar y luego ya veremos, según nos cuentan es imprescindible en razón de la gravedad de la situación internacional y se ve complementado por otras medidas extraordinarias. Se informa que el presidente Bush ha encargado a la CIA, previo suministro de los fondos correspondientes, matar a Bin Laden esté donde esté. El gravísimo riesgo que representa para la civilización justifica el ahorro de molestos trámites como los de detenerle y juzgarle ante un tribunal con todas las garantías. Cunde el ejemplo israelí con sus asesinatos legales y selectivos de líderes radicales palestinos como represalia a los atentados terroristas contra ciudadanos judíos. Nosotros, para justificar una vez más cualquier medio con un elevado fin, no necesitamos apelar a la tradición del Salvaje Oeste y al Wanted dead or alive invocado por W. Bush; tenemos nuestros propios precedentes. Al fin y al cabo los asesinatos y secuestros de etarras en el sur de Francia protagonizados por los GAL tenían el mismo fundamento. Claro que los miembros de los GAL eran unos chapuceros que ni siquiera acertaban al elegir las víctimas y así acabaron como acabaron, mientras que las acciones contra Bin Laden vienen respaldadas por el bien ganado prestigio de la CIA en su larga experiencia de derrocar gobiernos, apuntalar dictaduras amigas y eliminar opositores al tiempo que ganaba la Guerra Fría.

Frente a las medidas de Bush II la intención de Aznar y su gobierno de "utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para que el terrorismo sea erradicado", entre ellos la inclusión de Batasuna y organizaciones afines en el listado que prepara la Unión Europea de grupos que respaldan el terrorismo, resulta suave. Lo único de excepcional que tiene la medida propuesta por Aznar es prescindir ligeramente de la Constitución, que atribuye en exclusiva al poder judicial la facultad de poner fuera de la ley a una organización política, y arrogarse esas potestades exorbitantes para condenar por vía rápida gubernativa y sin derecho a rechistar. C’est la guerre; en 1936 en España tampoco se pudo juzgar previamente a todos los que fue necesario fusilar en ambos bandos, y en 1941 en Estados Unidos tampoco pudieron juzgar a los ciudadanos de ascendencia japonesa que fue imprescindible internar en campos de concentración. A la guerra siempre siguen tiempos malos, escribió Lao-Tzu.

La ventaja de este estado de excepción en que va camino de convertirse el nuevo orden internacional y que nos permitirá salvar la democracia y el Estado de Derecho es que no hace falta declararlo con autorización del Congreso, como manda nuestra Constitución. Basta con proclamarlo con mucha firmeza ante los medios de comunicación o en los foros internacionales. Y además no está sometido a un plazo sino que se puede extender mientras dure la amenaza terrorista internacional (en otras palabras, hasta que las ranas críen pelo).

Con este panorama leo sorprendido que Douglas Hurd, varias veces ministro con Margaret Tatcher y John Major, hace entre otros comentarios sobre la presente situación internacional el siguiente: "Lo que podemos hacer es eliminar a este grupo concreto de terroristas despiadados, o reducirlo al mínimo, e intentar impedir que recluten a nuevas personas para el terrorismo; ahí es donde interviene la solución de las disputas políticas. Los adolescentes que arrojan piedras contra vehículos blindados en Cisjordania, los adolescentes que dieron gritos de alegría ante las noticias del 11 de septiembre, todavía no cometen atentados suicidas. Y evitar que se conviertan en terroristas suicidas es muy importante. Y ésa es una labor política". Menos mal que se trata de un político británico conservador jubilado, al que difícilmente le serán aplicadas medidas para corregir su evidente desviación de la nueva corrección política. Por sugerir argumentos similares, que junto (no en lugar de) a la acción legal y policial, e incluso militar, habría que tratar de resolver los problemas políticos que sirven de caldo de cultivo de la violencia (la cuestión palestina, la falta de libertad no sólo en Afganistán sino en muchos países con gobiernos aliados de Occidente, el subdesarrollo, la explotación neocolonial, la pobreza, el hambre, etc.) en nuestro país a uno enseguida lo tratan de justificador del terrorismo de Bin Laden y de antiamericano que en el fondo se alegra de que los yanquis hayan recibido su merecido. Por creer que el fin de ETA exige, junto a la acción policial, resolver o al menos tratar y dialogar sobre determinados problemas políticos que aquejan a la sociedad vasca y que dificultan su pacificación (que no se pueden reducir, como hace una parte del nacionalismo vasco, a un supuesto conflicto secular entre el pueblo vasco y España, pero que tampoco consisten en una ideal ausencia de conflictos salvo por la existencia de un grupo terrorista surgido únicamente de la intrínseca maldad de algunos vascos) a uno lo tratan de equidistante y ambiguo, forma liviana de llamarle cómplice del terrorismo.

En este país siempre hemos copiado tarde y mal de las corrientes de pensamiento que venían de fuera; desde la Ilustración hasta el fascismo nos hemos tenido que conformar con burdas caricaturas del original. Vistas las declaraciones de lord Hurd uno casi echa en falta que nos gobiernen los tatcherianos de verdad (esos que hasta pusieron su granito de arena para apañar lo de Irlanda del Norte) y no los poco aventajados discípulos que nos han tocado en suerte.

 

 

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