Se intensifica en estos tiempos el perpetuo debate sobre el euskera, con la novedad de que algunos intervienen con la seráfica intención de despolitizar – reprochando al contrario la politización- una cuestión que es política desde hace dos siglos. No extraña que los responsables de Política Lingüística hayan optado por quitarse de enmedio antes de que los despolitizadores fueran a por ellos.

La cuestión de las lenguas no se plantea hasta que los estados nacionales, surgidos en Europa al calor de la Ilustración y la revolución liberal, establecen una lengua oficial con la que relacionarse con sus ciudadanos y, sobre todo, en la cual alfabetizar y educar a toda la población. Frente a la extensión de las principales lenguas literarias –castellano, francés, alemán, inglés- como lenguas nacionales surge la reacción defensiva por la supervivencia de las numerosas lenguas y dialectos existentes dentro de los nuevos estados nacionales. La unificación lingüística conviene a la sociedad industrial que exige cada vez más intercambios, no sólo de mercancías, sino también de comunicación. El desarrollo económico capitalista va abriendo mercados cada vez más amplios -en el siglo XIX mercados nacionales, en el XX supranacionales, en el XXI quizás un mercado mundial- que necesitan lenguas francas (el ideal, cada vez más cerca con la extensión del inglés, es una lengua de comunicación universal). En la conservación de la pluralidad lingüística colaboran los defensores de la tradición, que desconfían de la alfabetización y educación universalizadas como vía de extensión de las ideas revolucionarias, y las nuevas ideas del romanticismo que ven en la lengua el depósito de la identidad de cada pueblo.

Los conflictos lingüísticos, por tanto, tienen unas causas políticas que no se deben ocultar. Los nacionalismos estatales habitualmente han promovido la extensión de la lengua oficial del estado nacional, mientras que los nacionalismos periféricos han defendido la pervivencia de otras lenguas como signo de identidad. Pero en nuestra época no estamos condenados a un conflicto sin otra solución que la imposición de unas lenguas y la desaparición de otras. Las sociedades industriales desarrolladas, conseguida la suficiente homogeneidad cultural y lingüística para su normal funcionamiento, pueden respetar diferencias culturales que no engendren barreras sociales –junto al principio de la igualdad que presidió la revolución liberal, hoy se afirma el derecho a la diferencia-. Una vez que la población tiene una lengua común con la que comunicarse, los sistemas educativos pueden incluir también una segunda y hasta una tercera lengua. Los estados modernos pueden aceptar más de una lengua oficial, y además para comunicarse en la globalizada sociedad actual en la enseñanza obligatoria se exige también el conocimiento de lenguas extranjeras; lo normal y deseable, en una población culta, no es el monolingüismo sino el plurilingüismo. La Unión Europea no ha considerado necesario contar con una sola lengua oficial, e incluso hoy existen estados nacionales sin unidad lingüística, como Suiza –cuatro lenguas oficiales- o la India –dieciocho lenguas oficiales y varios cientos de lenguas no oficializadas-.

La cuestión política a resolver hoy en Navarra no es establecer una lengua común –lo es el castellano, generalizado ya hace un siglo en la educación obligatoria, y que no corre el menor riesgo- ni si merece la pena conservar la lengua minoritaria, el euskera -hay un consenso social afirmativo, recogido incluso en la Constitución-, ni mucho menos si se deben aprender además otras lenguas. La cuestión es cómo hacer compatibles las dos lenguas habladas en Navarra, y aquí se han ofrecido y se ofrecen varios modelos políticos –así hay que reconocerlo y no fingir imposibles posiciones de neutralidad, pretender que el modelo propio es cultural y el ajeno político-.

Inicialmente el estado liberal en España no se preocupó de la diversidad lingüística y se limitó a impulsar la educación en castellano, dando por buena la idea decimonónica de que las lenguas menores desaparecerían –expresada, por ejemplo, por Unamuno-. En Navarra el movimiento de defensa del euskera fue iniciado por personas de diversas tendencias políticas –liberales, republicanos, carlistas, integristas- reunidos en la Asociación Euskara (1877-1897). A principios de este siglo todas las tendencias políticas navarras estaban de acuerdo en la necesidad de conservar el euskera como parte de la identidad tradicional de Navarra, sin que ello conllevara otro proyecto político de carácter nacionalista. Hay que recordar que una persona tan poco sospechosa de nacionalismo vasco como Víctor Pradera – euskaldun y padre del navarrismo- en 1919 proponía la cooficialidad de todas las lenguas autóctonas junto al castellano.

La ruptura de esa unanimidad se produjo en torno a la guerra civil de 1936. Se abrió un abismo infranqueable entre el nacionalismo vasco y el navarrismo aún hoy no cerrado, y una de cuyas consecuencias fue la práctica desaparición del vasquismo españolista, la defensa conjunta de la unidad española con la cultura vasca y el euskera en Navarra, tal como habían hecho Arturo Campión, Juan Iturralde y Suit o Julio Altadill. El nacionalismo vasco se hace de hecho con el monopolio de la defensa del euskera, sobre todo porque el régimen franquista lo trata con recelo –el franquismo no es el principal causante del retroceso del euskera, que tiene orígenes muy anteriores, pero sí generaliza la idea de que el retroceso del euskera se debe a un ataque sistemático desde el nacionalismo español-. Los navarristas posteriores a la guerra civil –según va desapareciendo la generación anterior- aunque hagan de boquilla una defensa del euskera, lengua que jamás utilizan en su actividad política, en el fondo identifican vasquismo con separatismo. Les ayudan algunas delirantes propuestas surgidas del campo nacionalista vasco, como las de Txillardegi o Krutwig –la reeuskaldunización forzosa y la eliminación del castellano y del francés; aunque no les hicieron mucho caso, sus textos siguen ahí y pueden utilizarse para sembrar el terror lingüístico-, la reluctancia de todas las ramas del nacionalismo vasco a criticar y a revisar públicamente los excesos de sus fundadores y a aceptar que el castellano también es lengua propia y parte del patrimonio cultural vasco, plural como el de cualquier sociedad moderna, y ETA, que a través de sus comunicados trabaja decididamente para que se identifique euskera con terrorismo.

Desde los años setenta en Navarra se vienen enfrentando abiertamente dos modos extremos de concebir su identidad. Una la propugna el navarrismo, entiende que el hecho diferencial de Navarra son los fueros, interpretados como fórmula de integración irrevocable en la nación española. Otra la propugna el nacionalismo vasco, y entiende a Navarra como parte de Euskal Herria, y el hecho diferencial que justifica su identidad nacional es precisamente la lengua. Aunque en teoría la defensa de los fueros y del euskera son perfectamente compatibles –así lo entendía el vasquismo españolista de principios de siglo- en la práctica el navarrismo ha adoptado una posición defensiva frente al euskera, cuya propagación ve como arma del enemigo.

Hay que recordar que en noviembre de 1980 el Parlamento Foral aprobó con el voto a favor de todos los grupos políticos desde PSOE a HB, y con el contrario de UPN y UCD, la cooficialidad del euskera y del castellano y la incorporación de este principio al Amejoramiento del Fuero. Estos dos últimos grupos aprovecharon la mayoría que tenían en la comisión negociadora –UCD detentaba además el Gobierno central- para rebajar esa declaración y confinar la oficialidad del euskera a las zonas vascoparlantes, creando una crónica fuente de conflicto. Curiosamente, la zonificación acoge la idea típicamente nacionalista de que la lengua es propia de una tierra; el euskera es la lengua propia del solar vasco, y éste se define por la lengua. Resultan menos importantes las personas que hablan que las zonas –vascoparlantes, nada menos-. De ahí que aunque la mayor parte de los vascos no hable euskera, es su lengua propia porque es la lengua de su tierra –y harían bien en aprenderla, diría cualquier nacionalista-. El navarrismo acepta estas ideas pero dándoles la vuelta: evitando la oficialidad y la transmisión del euskera en la mayoría de las zonas de Navarra, éstas ya no pueden ser incluidas en "lo vasco". La contención de la lengua vasca es una contención a la expansión del nacionalismo vasco –la obsesión sobre las ikastolas como lugares donde se enseña a odiar a España ha sido típica de ciertos navarristas, por más que el aumento de alumnos en las ikastolas y en la educación pública en euskera en los últimos treinta años no haya generado el menor crecimiento electoral del nacionalismo vasco en Navarra, sino curiosamente ha coincidido con el ininterrumpido avance del navarrismo-. En los últimos años el navarrismo ha tomado de los nacionalistas vascos también el argumento del agravio; si éstos se quejan de la imposición del castellano, los navarristas se quejan de la imposición del euskera.

Un criterio no nacionalista e integrador sobre la lengua lleva a afirmar que quienes hablan las lenguas no son las zonas sino los ciudadanos, y que la oficialidad de una lengua no debe consistir en su vinculación con una tierra sino con unas instituciones. Las instituciones públicas deben utilizar las lenguas que hablan –que quieren hablar- los ciudadanos a quienes sirven, de ahí que en Navarra las instituciones forales –Gobierno, Parlamento- debieran utilizar el euskera y el castellano para relacionarse con los ciudadanos navarros, al margen de su localidad de residencia. Porque existen navarros vascoparlantes en toda Navarra –y fuera de Navarra-, aunque estén distribuidos desigualmente. El criterio de zonificación ha llevado a que muchos ciudadanos vascoparlantes no residan en las zonas vascoparlantes, con lo cual la declaración de cooficialidad para ellos se convierte en realidad en una declaración de monolingüismo oficial –y una sensación de agravio-.

Hoy se defiende el euskera por algunos como si existiera una comunidad homogéneamente vascoparlante agredida por otra comunidad castellanoparlante ajena; o al contrario, se defiende al castellano de una supuesta agresión por parte del euskera, cuando la realidad es distinta. El castellano es lengua de la mayoría de los vascos y navarros, incluso de los que también hablan euskera –apenas existe una comunidad sólo vascoparlante, sino una comunidad bilingüe-; las dos lenguas nunca han estado en situación de igualdad, ni lo pueden estar, porque una tiene carácter local y la otra internacional. No tiene sentido referirse a las lenguas como si se agredieran mutuamente o se les pudiera exigir igualdad; quienes pueden exigir derechos son las personas, para hablar o no hablar una lengua. El conflicto entre lenguas hoy es falso y está atizado por intereses partidistas; pueden convivir ambas perfectamente siempre y cuando se entienda que ninguna de ellas va a sustituir a la otra en su ámbito propio –y aquí debe decirse que el lema que animaba a vivir en euskera es una simpleza, en nuestra sociedad cada vez menos se puede vivir en una sola lengua-. Tampoco es real el conflicto entre comunidades lingüísticas –por mucho que últimamente se nos quiera infundir artificialmente a algunos la conciencia de pertenecer a una comunidad castellanoparlante discriminada- ni existe crispación social en torno a las lenguas. A nadie se le ocurre que la extensión de la enseñanza del inglés en Navarra suponga un peligro para el castellano o para el euskera, porque el uso del inglés se refiere a funciones distintas. A nadie le parece mal que la Administración capacite a su personal en inglés o valore su conocimiento en las pruebas de ingreso en la función pública; o que los universitarios cada vez más hagan una parte de sus estudios en inglés u otras lenguas extranjeras. Sería ridículo presentar estos hechos como un conflicto entre una supuesta comunidad angloparlante, que quiere imponer su lengua, y la comunidad castellanoparlante, o como una discriminación hacia los navarros que no saben inglés. El avance del inglés como lengua de comunicación internacional no supone un retroceso del castellano en Navarra; el avance del euskera como lengua de ámbito local tampoco amenaza al castellano. Y la exigencia de conocer el castellano como lengua oficial tampoco es incompatible con la conservación y aún la extensión del euskera y el respeto del derecho de los vascoparlantes a cultivar y a expresarse en su lengua en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, o el derecho de los padres -de cualquier zona de Navarra- a solicitar para sus hijos la enseñanza en o con euskera. Sólo se produce una situación de conflicto si se parte de la obsoleta idea nacionalista de que cada comunidad tiene una, y solamente una, lengua propia, y que ésa es la única –o la principal- que se debe enseñar y utilizar.