Euskara
Navarra Futuro
12 de Noviembre 2004
Jornada organizada por Euskara Kultur Elkargoa
Miguel Izu
Parlamentario foral por
Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua
1. Un pacto político para una cuestión política.
Uno de los lugares comunes
en el debate que se produce en Navarra en torno a la cuestión del euskera es
afirmar que se trata de una cuestión indebidamente politizada que se debería
despolitizar. No falta quien afirma que no tendría ningún inconveniente en
apoyar el euskera pero sólo una vez que se despolitice. O quien afirme que
defiende el euskera como hecho cultural, y que quien se oponga a esa defensa
está politizando el tema.
He querido hablar de pacto
político, y no de pacto social o pacto institucional, como se hace a veces para
intentar evitar la mención de la denostada política, para poner de manifiesto
que estamos hablando de una cuestión que es política desde al menos hace dos
siglos. No se puede despolitizar la política lingüística, como no se puede
desalinizar la sal.
La cuestión de las lenguas
tiene mucho que ver con el establecimiento de los estados nacionales que se
afirman en la Edad Moderna y se afianzan principalmente como consecuencia de la
Ilustración y la revolución liberal. Son los estados nacionales, sobre todo en
los siglos XVIII y XIX, quienes
establecen una lengua oficial con la que relacionarse con sus ciudadanos y,
sobre todo, en la cual alfabetizar, educar y adoctrinar a toda la población.
Cabe recordar aquí el “rapport
Grégoire“ de 1789 "sobre la necesidad de destruir los patois y de
universalizar la lengua francesa" y sus afirmaciones de que uno de los
medios más eficaces para la movilización de los ciudadanos es promover el
conocimiento y uso de una lengua nacional: "la unidad de idioma es parte
integrante de la revolución". O a la Junta de Instrucción Pública
establecida por las Cortes de Cádiz y dirigida por Jovellanos que siguiendo el
ejemplo francés disponía en 1813: "Debe ser una la doctrina de nuestras
escuelas, y unos los métodos de su enseñanza, a que es consiguiente que sea
también una la lengua en que se enseñe y que ésta sea la lengua
castellana".
La
elección de unas lenguas como oficiales, como lenguas nacionales, tuvo el
resultado de que otras lenguas, normalmente con menos hablantes, quedaron condenadas
a un espacio marginal y amenazadas de desaparición. Los conflictos
lingüísticos, por tanto, tienen unas causas políticas que no se deben ocultar.
Los nacionalismos estatales habitualmente han promovido la extensión de la
lengua oficial del estado nacional, mientras que los nacionalismos periféricos
han defendido la pervivencia de otras lenguas como signo de identidad.
Es
cierto que han pasado dos siglos en los que han cambiado algunas cosas. Hoy se
va desechando la idea de que cada nación deba tener una lengua única, una sola
lengua oficial que excluya el uso de las demás. Se ha venido a reconocer a
nivel político y jurídico lo que siempre ha sido un hecho: que en casi
cualquier territorio del mundo conviven varias lenguas, conviven personas que hablan
diversas lenguas. La coexistencia de varias lenguas oficiales en la misma
comunidad política no es algo siempre fácil o exento de problemas. Pero las
sociedades modernas, conseguida la suficiente homogeneidad cultural y
lingüística para su normal funcionamiento mediante la alfabetización y
educación obligatorias, pueden respetar diferencias culturales que no engendren
discriminaciones o barreras sociales, y hoy es normal que los sistemas
educativos incluyan una segunda y hasta una tercera lengua, sean lenguas
cooficiales o lenguas extranjeras imprescindibles para comunicarse en un mundo
cada vez más globalizado. Lo normal y deseable, en una población culta, hoy no
es el monolingüismo sino el plurilingüismo. Buena muestra del cambio de
percepción es el art. 3 de la
Constitución española de 1978, que después de hablar de la posibilidad de que
haya varias lenguas españolas oficiales, se refiere a que “La riqueza de las
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección”, o la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias de 5 de noviembre de 1992 que en su art. 7 señala
como uno de sus objetivos “El reconocimiento de las lenguas regionales o
minoritarias como expresión de la riqueza cultural”.
Sin
embargo, en Navarra se produce la paradoja de que el debate en materia
lingüística en vez de avanzar en la misma dirección que el resto de Europa en
cierto sentido ha retrocedido hacia estadios anteriores.
La
idea de que la pluralidad lingüística no era un problema sino un elemento de
riqueza cultural es antigua entre nosotros. Fue promovida ya desde 1877 por un
grupo de personas de diversas tendencias políticas –liberales, republicanos,
carlistas, integristas, algunos posteriormente nacionalistas vascos- reunidos
en la Asociación Euskara. A finales del siglo XIX y durante la primera mitad
del siglo XX todas las tendencias políticas navarras estaban de acuerdo en la
necesidad de conservar el euskera como parte de la identidad tradicional de
Navarra, sin que ello conllevara otro proyecto político de carácter nacional.
En 1919, en un momento en que se planteaba un proyecto de regionalización que
quedó a la postre frustrado, alguien tan poco sospechoso de incitar al
nacionalismo vasco como Víctor Pradera proponía la cooficialidad de todas las
lenguas autóctonas junto al castellano; y también en todos los proyectos de
estatuto vasconavarro o navarro de los años treinta se establecía la
cooficialidad del euskera.
La ruptura de la unanimidad
se produjo a partir de la guerra civil de 1936. Se abrió un abismo
infranqueable entre el nacionalismo vasco y el navarrismo (o entre el
navarrismo vasquista y el navarrismo españolista, como prefieren decir otros)
una de cuyas consecuencias fue la práctica desaparición del vasquismo
españolista, la defensa conjunta de la unidad española con la cultura vasca y
el euskera en Navarra.
En la segunda mitad del
siglo XX y hasta hoy por determinados sectores políticos se ha establecido una
vinculación necesaria entre el euskera y una causa nacional. Desde determinados
sectores del nacionalismo vasco se defiende al
euskera como lengua nacional, y en consecuencia se aboga por una
política de reeuskaldunización cuasiobligatoria, al tiempo que se sugiere que
solamente un Estado vasco independiente garantizará la pervivencia del euskera.
Desde sectores del navarrismo se acepta ese mismo principio, hasta el punto de
calificar al euskera como "caballo de Troya" del nacionalismo vasco
en Navarra (así lo hace Jaime Ignacio del Burgo en su libro El ocaso de los
falsarios).
La consecuencia de ello no
es que el euskera se haya convertido en cuestión política; es que se ha
convertido en elemento de confrontación partidista. Debido al temor de que el
fomento del euskera en Navarra se convierta en el fomento del nacionalismo
vasco en Navarra (hecho desmentido por los datos electorales: después de un
cuarto de siglo de democracia ha aumentado espectacularmente el número de
estudiantes en euskera, mientras que el número de votantes del nacionalismo
vasco ha permanecido más o menos estable), el navarrismo político, principalmente Unión del Pueblo
Navarro, ha basado su política lingüística en una política de contención del
euskera, y todas sus acciones consisten en imponer una rebaja a su impulso o
protección. Lo hizo en 1982 en el Amejoramiento del Fuero; si en 1980 el
Parlamento Foral acordó, con el voto en contra de UPN y UCD, que "el
castellano y el euskera serán las lenguas oficiales de Navarra" y que este
principio se incorporaría al Amejoramiento, los dos citados partidos utilizaron
su mayoría en la comisión negociadora para confinar la cooficialidad a las
zonas vascófonas. Lo hizo en 1986 con el proyecto de ley foral del vascuence
elaborado por el Gobierno del PSOE, a base de enmiendas parciales se rebajó el
grado de tutela del vascuence. Donde el objetivo era "impulsar" su
recuperación, se puso "proteger"; donde se reconocía en la zona mixta
el derecho a usar el euskera "para relacionarse" con la
Administración, quedó sólo "para dirigirse"; donde se decía que los
programas de enseñanza en la zona no vascófona "fomentarán su conocimiento
y aprendizaje" quedó una genérica remisión en toda Navarra "a los
objetivos de esta ley"; y las Administraciones Públicas no
"fomentarán" el euskera en los medios de comunicación sino sólo
"protegerán". Si inicialmente la denominación de los topónimos iba a
ser bilingüe en toda Navarra, al final la cosa va también por zonas. También lo
hizo en 1994; en marzo el ejecutivo presidido por Juan Cruz Alli aprobó un
decreto sobre uso del euskera en la Administración, y un sector de UPN
encabezado por Alfredo Jaime, alcalde de Pamplona, se opuso y consiguió su
modificación. En julio del mismo año se aprobó otro decreto con una rebaja en
el uso del euskera: desapareció la vinculación para las empresas públicas,
establecer circuitos administrativos bilingües dejó de ser obligatorio, en
nombre de su autonomía las entidades locales fueron eximidas de elaborar planes
lingüísticos y de usar rótulos y papelería bilingüe, y los impresos bilingües
se proscribieron de la zona no vascófona. Este decreto foral de julio de 1994
sufre otra rebaja el año 2001, con el ejecutivo presidido por Miguel Sanz,
pretextando la supuestamente desvirtuada igualdad en el acceso a la función
pública. El bilingüismo en la zona mixta se ve reducido a la existencia de
traductores, el euskera desaparece de los rótulos en edificios y carreteras
(vuela cualquier rastro de autonomía local, se obliga a las entidades locales a
utilizar sólo el castellano en sus membretes) y se ponen límites a la
valoración del conocimiento del euskera para el ingreso o promoción en la
función pública. Este decreto foral fue anulado por sentencia judicial, y
rápidamente sustituido por otro de 2002 que también ha sido objeto de diversos
recursos y de anulaciones parciales.
La
cuestión que se plantea en Navarra, por tanto, se hace en circunstancias
anómalas. Una política lingüística en situación de normalidad debiera ir
dirigida a resolver cómo hacer compatibles las dos lenguas habladas en Navarra;
aquí se pueden ofrecer varios modelos políticos, varias opciones, así hay que
reconocerlo y no fingir que no se trata de una cuestión política sino
simplemente cultural. Tal política lingüística podría debatirse y decidirse por
los mecanismos ordinarios del sistema democrático, es decir, básicamente por
las mayorías parlamentarias.
Pero en la situación que
vivimos, previamente habría que llegar a un compromiso para que la política
lingüística no consista en un enfrentamiento entre dos nacionalismos, entre dos
concepciones distintas de Navarra en el que el euskera se convierte en un rehén
de intereses partidistas irreconciliables, y en última instancia en víctima de
los distintos sectores políticos que afirman estar a favor de su defensa y
protección.
Sería imprescindible un
acuerdo de mínimos en el que participaran sectores políticos tanto del
navarrismo como del nacionalismo vasco. Sería también necesario que la
comunidad vascohablante se viera representada en dicho acuerdo, cosa que hasta
el presente no ha sucedido dado que dicha comunidad se identifica más con las
posiciones del nacionalismo vasco que con las del navarrismo.
2. Un pacto político entre navarros.
Es
también lugar común identificar a Navarra con sus fueros, aunque la definición
de qué sean los fueros varíe de unos sectores políticos a otros, y es usual
también basar los fueros en la idea de pacto entre Navarra y el Estado, aunque
sean también muy diversas las consideraciones en torno a sus características
(si se trata de un pacto político o jurídico) o la misma pervivencia de dicho
pacto (si se mantuvo o no después de 1841, si se mantiene en el Amejoramiento o
este es fruto de una imposición).
En todo caso, los sucesivos
pactos entre quienes han dirigido en cada época la política navarra y quienes
han regido las instituciones estatales no han sido precedidos por un pacto
entre los propios navarros, entre sus diversos partidos, banderías o corrientes
ideológicas. Al contrario, todos los actos presentado como pactos entre Navarra
y el Estado han tenido como acto previo la victoria política, a veces también
bélica, de unos navarros sobre otros. La denominada Ley "Paccionada"
de 1841 es un pacto de los liberales navarros que monopolizaban la Diputación
con sus correligionarios en Madrid para plasmar sus ideas sobre la acomodación
del régimen foral a la Constitución de 1837, una vez derrotados los carlistas.
Lo mismo se puede decir del primer convenio económico, el de Tejada Valdosera
de 1877, un pacto entre liberales no por casualidad concluido tras una nueva
derrota de las armas carlistas. El Decreto-Ley que en 1925 adaptó el Estatuto
Municipal al régimen foral y el convenio económico de 1927 se aprueban durante
el régimen de Primo de Rivera y suponen también el triunfo de los partidarios
del régimen establecido por la Ley de 1841, en sintonía con la Dictadura,
frente a los partidarios de la reintegración foral, que no podían expresarse en
esas circunstancias. La guerra civil de 1936-1939 supuso de nuevo que una parte
de los navarros pudiera imponer por la fuerza de las armas sus ideas (no cambia
este hecho que las ideas impuestas fueran mayoritarias). Los convenios
económicos de 1941 y 1969 o el Fuero Nuevo de 1973 ratificaron la doctrina del
pacto foral; pactaron en nombre de Navarra quienes habían triunfado y obtenido
el poder en la guerra y lo mantenían gracias a su integración en la dictadura
franquista. La transición desde el franquismo iniciada en 1975 fue una
oportunidad de corregir el curso de la historia, pero por desgracia el
Amejoramiento no consiguió todo el consenso que hubiera merecido, y que sí
tuvieron la mayoría de los estatutos de autonomía del resto de las comunidades
autónomas. No cabe reprocharle ausencia de legitimidad formal; fue aprobado con
una sobrada mayoría del Parlamento Foral. Pero hay que lamentar dos
circunstancias que le han privado de convertirse en una auténtica
"Constitución foral" no sólo acatada sino aceptada, asumida e
interiorizada como la base legítima de sus instituciones por todos los
navarros, cimiento de un patriotismo constitucional o foral propio. La primera
es que contara con la oposición en bloque del nacionalismo vasco; una oposición
minoritaria, es cierto, pero ni coyuntural ni susceptible de ser ignorada, ya
que constituye una corriente organizada, consistente y representativa de una
parte del pueblo navarro. La segunda, que no se sometiera a referéndum, a
diferencia de lo sucedido con los Estatutos de Autonomía de otras comunidades.
Sin estas circunstancias el Amejoramiento hubiera obtenido un plus de
legitimidad que hubiera evitado algunos de los problemas de integración que ha
sufrido Navarra desde entonces.
Este
problema es subsanable con un desarrollo inteligente y abierto hacia todos de
las instituciones establecidas en 1982, que permitiera la adhesión a las mismas
de quienes inicialmente se opusieron al Amejoramiento. Pero uno de los
principales obstáculos para ello es precisamente la cuestión lingüística, y más
en particular el principio de zonificación establecido en el Amejoramiento para
la oficialidad del euskera y desarrollado en la Ley Foral del Vascuence de
1986.
Resulta
particularmente lamentable que la regulación sobre lenguas oficiales contenida
en el Amejoramiento no fuera fruto de un amplio pacto entre los navarros, sino
imposición de sectores políticos no mayoritarios en Navarra al resto
aprovechando la ocasión del pacto con el Estado. Cualquier modificación del
Amejoramiento en este sentido, o cualquier otra medida legislativa en torno a
política lingüística, no debiera seguir el mismo camino sino ser fruto de un
consenso más amplio.
3. Presupuestos del pacto. Cambio del paradigma
territorial.
Desde
que los estados nacionales, que son entidades primordialmente territoriales,
establecieron la idea de lengua nacional, resulta difícil concebir un
territorio sin su lengua oficial. Cada territorio pertenece a un estado
nacional, por lo cual tiene una lengua oficial, y por lo cual cada lengua se
habla en un territorio determinado (o varios territorios determinados).
Sin embargo, como ya he
dicho, la idea de lengua oficial o nacional es moderna. Durante siglos en
Europa han coexistido muy diversas lenguas con múltiples dialectos –de límites
difusos- hablados en comunidades reducidas, con algunas lenguas francas que
permitían la comunicación y que en ocasiones daban lugar a lenguas literarias
utilizadas por minorías ilustradas. No es hasta la Edad Moderna cuando la
acción de la imprenta fomenta las lenguas vernáculas frente al latín y
contribuye a fijar las lenguas literarias. Inicialmente, ni lenguas literarias
ni administrativas coincidían con límites políticos y era normal la
coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio. Como relata Jimeno Jurío
en Historia de Pamplona y de sus lenguas, en la capital navarra se han
hablado y escrito desde la Edad Media euskera, latín, occitano, gascón, romance
navarro, castellano y hebreo, sin necesidad de declarar a ninguna de ellas como
oficial. Paradigmático es el panorama de mezcla lingüística en Centroeuropa
hasta entrado el siglo XX, que se puede ejemplificar en Kafka, un judío checo
que escribía en alemán, aunque hablase también checo o yiddish.
Aunque
hoy gane terreno la idea de pluralidad lingüística, la idea de lengua nacional
o “lengua propia” persiste en los nacionalismos, sean estatales o periféricos,
y con ella la idea de territorialidad. A cada lengua, su territorio, y a cada
territorio, su lengua. Por eso los croatas dicen hablar en lengua croata, los
serbios en lengua serbia y los bosnios en lengua bosnia, e incluso la escriben
unos en alfabeto latino y otros en alfabeto cirílico. En realidad es la misma
lengua, que lleva camino de convertirse en tres lenguas distintas por razones
políticas, que no filológicas, algo parecido a lo que sucede con el catalán y
el valenciano.
De ahí que la Constitución
española en su art. 3 disponga la cooficialidad de las lenguas españolas
distintas del castellano solamente “en las respectivas Comunidades Autónomas
de acuerdo con sus Estatutos”. No son lenguas cooficiales del Estado, sino
solamente de las Comunidades Autónomas. En esto la Constitución española sigue
un criterio territorial distinto del que encontramos en otras constituciones de
algunos países con pluralidad lingüística. La constitución suiza dispone que
son lenguas nacionales el alemán, el francés, el italiano y el romanche, sin
limitaciones geográficas aunque, como es evidente, no todas esas lenguas se
hablan en todos los cantones. La de Paraguay dispone que éste es un país
pluricultural y bilingüe cuyos idiomas oficiales son el castellano y el
guaraní. La constitución de Finlandia reconoce como idiomas nacionales el
finlandés y el sueco, sin referencia territorial, pero además reconoce el
idioma sami (de Laponia) y los derechos de los gitanos y de las personas que
utilizan el lenguaje de signos. La de Italia no hace declaración ni de
oficialidad ni de restricción territorial, sino que se limita a declarar que
“la República protegerá mediante normas adecuadas a las minorías lingüísticas“.
La Constitución Europea no hace una declaración sobre lenguas oficiales, pero
sí establece el derecho de los ciudadanos a dirigirse a sus instituciones y a
recibir contestación en cualquiera de las que denomina “las lenguas de la
Constitución” y que son nada menos que veintiuna: alemana, checa, danesa,
eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara,
inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca,
portuguesa y sueca, sin que exista referencia territorial que limite el ámbito
de oficialidad.
El Amejoramiento en su
artículo 9º asume también un criterio territorial, disponiendo que "el
castellano es la lengua oficial de Navarra", y que "el vascuence
tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de
Navarra". Esta zonificación anunciada y realizada por la Ley Foral del
Vascuence que estableció tres zonas, vascófona, mixta y no vascófona, ha
supuesto que los navarros son titulares de derechos distintos dependiendo de su
lugar de residencia. Así, los ciudadanos tienen derecho a usar tanto el
vascuence como el castellano en sus relaciones con las Administraciones
Públicas y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan, si se hallan en la
zona vascófona, pero solamente tienen derecho a usar tanto el vascuence como el
castellano para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra en la zona
mixta, sin garantía de ser atendidos en cualquiera de ambas lenguas, mientras
que en la zona mixta los ciudadanos tienen derecho a dirigirse en vascuence a las
Administraciones Públicas de Navarra pero éstas pueden requerirles la
traducción al castellano (es decir, que pueden recibir el mismo trato que si
utilizaran el inglés, el árabe o el suahili). En la zona vascófona los padres
pueden elegir en qué lengua oficial quieren que sus hijos reciban enseñanza,
mientras que no tienen tal garantía en la zona no vascófona.
De
este modo se producen una serie de paradojas bien conocidas. La población que
más vascoparlantes concentra, Pamplona, no se halla en la zona vascófona sino
en la mixta. Poblaciones que tienen una demanda de enseñanza en euskera
superior a otras no la ven atendida porque se hallan en zona no vascófona. La
oferta de Formación Profesional en euskera es infinitamente superior en la zona
mixta que en la zona vascófona (ya que en zona mixta hay algo, y en la
vascófona nada). La “frontera” que separa a la zona vascófona de la zona mixta
cruza la aglomeración urbana de Pamplona, de modo que los derechos lingüísticos
pueden variar según se cruza una calle.
Frente
a este paradigma de restringir la oficialidad de una lengua a un territorio
determinado, con el corolario de que los derechos lingüísticos sólo se pueden
ejercer dentro de ese territorio, la Carta Europea de Lenguas Regionales y
Minoritarias ofrece elementos para su superación. Los firmantes de la Carta se
comprometen a aplicar, mutatis mutandis y de manera flexible, sus
principios a las lenguas sin territorio. Muchas de sus medidas se refieren, no
a zonas donde las lenguas sean oficiales o cooficiales, sino a zonas “del
Estado en las que resida un número de hablantes de lenguas regionales o
minoritarias que justifique las medidas que figuran a continuación, y según la
situación de cada lengua” y “en la medida en que sea razonablemente posible”.
También se prevé la adopción de determinadas medidas, incluida la enseñanza, en
“territorios distintos de aquellos en que se empleen tradicionalmente las
lenguas regionales o minoritarias” “si el número de hablantes de una lengua
regional o minoritaria así lo justifica”.
Por cierto, que en la
declaración que acompaña a la ratificación por parte de España de la Carta se
afirma que se entienden por lenguas regionales o minoritarias, a efectos de su
aplicación, no sólo las lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de
Autonomía del País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Galicia, Comunidad
Valenciana y Navarra, sino también las que los Estatutos de Aragón, Asturias y
Cataluña protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan
(es decir, la fabla aragonesa o aragonés, el bable o asturiano y el aranés)
aunque no sean oficiales.
Frente
a la idea de que la protección de una lengua o de que los derechos lingüísticos
están ligados a un territorio determinado, o que exigen la previa declaración
de la cooficialidad, debería avanzarse en la idea de que la lengua, y los
derechos lingüísticos, forma parte de la relación que se establece entre unos
ciudadanos y unas instituciones. En este sentido, el euskera debiera ser no
tanto lengua oficial de un territorio (sea el de Navarra o sea una parte del
mismo) sino lengua que utilizan las instituciones de la Comunidad Foral para
relacionarse con sus ciudadanos. En este sentido, sería preferible hablar de
“las lenguas del Amejoramiento”, siguiendo el ejemplo de la Constitución
europea, antes que de las lenguas oficiales; y de ciudadanos vascófonos que de
zona vascófona.
Entiendo que, frente al criterio territorial
de la Constitución española, hubiera sido preferible que declarase lenguas
cooficiales del Estado, o lenguas amparadas por la Constitución, a todas las
que se hablan en España. También hubiera sido deseable que, en vez de hablar de
las zonas vascófonas, el Amejoramiento hubiera hablado simplemente de las dos
lenguas de Navarra. Y, en el presente, incluso aunque no se reformara el
Amejoramiento en este punto, sería procedente una reforma de la Ley Foral del
Vascuence que equiparara los derechos de todos los ciudadanos navarros en
cualquier zona de la Comunidad Foral.
Creo
que podría ser un ejemplo a inspirar la legislación foral en materia
lingüística el de la Comunidad Valenciana. A esta comunidad pertenecen
territorios de lengua castellana donde nunca se habló históricamente otra
lengua, junto a otros territorios donde la lengua hablada tradicionalmente ha
sido el valenciano (valenciano: variedad del catalán, que se usa en gran parte
del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia,
dice el Diccionario de la Real Academia Española). Su Estatuto de Autonomía establece
que los dos son idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma; y prevé que la ley
delimitará los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua,
así como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua
propia de la Comunidad. La Ley de uso y enseñanza del valenciano de 1983
reconoce el derecho de todos los ciudadanos a utilizar ambas lenguas con las
instituciones públicas; establece la incorporación obligatoria del valenciano a
la enseñanza en todos los niveles educativos, aunque en los territorios
castellano-parlantes se llevará a cabo de forma progresiva y en todo caso los
padres pueden solicitar la exención del aprendizaje del valenciano para sus
hijos.
En
suma, ese pacto político sobre el euskera debiera explorar las posibilidades de
extender la protección del euskera, los derechos lingüísticos de los ciudadanos
vascoparlantes y muy específicamente la enseñanza en euskera a todo el
territorio de Navarra, incluyendo las zonas no vascófonas o de predominio del
castellano, más que hacer cuestión de la cooficialidad o no de las dos lenguas.
En la
actualidad trabaja en el seno del Parlamento de Navarra una ponencia sobre
política lingüística. Podría ser el primer paso para avanzar hacia ese pacto
político y hacia introducir en el ordenamiento jurídico navarro una serie de
medidas consensuadas lo más ampliamente posible que normalizara el debate en
torno al euskera.
Este
pacto debe pasar por desvincular el euskera de otras cuestiones políticas.
Sobrarían los discursos en torno a la lengua como elemento de construcción
nacional; sobrarían las descripciones del euskera, o del castellano, como
lengua nacional; o debates sobre cuál de ambas lenguas es más o menos propia de
Navarra. Sobraría establecer objetivos últimos como una reeuskaldunización
obligatoria, igual que sobra pretender la contención del euskera dentro de unos
límites más o menos artificiosos.
Cualquier pacto debiera pasar por los dos elementos en que, en principio, todas las fuerzas políticas suelen coincidir en sus declaraciones. Es decir, protección del euskera como parte del patrimonio cultural de Navarra, y protección de los derechos lingüísticos de los ciudadanos navarros, en el sentido de poder utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas de Navarra sin imposiciones ni discriminaciones.
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