Abundan en esta tierra libros que en contraportadas, solapas, introducciones y prólogos advierten del propósito de instruirnos sobre la Verdad Histórica, sobre la Historia Verdadera de nuestro pasado y nuestro presente oculta y falseada en otros libros exhibidos en los mismos anaqueles de las librerías. En la misma guerra, no me atrevería a decir que incruenta, se empeñan tertulianos, opinantes y columnistas de nuestros medios de comunicación. Tampoco son raros los políticos que hablan en nombre de la Auténtica Navarra o desde la Realidad de Navarra, y los organismos oficiales que patrocinan la publicación de alguna Historia Real.

Sería muy de agradecer esa Verdad encuadernada de nuestra historia (alguien ha llegado a escribir que la solución al terrorismo de ETA consiste en enseñar "la verdad histórica" a los vascos, incluidos los terroristas) si la oferta no incluyera versiones tan contradictorias. Para unos, el Reino de Navarra se formó en el medioevo como Estado nacional de los vascos, en perpetua lucha para no ser absorbidos y anulados política y culturalmente por España y Francia, que la fueron conquistando en porciones y aún hoy persisten en su propósito desnacionalizador, para lo cual han inventado una falsa historia que niega tal realidad y pretenden su sometimiento a una artificial nación española (y francesa) cuya unidad descansa en la fuerza. Para otros, el Reino de Navarra desde la Edad Media se formó con irrenunciable vocación de integración en la nación española, a lo cual responde su unión voluntaria en 1515 a la monarquía hispana con preservación de sus fueros; voraces enemigos que quieren conquistarla han inventado una falsa historia que niega tal realidad y pretende la constitución de una artificiosa nación vasca que nunca existió con ayuda de la violencia.

Tampoco faltan quienes piensan (pensamos) que la Navarra medieval difícilmente se puede identificar con ninguna nación, por ser este un concepto que no se desarrolló hasta el siglo XVIII, y que los procesos políticos, económicos y sociales vividos a lo largo de los siglos en Navarra tienen otras explicaciones, bastante coincidentes con lo sucedido en toda Europa, distintas de esa historia sustentada en el hecho nacional como indestructible unidad de destino que avanza a través del tiempo. Que el Reino de Navarra se formara principalmente sobre gente de lengua vasca, y que después fuera incorporado a la monarquía española, son hechos poco discutibles pero insuficientes para sostener las visiones centradas en la construcción y defensa de la idea nacional.

Desde los siglos XVII y XVIII diversos pensadores pusieron en cuestión que las ideas que se habían tenido por verdaderas fueran tales, y de su crítica surgió la Ilustración, el avance de la ciencia y, en general, el mundo moderno. David Hume explicó que la verdad de cualquier alegación de hecho es imposible de alcanzar por una simple operación lógica. Más tarde Popper ha expuesto que ni siquiera las teorías científicas contrastadas y probadas garantizan estar en posesión de la verdad, porque lo que caracteriza a la ciencia es seguir contrastando y sometiendo a falsación teorías que siempre son provisionales. Feyerabend ha escrito que es imposible llegar a una única teoría verdadera, y por eso la ciencia siempre trabaja con teorías alternativas, entre las que a veces se elige simplemente por cuestiones de gusto. Estos ilustres autores nos han puesto en guardia ante la fe en el conocimiento verdadero, aunque sea científico, y nos sugieren que la ciencia es un simple instrumento para relacionarnos con el mundo del que sacamos algunas ventajas (como el automóvil o los electrodomésticos) junto con algunos inconvenientes (el accidente de Chernobyl o el efecto invernadero), pero que no nos garantiza el conocimiento de la verdad. En el plano político, la idea de que no hay una Verdad incuestionable que pueda imponerse ni por el poder civil ni por el eclesiástico llevó a las revoluciones liberales y democráticas, a declarar la libertad religiosa y de pensamiento y, en última instancia, a instaurar el pluralismo que luce como valor superior del ordenamiento jurídico en la Constitución española y que nos garantiza vivir de acuerdo a nuestras convicciones y certezas, pero no nos permite imponerlas al prójimo.

Parece, sin embargo, que entre nosotros quedan muchos que no solo creen en la Verdad absoluta sino que estiman posible llegar a su posesión (olvidando el relato del Génesis y el mandato divino: "Puedes comer de todos los árboles del huerto; pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal"; el hombre comió porque la serpiente dijo a la mujer que "en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal"; en vez de eso su pretensión les valió la expulsión del huerto del Edén y vivir en lo sucesivo con trabajo y dolor). Son recientes los ecos de esos debates sobre la necesidad de imponer en la enseñanza obligatoria la Historia Verdadera y de fiscalizar los manuales para evitar versiones falseadas. Todavía candente la controversia sobre la enseñanza de la religión. En otro lugar ya escribí que bajo la apariencia de aconfesionalidad y pluralismo el sistema del que disfrutamos en España en esta materia tiene el efecto de proteger la enseñanza de una verdad (verdades) oficializada.

Uno creería que un país constitucionalmente pluralista y aconfesional la enseñanza obligatoria debiera dirigirse a formar ciudadanos ilustrados, tolerantes y con espíritu crítico. Es decir, con sus propias ideas y convicciones, y capaz de defenderlas y de fundamentarlas con argumentos razonables (no gente sin criterio o que piense que todo es lo mismo); pero al tiempo sabedores de los límites de sus conocimientos y creencias y abiertos a que los demás también tengan sus propias razones. En este marco el Estado, además de enseñar la historia con criterios científicos, es decir, excluyendo que haya una única y definitiva interpretación válida, debiera fomentar el estudio de la religión en la enseñanza obligatoria (el conocimiento del hecho religioso, la historia de las principales religiones, sus implicaciones culturales y morales) pero no introducir la catequesis de una o unas confesiones religiosas. Pero justamente se ha hecho lo contrario.

El Estado ha concedido a determinadas confesiones el oligopolio de nombrar a quienes con fondos públicos enseñarán en aulas públicas la Doctrina Verdadera de cada una de ellas. La cuestionada designación episcopal de los profesores tiene como objeto, no tanto garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación acorde con sus propias convicciones morales y religiosas (sobre las cuales no son interrogados), sino a garantizar que la formación impartida se atendrá a la ortodoxia católica. Otro tanto sucede con las confesiones evangélica, israelita y musulmana. No extraña que la poca oferta de ésta última se deba, cuentan, a que los propios grupos islámicos no se ponen de acuerdo en las autoridades que deban acreditar la idoneidad de los profesores. En su defecto, y como denuncian algunos musulmanes españoles, la enseñanza del Islam se está desarrollando en el ámbito privado de las comunidades y mezquitas financiadas desde Arabia Saudí y dentro de la ortodoxia wahabita que tan magníficos resultados ha dado, entre otros países, en Afganistán. En suma, los padres no disfrutan tanto del derecho a elegir una formación conforme a sus convicciones, sino a elegir entre el lote de ortodoxias que se le ofrecen en el supermercado de la Verdad, y así, por ejemplo, el católico heterodoxo puede elegir entre una formación controlada habitualmente por grupos conservadores o nada (no se le hará la oferta de optar por una formación adaptada a la Teología de la Liberación, si por ahí van sus convicciones). El derecho no es tanto de los padres sino de las confesiones organizadas. Los padres pertenecientes a confesiones no suficientemente organizadas, o que no pertenecen a ninguna pero también tienen convicciones morales, no disfrutan del mismo derecho. Visto que el Estado va dejando la certificación de doctrina verdadera en manos de Roma o La Meca, quizás pronto los budistas u ortodoxos tengan la suerte que desde Katmandú, Atenas o Moscú algún lama o algún gran patriarca pueda designarles sus propios profesores, y otros confiar en lo mismo desde la Alianza Atea ubicada en Minneapolis.

Se me ocurre que algún día este sistema sea exportable a la enseñanza de la historia. Al fin y al cabo una interpretación propia de la historia es típica de todo sentimiento nacional o de todo nacionalismo, y la nación ha sido frecuentemente catalogada como objeto de una moderna religión política. En nuestra época y nuestro ámbito cultural, salvando los fundamentalistas islámicos tan de actualidad, los mártires lo suelen ser más por la patria que por la fe (así, Al Qaida mata en nombre de Alá, pero Bush de inmediato interpreta que se trata de un ataque a los Estados Unidos y sus ciudadanos en un arranque de fervor patriótico responden enarbolando banderas).

En fin, que quizás los profesores de historia debieran recibir una declaración de idoneidad por alguna entidad adecuada (habrá que multiplicar las academias de historia o las sociedades de estudios) y los padres elegir la historia que van a recibir sus hijos para asegurarse que se corresponde con sus propias convicciones históricas. Poder optar entre "Historia unitaria de España", "Historia plurinacional del Estado español", "Historia de Navarra foral y española", o "Historia de Euskal Herria y su construcción nacional", tranquilizaría la conciencia de muchos padres preocupados por que sus hijos sean educados en la Verdad.