Es posible que algunos ciudadanos navarros, al examinar la "agenda" que los distintos grupos políticos proponen de cara a las próximas elecciones municipales y forales, tiendan a subvalorar el apartado de los Servicios Sociales. ¿Acaso no vivimos en una comunidad con índices de calidad de vida similares a las medias europeas? ¿Acaso no tenemos ya unos Servicios Sociales suficientes y accesibles a todos los ciudadanos? Podrían pensar que, dado que la mayoría de los navarros disfrutan de adecuados niveles de renta y nivel de vida, los Servicios Sociales, erróneamente identificados con prestaciones para los más pobres (y suponiendo que son escasos entre nosotros) no son cuestión preocupante.

Y, sin embargo, es previsible que en los próximos años se mantenga e incluso aumente la demanda de intervención pública en políticas activas de bienestar social, y que sea un asunto primordial en la agenda política. Es precisamente el mismo nivel de desarrollo económico y bienestar social que disfruta Navarra el que hace, o debe hacer, cada vez más sensibles a los ciudadanos sobre la persistencia e incluso incremento de desigualdades que afectan a sectores específicos de la población. La generalización de los servicios y prestaciones propios del Estado social (salud, educación, vivienda, etc.) ha puesto de relieve el problema que supone la existencia de colectivos especialmente desfavorecidos que, por diversos motivos (formación, desempleo, salud, edad, sexo, origen étnico, etc.) no pueden acceder con normalidad a ellos y, en consecuencia, se convierten en ciudadanos de segunda abocados a procesos de exclusión social o marginalidad. Las políticas sociales deben dirigirse preferentemente a esos colectivos y garantizarles el "derecho a tener derechos", eliminando los obstáculos que les impiden la normal integración en la sociedad como ciudadanos que pueden acceder como los demás a los mismos servicios y prestaciones, en definitiva a una vida digna. En estas circunstancias, las políticas de bienestar social se deben hacer cada vez más selectivas, más personalizadas y por tanto, más próximas a los interesados y a su entorno social. Aunque se reduzca el número de quienes se hallan en esas situaciones requeridas de intervención, cualitativamente su situación es peor y, por tanto, las soluciones también más complejas y difíciles. El esfuerzo debe ser más intenso, incluso en el aspecto económico. Y debe implicar a toda la sociedad, mediante actuaciones de prevención que aseguren la cohesión social, para lo cual la actividad de los Servicios Sociales debe dirigirse a toda la población.

Ante esta situación que exige intervenciones muy personalizadas el papel de las entidades locales es primordial; sólo de forma descentralizada es posible actuar con eficacia en la detección de las situaciones y colectivos desfavorecidos, en el diagnóstico de sus causas, en la adopción de acciones preventivas y asistenciales, y en el diseño de programas adaptados a cada caso particular, fomentando incluso itinerarios personalizados de inserción social. Esta tarea debe abordarse sobre todo por los Servicios Sociales de Base, trabajando insertos en las redes sociovecinales y aprovechando sus recursos, sin los cuales las demás instancias, por mucha voluntad y medios que quieran aportar, probablemente no van a ser capaces de actuar con suficiente eficacia.

Entre los colectivos a los que ha de prestarse una atención prioritaria en los próximos años se hallan:

a) Las personas mayores; la elevación de la esperanza de vida en Navarra, una de las más altas del mundo, genera y seguirá generando cada vez más la necesidad de mayor atención para más personas y durante más tiempo, a menudo en procesos de progresiva discapacitación para atender sus necesidades más básicas. La labor de las entidades locales debe dirigirse prioritariamente a aquellos servicios que permitan a los mayores mantenerse en su medio habitual con una calidad de vida suficiente (servicios a domicilio, centros de día, centros de jubilados, etc.), y en los casos en que ello no sea posible ofrecer alternativas de alojamiento (viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, residencias). No obstante, hay que tener en cuenta que la iniciativa privada esta generando todo un sector económico en expansión en esta materia, por lo cual la actividad municipal debe dirigirse a las personas con menores recursos económicos que no pueden acceder a los servicios ofertados por el sector privado.

b) Las mujeres; si bien es cierto que en los últimos años se han dado grandes avances hacia la igualdad no solo legal sino también real entre hombres y mujeres, no menos cierto es que con frecuencia la pobreza y la exclusión social amenazan en mayor medida a la mujer, o a ciertos colectivos de mujeres. Problemas específicos como los malos tratos, las cargas familiares no compartidas, el desempleo específicamente femenino, deben ser objeto de atención prioritaria por las entidades locales.

c) Jóvenes; la mayoría de los jóvenes tienen en la actualidad entre nosotros buenas oportunidades de formación, de integración social y desarrollo personal; pero un buen número de jóvenes tienen obstáculos sensiblemente mayores a los que tuvieron generaciones anteriores para su inserción sociolaboral y están en peligro de exclusión social. Jóvenes que por problemas familiares, de salud, de integración social, fracasan en los estudios, no alcanzan la cualificación suficiente para integrarse en el mercado de trabajo, hoy más difícil que nunca, y carecen de ningún horizonte personal. Deben ofrecerse a estos jóvenes programas preventivos, de tiempo libre, de formación (cursos, escuelas-taller, etc.) y de inserción sociolaboral, desde su propio entorno social.

d) Parados; el desempleo es un factor desencadenante de otros problemas para algunas personas: pobreza, alcoholismo, etc. Se ceba en los colectivos ya de por sí desfavorecidos: jóvenes, mayores de 40 años, mujeres, discapacitados, etc. Es necesario buscar nuevas salidas laborales para estos sectores, mediante programas adecuados.

e) Otros colectivos desfavorecidos: minorías étnicas, discapacitados físicos y psíquicos, inmigrantes, personas dependientes de sustancias o conductas destructivas, transeúntes, expresidiarios, deben ser objeto también de programas específicos adecuados a las dificultades y el entorno de cada uno.

Una tarea fundamental de las entidades locales, en la que no pueden ser sustituidas por ninguna otra Administración, es fomentar la participación y la solidaridad vecinal como elementos promotores de calidad de vida y bienestar; sensibilizar a la ciudadanía con relación a los problemas sociales y sus causas al objeto de generar un entramado vecinal solidario y capacitado para ofrecer cobertura a actuaciones preventivas y a procesos de inserción y promoción de aquellos vecinos que lo requieran, y, en general, fomentar la participación de la población en la gestión de las políticas de intervención social y en el ejercicio de la corresponsabilidad en su propio ámbito de convivencia.

Para que las entidades locales puedan cumplir con su papel es necesario dotarles de los instrumentos adecuados. En el campo del bienestar social, Navarra cuenta con una normativa que fue pionera en su momento (Ley foral de Servicios Sociales de 1983 y su desarrollo), pero que hoy ha quedado totalmente desfasada. Pasada una primera época de creación y asentamiento de los Servicios Sociales municipales, es necesaria una nueva regulación legal que, además de reconocer los derechos sociales básicos como verdaderos derechos subjetivos exigibles por los ciudadanos a la Administración, mejore la dotación técnica y económica de los municipios, defina con claridad sus funciones y asegure una correcta coordinación con la Administración Foral, a la que deben corresponder las tareas de planificación y ordenación de los Servicios Sociales, ubicando la ejecución principalmente en las entidades locales. Recientes documentos elaborados por el Gobierno de Navarra y aprobados por el Parlamento (Plan Gerontológico, Plan de Exclusión Social) marcan ambiciosos objetivos para los próximos años, pero que esos objetivos se cumplan está en buena medida condicionado porque las Administraciones implicadas, y en particular las locales, dispongan de los recursos necesarios para atender sus obligaciones al respecto. Hoy no resulta de recibo la persistencia de una normativa foral pensada para el establecimiento de los Servicios Sociales municipales que sigue reflejando una financiación decreciente a partir del primer año de su establecimiento; o que las subvenciones a recibir por las entidades locales sigan estando al arbitrio de la Administración foral. También es inaceptable que el reparto de esas subvenciones no tenga nada que ver con la distribución territorial de las necesidades; contra la evidencia de que los mayores problemas sociales se acumulan en Pamplona (minorías, exclusión social, envejecimiento de la población), el Ayuntamiento de la capital es el que menor financiación recibe por habitante para el mantenimiento de los Servicios Sociales de base y para algunos programas específicos.