En julio de 1997 millones de ciudadanos españoles se lanzaron a la calle para exigir, primero, la libertad de Miguel Ángel Blanco y, después, para condenar su asesinato por ETA. El clamor popular contra el terrorismo produjo la impresión de que las instituciones y los partidos políticos habían recibido un mandato tan terminante de acabar con el terrorismo que pronto se alumbrarían nuevas vías de solución a la situación de violencia. A esto se bautizó como "el espíritu de Ermua". Un año después tengo la impresión de que aquel espíritu fue un espejismo y un cúmulo de malentendidos que ha producido efectos contrarios a los que se esperaban.

Si en los últimos años, a partir del pacto de Ajuriaenea y de los que le siguieron (acuerdos de Madrid y Pamplona), la consigna era la unidad de todas las fuerzas democráticas contra el terrorismo, hoy la desunión de esas fuerzas es patente. No sería grave constatar diferencias de criterio sobre la política antiterrorista; en una democracia pluralista la confrontación de diversas posiciones es lo normal, y sería artificial pedir uniformidad de pensamiento en fuerzas políticas de ideología e intereses dispares. Pero lo razonable sería que esas diferencias se contrastaran con serenidad en los foros creados al efecto. Lo que sucede hoy, por el contrario, es que diversos partidos democráticos se cruzan acusaciones feroces sobre su posición ante el terrorismo atribuyendo al contrario el propósito de sacar tajada electoral de la sangre derramada y dudando de su voluntad de solucionar el problema de la violencia.

Me da la impresión de que ante la visión de miles y miles de ciudadanos en las calles manifestándose contra el terrorismo de ETA, algunos políticos de pronto se dieron cuenta del potencial electoral que podían estar desaprovechando y se apresuraron a situarse al frente de la protesta (tengo que seguirles, soy su dirigente, que dijo aquél). A ello ha seguido una desenfrenada carrera para probar quien está más contra la violencia, quién es o ha sido más víctima del terrorismo, quien tiene las mejores soluciones, quien está trabajando más y mejor para acabar con los crímenes terroristas.

A esta carrera se han unido otros sectores sociales; tras columnistas y tertulianos, en los últimos meses se ha abierto también la guerra de los manifiestos; abajofirmantes del ámbito universitario o cultural rivalizan también por el premio a la actitud más válida contra el terrorismo. E incluso en el seno de la organización pacifista más laureada y pionera en sacar a los ciudadanos a la calle contra el terrorismo se cruzan acusaciones entre miembros y exmiembros sobre quién de verdad está contra la violencia y quien la utiliza para otros fines políticos.

Como uno de los muchos ciudadanos que se han pateado las calles, no solo en julio de 1997 sino, por desgracia, en demasiadas otras ocasiones para manifestarse contra el terrorismo, esta situación me preocupa y me da la sensación de que entre todos estamos desandando el camino que llevó a los pactos por la paz.

Quizás peque de ingenuo, pero cuando oigo las razones de unos y otros (me refiero a quienes se manifiestan contra la violencia y sobre como acabar con ella) tengo la impresión de que todos tienen gran parte de razón y se enzarzan en una lucha a muerte por los matices. Creo que el terrorismo es un problema difícil y complejo; nadie tiene recetas milagrosas para acabar con él. Por eso su final, creo yo, vendrá a base de acumular distintas medidas. Estoy a favor de la firmeza ante los violentos; de negar cualquier concesión a quienes no tienen otra legitimidad que las armas; de rechazar el chantaje como fórmula de acción política. Pero también me parece que en una democracia el diálogo y la negociación son fundamentales; y que se debe dialogar con todos; y se debe negociar con todas la fuerzas políticas que han pasado por la urnas, aunque el seno natural de la negociación son las instituciones democráticas y allí es donde deben tomarse todas las decisiones. Creo que para acabar con el terrorismo hay que utilizar todas las armas posibles dentro de la ley; esto incluye los medios policiales y los penales; pero también hay que recordar que la Constitución establece que las penas tienen como finalidad no el aislamiento de los delincuentes sino su reinserción social (incluyendo a los terroristas). Por eso el horizonte final de las medidas policiales y judiciales no es acabar con los terroristas, sino acabar con el terrorismo y reinsertar en la sociedad, cuando y en la medida que sea posible, a quienes lo practican. La ley señala como una de las medidas de reinserción el cumplimiento de las penas en el lugar más próximo posible al lugar de residencia del reo. Creo que igual que en una guerra cada bando trata de obtener información y establecer alguna vía de comunicación para sondear las intenciones del enemigo, en la lucha contra el terrorismo no hay porqué descartar algún contacto con los terroristas o sus cómplices; sin que ello suponga montar una mesa de negociación para claudicar ante la violencia.

¿Cómo se concilian todos estos extremos? Desde luego no haciendo de ello arma arrojadiza. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a vivir con el terrorismo con normalidad, haciendo de él incluso un factor funcional de la vida política. A lo mejor todos estamos cómodos con el terrorismo, que nos permite participar en el juego de yo soy más pacifista que nadie. Todos cómodos, menos las víctimas.