EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS

Por el Foro Iruña: Mikel Armendáriz, Fernando Atxa, Iñaki Cabasés, José Luis Campo, Ginés Cervantes, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y José Luis Úriz.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) implementó a partir de 2006 una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La puesta en marcha de la asignatura pretende cumplir con una recomendación del Consejo de Europa del año 2002, cuyo objetivo es el de “promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la Ley, que son los fundamentos de la democracia”.

Algunos sectores sociales y políticos de distinto signo ideológico han criticado la implantación de esta asignatura. Pero, quizás, las críticas más contundentes parten de posiciones conservadoras: Partido Popular, una parte de la jerarquía eclesiástica y otras asociaciones que defienden el derecho en exclusiva de los padres y madres a educar a sus hijos en valores, ética y moral, y acusan al Estado de una pretendida voluntad de adoctrinamiento ideológico e imposición totalitaria. Consecuencia directa del argumento utilizado por estos sectores sociales conservadores es la puesta en cuestión del derecho a la educación de los/as menores, ya que al plantear el derecho exclusivo de decisión de la familia sobre su educación se olvidan de que son los alumnos/as, como personas, los titulares de los derechos y no la familia. Los padres y madres tienen una función educativa esencial pero limitada. El/la menor es titular de derechos en sí mismo y el Estado tiene el deber de protegerlos.

No hay que acudir a los casos de malos tratos a los/as menores por parte de los padres para ejemplificar el deber protector de la sociedad en su conjunto y los instrumentos legales a su servicio. En nuestra sociedad, sigue estando presente de forma demasiado extendida la consideración de que la responsabilidad sobre el cuidado y atención a los/as menores es del dominio prioritario de los padres y madres, adjudicándole al resto de la comunidad: escuela, instituciones o entidades, vecinos, etc., un papel subsidiario. En concreto, a la institución escolar se le asigna el simple papel de entidad asistencial e instructora de las “materias científicas”.

A veces, incluso, la demanda social es contradictoria en sí misma puesto que mientras a la institución escolar se le exige cada vez más “calidad educativa” menos capacidad de actuación y status social se le concede, siendo muestra de ello la cada vez mayor minusvaloración del papel del profesorado como transmisor de normas positivas de conducta social. Sin embargo, la educación de los/as menores no sólo es la acción de transmitir una serie de conocimientos y saberes más o menos científicos y objetivos. Se trata también (sobre todo dirían nuestros abuelos/as) de la transmisión de valores positivos que nos hagan mejores personas y ciudadanos/as.

Según expresa, de forma muy correcta a nuestro entender, un proverbio africano “para educar bien a un/a niño/a, hace falta la tribu entera”. Esto es, es tarea de toda la comunidad la educación de nuestros niños/ as y jóvenes. Educan los padres, los hermanos/as, la escuela, los medios de comunicación, los/as amigos/as, los parientes, los/as vecinos/as, etc. La sociedad, el Estado, por medio del sistema educativo es, siempre lo ha sido y además debe serlo, actor importante, aunque no único, en la ordenación de la educación a los menores y dentro de ello, en la estructuración del sistema de valores que tiene que impregnar el sistema educativo.

Entendemos que el argumento del derecho exclusivo de los padres y la iglesia a la educación en valores de los/as menores, es, además de tendencioso, falso, contradictorio, perverso y sectario. Se reclama como derecho lo que es un privilegio, esto es, poder rechazar parte de un programa educativo. Todo ello, además, sin ofrecer ninguna garantía de que el mundo de valores que algunas familias puedan transmitir en exclusiva a sus hijos no esté trufado de principios machistas, xenófobos, racistas, etc. La sociedad, sus representantes democráticamente elegidos, las instituciones y la administración educativa tienen legitimidad para definir un marco básico en la sociedad, ampliamente aceptado, que defina los valores positivos asumidos por la generalidad.

Afortunadamente, diferentes estamentos, entidades e instituciones como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Defensor del Pueblo de nuestra comunidad ya han emitido dictamen sobre las argumentaciones de los sectores más conservadores rechazando sus pretensiones y rebatiendo desde el derecho y la razón sus demandas.

Es verdad que quizás no se ha dado un debate social suficiente para poder llegar a un consenso amplio y explícito sobre una ÉTICA MÍNIMA O ÉTICA CIVIL que, partiendo de la racionalidad, se guíe por los principios del pluralismo, la democracia y la laicidad. Sin embargo, esta circunstancia no anula la necesidad ni la conveniencia de plasmar en el currículo educativo los instrumentos necesarios para trabajar con los alumnos/as este mundo de valores positivos. En este caso, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una opción correcta.

La transmisión a nuestros/as jóvenes de un mundo de valores positivos, democráticos, plurales, respetuosos con la persona y con la justicia social, es un elemento complicado en un mundo y modelo de sociedad en que demasiadas veces el triunfo social y el funcionamiento del propio sistema se construye alrededor de los contravalores y además se hace alarde de ello. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no puede ser, por tanto, un camino acabado, sino una oportunidad de comienzo ilusionante.

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