Dos años después de la Declaración de Estella-Lizarra es patente su fracaso como vía de pacificación. La ilusión que en su día despertó ha pasado de ser sinónimo de esperanza a serlo de espejismo. Si faltaba alguna prueba ETA las ha aportado en abundancia en este verano sangriento (pero hay que matizar, a causa de ciertos excesos verbales que uno oye a diario, que los muertos los causa ETA, que viene matando desde 1968, no la Declaración de Estella-Lizarra, que si algún efecto positivo tuvo fue precisamente un año y medio sin asesinatos). Por más que algunos quieran reafirmarse en la vía de Lizarra lo único que queda por hacer es examinar las causas de su fracaso y sacar conclusiones para el futuro.

La Declaración de Estella-Lizarra, junto con un puñado de buenas intenciones, arrastra vicios de origen que le acaban pasando factura. El primero es que se trata de una iniciativa elaborada con apresuramiento y nocturnidad. En el seno de ninguna de las fuerzas firmantes se produce previamente un debate amplio y abierto sobre las consecuencias de lo que se firma y que supone un notable cambio de estrategia, un despegue del pacto de Ajuria-Enea para PNV, EA o IU-EB y de la denominada "Alternativa Democrática" de ETA para EH. Si ese debate se hubiera producido –y en él necesariamente se hubiera cuestionado el nivel de compromiso de EH y ETA con un proceso de paz- es muy posible que el texto firmado hubiera sido otro, o que no hubiera habido firma. Pero la inmediata declaración de tregua por ETA hizo parecer el proceso de paz más sólido de lo que era y acalló las críticas dentro de PNV, EA, IU… de momento.

Otro vicio fue apelar al modelo de pacificación de Irlanda del Norte cuando faltaban algunos de sus elementos esenciales. Seguro que algunos de los autores del documento confiaban en una "vía irlandesa" de buena voluntad; es más dudosa la de otros. Para seguir el modelo irlandés faltaban sobre todo el IRA y el Sinn Fein, o sus equivalentes. En septiembre de 1998 pudo parecer que con su tregua ETA asumía el mismo compromiso que habían adoptado el IRA y los demás grupos armados irlandeses. Es decir, una retirada del primer plano para delegar las negociaciones y los acuerdos que aborden los problemas que sufre aquella comunidad en las fuerzas políticas con representación obtenida en las urnas y comprometidas con la no violencia, con métodos exclusivamente pacíficos y que hayan demostrado que se atienen al proceso democrático ("their total and absolute commitment to the principles of democracy and non-violence", habían exigido en su declaración de febrero de 1996 los primeros ministros británico e irlandés; "parties which achieve representation through an elective process", "a commitment to exclusively peaceful methods and which have shown that they abide by the democratic process", decían en abril de 1996 las normas del proceso de negociación que acabaría en el acuerdo de Viernes Santo). Se produjo el espejismo de que Arnaldo Otegui podía ser el Gerry Adams vasco que llevara a EH a dedicarse a la política por cauces pacíficos y democráticos. El tiempo ha revelado que no era así; y en sus sucesivos comunicados la propia ETA confirma que no tiene voluntad de seguir el ejemplo irlandés y sumarse a un proceso de paz, sino que sigue empeñada en liderar el Movimiento Nacional para liberar al pueblo vasco a base de coches-bomba y tiros en la nuca –probablemente porque a estas alturas de la historia ya no sabe hacer otra cosa-. A su lado, el papel de EH sigue siendo de una completa y lamentable subordinación, de corifeo que asiste a los terroristas en sus acciones y oficia la liturgia y los rituales de homenaje a los "compañeros" caídos si hace falta. Sus afirmaciones a favor de la paz –plasmadas por escrito en el acuerdo con PNV y EA para formación del Gobierno vasco- quedan burladas y desmentidas por sus hechos, negándose siquiera a pedir una nueva tregua a ETA y pregonando su predilección como hijos de la patria por quienes colaboran en el proceso de "construcción nacional" colocando bombas. Su actitud es exactamente la que las normas de negociación de Irlanda del Norte hacían motivo de exclusión de las negociaciones: una manifiesta falta a su compromiso con los principios de la democracia y la no violencia, recurriendo a la amenaza de la violencia para influir en sus resultados u obstaculizando los esfuerzos de los demás ("any party demostrably dishonored its commitment to the principles of democracy and non-violence… resorting to force or threatening the use of force to influence the course or the outcome of the negotiations, or falling to oppose the efforts of others to do so, would no longer be entitled to participate in the negotiations").

Si en Irlanda del Norte han existido cesiones importantes por todas las partes –los republicanos han aceptado la división de la isla y la soberanía británica sobre Irlanda del Norte, los unionistas han aceptado el principio de autodeterminación para Irlanda del Norte y la intervención de la República de Irlanda en el proceso- ETA se mantiene en un "todo o nada" que le incapacita para cualquier proceso político. Su exigencia, para cesar en la violencia terrorista, de una asamblea constituyente elegida en circunscripción única de los seis "herrialdes" con ruptura de los marcos estatales español y francés le sitúa, no sólo al margen de la voluntad del pueblo vasco al que apela, sino al margen de la realidad.

Pero tampoco PNV y EA se acabaron de creer el modelo irlandés. Pese a que la Declaración de Estella-Lizarra hablaba de "proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones respecto de los agentes intervinientes y con la implicación de la sociedad vasca en su conjunto" y de "conversaciones multilaterales que no exijan condiciones previas infranqueables", no se hizo un esfuerzo por integrar en ese proceso de diálogo a otras fuerzas políticas. Al contrario, se emprende la constitución de un frente nacionalista cuyos hitos principales son el acuerdo para formar un Gobierno vasco de mayoría nacionalista –que no ayuda en nada a la pacificación sino a la polarización de la sociedad vasca- y la creación de la asamblea de concejales nacionalistas o "Udalbiltza", un órgano exclusivo y excluyente con el mismo efecto. Con ello la base del diálogo no se amplía sino que se reduce –ni siquiera todos los firmantes de Estella-Lizarra, y me refiero específicamente a IU, pueden compartir esa derivación-.

Más tarde se sabe que PNV y EA, además, negociaban en secreto con ETA. Es decir, esta organización no desaparecía del escenario, sino que era alentada a seguir en él desplazando a EH del diálogo político. Paradójicamente, el Gobierno del PP hacía lo mismo, manteniendo contactos con ETA mientras se negaba no sólo a dialogar con EH sino con todo el nacionalismo vasco acusándole de estar sometido a los dictados de ETA. Hace ya muchos años que ETA declaró que la negociación es no sólo un método sino también un "objetivo político, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que significa reconocer y legitimar a ETA como cabeza del MLNV y su papel efectivo de vanguardia" (recogido por Patxo Unzueta, Los nietos de la ira. Nacionalismo y violencia en el País Vasco, 1988).

Mientras en Irlanda del Norte uno de los puntos de resolución es la aceptación de un régimen de autonomía que no colma las exigencias de nadie –y nadie renuncia a sus ideas- pero que, a través de su Asamblea, se convierte en foro de encuentro de todos, la Declaración de Estella-Lizarra tiene como paradójico efecto que PNV y EA se distancien del Estatuto vasco, una criatura salida de sus entrañas. Si en 1990 estos partidos afirmaban (declaración sobre autodeterminación del Parlamento vasco) que "el Estatuto de Autonomía, resultado de un pacto refrendado libremente por la ciudadanía vasca, constituye un punto de encuentro de su voluntad mayoritaria y el marco jurídico del que la sociedad vasca se dota en un determinado momento histórico para acceder al autogobierno y regular la convivencia pacífica", en 1999 empiezan a sugerir que el Estatuto es una norma impuesta y extraña que debe superarse, y dejan en manos del PP (que en su día se había opuesto al Estatuto) la reivindicación del marco estatutario. Vivir para ver.

En suma, la vía que parecía abrirse por la Declaración de Estella-Lizarra ha fracasado en buena parte gracias a la acción de sus principales promotores, que no han sabido ser coherentes con lo firmado. No han necesitado para ello ayuda exterior; pero por si acaso, contaban en todo momento con la del Gobierno del PP, igualmente interesado en el bloqueo de un proceso de diálogo abierto y en la polarización entre nacionalistas vascos y nacionalistas españoles, y que ha obtenido los mayores réditos electorales de toda la operación.

De la Declaración de Estella-Lizarra hoy sólo mantiene alguna vigencia precisamente aquello que sus promotores no han sabido o no han querido llevar a cabo: exigencia de diálogo entre todas las fuerzas políticas, aceptación del pluralismo de la sociedad vasca, exclusión de la violencia. Y específicamente, según el modelo irlandés, marginación del escenario político de quienes la practican, es decir, de ETA.

Cualquier solución a los conflictos políticos vascos (y lo digo en plural porque la sociedad vasca no adolece de "un" conflicto propio y específico, sino como cualquier otra sociedad alberga en su seno multitud de conflictos políticos, sociales y económicos) exige establecer cauces de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Y la aspiración de estos cauces o foros debe ser la de incluir a todos. El diálogo debería incluir a todas las fuerzas políticas sin otra condición que rechazar la violencia. Aquí resulta evidente la enorme dificultad de contar con EH, una formación cuya única estrategia consiste actualmente en aplaudir las acciones de ETA y hacer vacuas apelaciones a Lizarra. Pero en un sistema democrático nunca puede renunciarse a integrar en el juego político a todos los sectores de la población. Si en virtud de la Constitución, hasta a los más peligrosos criminales -incluidos los de ETA- se les ofrece la reinserción social, resultaría absurdo excluir "in eternum" una "reinserción política" para las formaciones políticas que hoy se sitúan al margen del sistema democrático. Debe mantenerse permanentemente abierta una puerta y la mano tendida a que en un futuro lo más próximo posible el diálogo se extienda también a EH, si esta formación –en cuyo seno existen sectores, de momento minoritarios, que así lo exigen- da pasos creíbles hacia su desvinculación del terrorismo y hacia la acción por vías exclusivamente políticas y pacíficas. Las fórmulas existen, si hay voluntad real de diálogo; de lo contrario, ese debate sobre exclusiones o no exclusiones a lo que lleva es a excluir el propio diálogo. Los partidos que condenan la violencia pueden reunirse en foros extraparlamentarios para tratar de consensuar iniciativas que promuevan la paz y llevarlas posteriormente a las instituciones parlamentarias, donde se produciría, si tiene voluntad para ello, la participación de EH en el debate. Y hablo en plural porque es evidente que esos posibles ámbitos de diálogo pueden ser uno, dos o hasta tres: en Navarra, en la Comunidad Autónoma Vasca, y también en Madrid. Porque, por más que duela a las aspiraciones de algunos partidos, y si no queremos confundir los deseos con la realidad, hay que partir de que Navarra y País Vasco constituyen dos comunidades políticas distintas y separadas, cada una con su parlamento y su sistema de partidos, cada una con su propio "ámbito de decisión". Y que las instituciones políticas comunes con que cuentan son las que están en Madrid (o Bruselas).