DERECHOS
DESDE EL PODER
Es un fenómeno en auge; me refiero al ejercicio de
los derechos políticos no por los ciudadanos, que parece lo natural, sino por
quienes detentan el poder. Las declaraciones de derechos, desde el siglo XVIII hasta
el presente, se hicieron fundamentalmente como instrumento de limitación del
poder. Los derechos políticos clásicos (reunión, manifestación, petición,
asociación, libertad de expresión, de imprenta) suponían el deber de abstención
de los gobernantes para no interferir en la libertad originaria de los
ciudadanos. Las generaciones de derechos que han surgido después, los de
participación, económicos, sociales, culturales y medioambientales,
individuales o colectivos, han supuesto la exigencia de obligaciones de hacer
de los poderes públicos, es decir, otro modo de limitar su actuación.
Resulta por ello chocante que sean quienes ejercen
el poder público quienes en ocasiones hagan uso de esos derechos, no como
individuos, sino desde las propias instituciones. En ocasiones ha sucedido de
forma aparentemente inocente; los gobernantes (estatales, autonómicos y
municipales) convocan manifestaciones o concentraciones contra el terrorismo,
una loable causa que en principio debiera ser secundada por toda la sociedad.
Luego se ha ampliado a otras situaciones igualmente metapartidistas como la
violencia de género o la lucha contra el hambre en el mundo. El caso es que se
ha hecho práctica habitual que las instituciones convoquen concentraciones a
las cuales acuden principalmente cargos políticos porque, buscando el prime
time de los medios de comunicación audiovisuales, se hacen en horas
laborables mientras la mayoría de los ciudadanos están en otras ocupaciones.
La cosa fue a mayores cuando el 11 de marzo de 2004
un Presidente del Gobierno convocó por su cuenta y riesgo una manifestación con
un lema de apoyo a la Constitución (que poco que tenía ver con lo que acababa
de pasar) y un evidente aunque frustrado interés en sacar provecho electoral. O
cuando otro gobierno, en este caso el foral, convocó en marzo de 2007 con cargo
al erario público una manifestación en defensa de Navarra que al parecer estaba
siendo vendida por Zapatero a los terroristas (aunque visto lo sucedido después
parece que no había nada apalabrado porque al final quien ha acabado
suscribiendo el contrato de compraventa sobre la Comunidad Foral era quien
denunciaba la operación). Es decir, gobierno contra gobierno.
Resulta así que estas técnicas tan básicas en la
movilización política ya no se utilizan por los ciudadanos para controlar y
presionar al poder político, como parecía imponer la lógica de la democracia,
ni siquiera por los políticos y los partidos políticos para movilizar a los
ciudadanos y presionar sobre las instituciones, sino directamente por los
propios gobiernos. Nos asemejamos así a algo muy típico de los regímenes
autoritarios (sea en versión fascista, nazi, soviética, maoísta o talibán), que
la movilización de los ciudadanos se promueve desde el poder, en ocasiones
hasta convertirla en obligatoria, para presionar a sus oponentes.
Vengo pensando que evitar que lo que en inicio fue
instrumento de limitación del poder se convierta en instrumento del propio
poder político debiera llevar a introducir en la ley orgánica que regula el
derecho de reunión la prohibición de que las instituciones públicas convoquen a
manifestarse. Para eso ya están los ciudadanos, los partidos, los sindicatos,
las asociaciones de diverso tipo. En general, sería preciso que se concretase
qué derechos constitucionales pueden ser ejercidos también por entidades
públicas y en qué condiciones (como hace la ley orgánica del derecho de
asociación) y cuáles deben excluirlas. Aunque de algunas leyes se desprende
implícitamente que su ejercicio sólo puede realizarse por personas físicas
(derecho a la educación, derecho al honor) o sólo por personas privadas
(derecho de petición), en otras la cuestión debiera aclararse. Hay ya casos de
leyes que regulan derechos fundamentales que limitan su posible ejercicio por
quienes detentan determinadas potestades públicas; en España no se llega a
prohibir el sufragio de los funcionarios como en algunos países pero sí se
limita a través del régimen de inelegibilidades el derecho al sufragio pasivo
(aptitud para ser candidato) de una serie de cargos públicos para evitar que
puedan utilizar indebidamente sus potestades. O sin ir más lejos los miembros
de la Guardia Civil tienen prohibido organizar manifestaciones (no me parecen
más peligrosos a estos efectos los guardias que los gobernantes). También están
prohibidas las manifestaciones cerca de las sedes de las instituciones
parlamentarias cuando están reunidas para no presionar a los representantes del
pueblo; en justa contrapartida debiera prohibirse que los representantes puedan
convocar manifestaciones y presionen a los representados.
La última vuelta de tuerca del ejercicio de derechos políticos por quienes mandan la han protagonizado los miembros del Gobierno de Navarra. Recientemente han suscrito un manifiesto como “los abajo firmantes, Consejeros y Consejeras del Gobierno de Navarra” para defender y respaldar a su Presidente ante la opinión pública frente a los ”injustos y difamatorios ataques de que está siendo personalmente objeto por determinados periodistas, medios de comunicación y por cercanos políticos”. Parece que los miembros del ejecutivo foral han considerado necesario ejercer colectivamente su derecho a la libertad de expresión para hacer saber a los ciudadanos que respaldan por completo al Presidente que les ha designado y les mantiene en su cargo, por si se hubiera creado alguna alarma social al respecto. O quizás necesitaban hacérselo saber a quien tiene la capacidad discrecional de destituirlos en cualquier momento. En cualquier caso, llama la atención que los miembros de un gobierno necesiten seguir la senda de Marx y Engels en el “Manifiesto comunista” o de André Breton en el “Manifiesto surrealista” (mucho de surrealista tiene la iniciativa). Parece que no les es suficiente para comunicarse con la sociedad el Boletín Oficial de Navarra, el gabinete de prensa del Gobierno, los gabinetes de prensa de sus partidos, el lugar preferente que los medios de comunicación otorgan a sus ruedas de prensa, declaraciones y apariciones públicas, o el Parlamento de Navarra en el cual pueden comparecer cuando les plazca. Que se vean obligados a acudir a firmar manifiestos como cualquier hijo de vecino hace suponer que en el futuro puedan explorar otras formas de expresión política que hasta ahora creíamos reservadas a quienes carecen de mando. Quizás pronto les veamos acudir a la huelga (incluida la de hambre) o a encadenarse en sus despachos oficiales y a ordenar a sus propias fuerzas policiales que los desencadenen y los detengan como forma de obtener su minuto de telediario.
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